La ocupación de los terrenos en el barrio Las Heras fue un ensayo. Hay en marcha, en Mar del Plata, un programa de acción política cuyo objetivo es ir por la propiedad privada. Así lo denuncia María Eugenia Talerico.
En declaraciones a la FM 99.9, la ex número dos de la Unidad de Información Financiera señaló: «En Mar del Plata, todo lo que es usurpación de terrenos o los casos por trata de personas son parte de una estrategia para apoderarse de la propiedad privada. Mar del Plata es un centro de ensayo en ese sentido. El progresismo sin plata ataca la propiedad privada. Mucho cuidado en Mar del Plata, porque hay que derrotar al kirchnerismo».
La reacción de la comunidad ante lo que estaba pasando en el predio de OSSE fue lenta. Si no fuera por la detallada documentación que los técnicos de la empresa aportaron al expediente, la toma quizás se hubiera consolidado, o llevado a situaciones de violencia —son su correspondiente usufructo político—. Es curioso que no se aprenda de lo vivido. Actores de la justicia tanto federal como provincial, así como actores eclesiales, son concurrentes en una visión comunista del poder y sus usos.
A favor de los «derechos» de los okupas, apareció el variopinto conjunto que articulan Daniel Barragán de la Defensoría del Pueblo, la APDH local —un sello ya ni de goma— y hasta la mamá de Lucía Pérez. Como suele decirse, «WhatsApp Marcos Paz». Un conjunto de opinadores ideológicos que jamás le han solucionado un solo problema a nadie.
Y ahí, pegadita, la Iglesia Católica, representada por el párroco Héctor Díaz. El Padre Chobi —su nom de guerre— fue el ariete discursivo cotidiano que se afanó en la constante obra de demolición de la intendencia de Carlos Fernando Arroyo, a través de acciones de recordada impostura como acusar a la administración de matar a la gente de hambre —«La gente en situación de calle muere por desidia»—o su recordado acting de rechazar donaciones de la empresa Pepsico por lo que señaló como una «brutal represión a los trabajadores». En la toma en el barrio Las Heras, su rol se blanqueó cuando le dio cobijo en la parroquia a un grupo de personas del cual, nada curiosamente, luego surge la «líder» de la toma. Así como Saúl Errandonea ignora la Constitución —que consagra el derecho a la propiedad privada—, y sale del paso sin costo alguno gracias a la decisión de la Camara Penal, que ordena la situación a derecho dejándole pasar el exabrupto legal de avalar la toma utilizando argumentos políticos, la Iglesia Católica actúa en igual sentido: unos, poniendo el verbo y la acción, y otros «meciendo la cuna».
Pero no hay que extrañarse: Jorge Bergoglio, desde lo alto del poder que da el papado, afirmó que el derecho a la propiedad es un «valor secundario», y afirmó que es mucho más importante el derecho universal a los bienes. Yo agregaría, en tanto éstos no sean propiedad de la Iglesia.
El intendente Guillermo Montenegro dijo en su defensa, ante las apreciaciones que hablan de la lentitud del municipio para actuar, que él «no vive dentro de un canelón». Le valdría tomar el aviso de María Eugenia Talerico: hay un riesgo enorme de que Mar del Plata se convierta en el campo de pruebas de una política comunista de apropiación de bienes.