Estas últimas fueron semanas intensas y complejas, entre la marcha de quienes fantasean con que está en riesgo la educación pública y gratuita en nuestro país, y el acallado escándalo de cómo se usan los fondos recaudados con la tasa municipal sobre los combustibles.
Que quede claro: la marcha por la universidad fue montada sobre mentiras y consignas políticas de izquierda, ya que nunca estuvo en riesgo la «Universidad Pública». Por otro lado, existe un debate en sordina por el uso de los recursos públicos, el cual la media amansada de la ciudad calla, pero que existe, tal como lo he expuesto en la edición precedente, en relación al primer contrato de reparación de asfaltos en la ciudad.
La congregación de voluntades en nuestra ciudad, al igual de lo que sucedió tanto en CABA como en otras urbes del país, reflejó la facilidad con la que la mentira hace lo suyo, ya que, tal como señala el sexto principio del decálogo de Goebbels, llamado «principio de orquestación»: «la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas». De aquí viene también la famosa frase: «Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad».
Y lo que convirtieron en «verdad» —de manera meramente transitoria— era que el gobierno de Javier Gerardo Milei buscaba cerrar las universidades públicas. No, de lo que se trata, es de controlar el gasto público, ni más ni menos. El dinero que llega a las universidades, es producto del pago de impuestos al consumo. Lo pagan los que menos tienen, los que nunca van a llegar a la universidad. Ellos son los que mantienen a un sistema que no rinde cuentas y que genera estados de bienestar estatal para unos muy pocos.
En el caso de la UNMdP, le resolvió la vida a los ex militantes del PSP quienes, fracasados en la política, se refugiaron en la casa de altos estudios para hacerse su agosto. El rector, Alfredo Lazzeretti, cuenta con un auto oficial y un chofer para sus traslados, cual si fuera un pequeño emperador africano, o la versión socialista de Gildo Insfran. Amén de sostener —con fondos públicos, obviamente—, a una poco nutrida pero ávida de vivir sin trabajar y a cuenta del estado caterva de socios políticos. Fue por estos privilegios —y por otros, que aún están ocultos— que marcharon.
En lo que tiene que ver con el Estado municipal, éste logró imponer, con sus votos, la privatización del estacionamiento medido y trazó una raya eligiendo como enemigo al Sindicato de Empleados Municipales, que ha caído en la trampa de de regalarle a Montenegro una situación en donde se lo ve a él de manera positiva, rescatándolo del disgusto de sus propios votantes.
Pese a que la firma que cuestionó la primera licitación de obras financiadas con lo recaudado por la tasa a los combustibles sufrió un rechazo en primera instancia, ya ha recurrido a la Cámara y efectuado una enjundiosa presentación en el Tribunal de Cuentas con un fuerte título: «Acto ilegítimo de adjudicación con grave perjuicio fiscal».
No alcanza con decir que se trata de una opereta de Unión por la Patria, en esto hay un simiente que, tarde o temprano, obligará al pago de altos costos, tanto judiciales, como políticos.