Frente a una sociedad ansiosa de cambios —cuesten lo que cuesten—, algunos superdotados alumnos de las academias ILVEM salieron a manifestarse antes de que concluyera la cadena nacional.
Aún no había concluido la lectura del anuncio del decreto que pone en marcha un cambio de reglas en el contexto legal de la República Argentina que ya, en distintos puntos del país, y en Mar del Plata en particular, se hicieron sentir las cacerolas y hubo gente —en un número que no discutiré— que se lanzó a la calle a expresarse en contra.
Es una gran sorpresa la cantidad de alumnos exitosos que han surgido de las academias ILVEM de lectura rápida, entre ellos dirigentes sindicales, representantes de la izquierda limitada electoralmente, y un conjunto variopinto de empleados públicos a los que les beneficia un Estado autosatisfactivo.
Sería torpe pensar que el cambio que se propone no provocaría esta reacción: es un principio de la física —acción y reacción— que aplica a toda conducta humana. Lo llamativo, es la falta de pudor. Dirigentes que callaron durante cuatro años —la lista es tan larga, que dejo a consideración del lector su elaboración detallada— salieron a hablar de constitucionalidad, presentan amparos, y claman por la participación del Congreso.
No se los escuchó cuando Cristina Elisabeth Fernández lo cerró a cal y canto, salvo para actuar en función de sus propias necesidades personales. O ante la emisión criminal que llevó adelante Sergio Massa, quien destruyó el valor de la moneda nacional.
El dirigente mercantil Guillermo Bianchi —a quien este medio considera un distinto— salió a diferenciarse por todo lo alto, anunciando que el gobierno no tiene legitimidad de gestión.
¿Cómo debe interpretarse? Deberá el gobierno nacional —elegido con un número excepcionalmente alto de votos— preguntarle, antes de actuar, a Bianchi y a otros poderes corporativos al respecto de qué hacer, cómo y cuándo? ¿O es el anuncio de una caballada para voltear al gobierno? No lo veo en ese predicamento, pero debería explicarse.
Decirle a la sociedad que no es legítimo porque no fue al Congreso, es señalar que la Constitución reformada de 1994 es ilegítima e inconstitucional. Al día de asumir su nefasto gobierno, Alberto Fernández anuló por decreto la ley jubilatoria del gobierno de Mauricio Macri. Curioso: los aventajados alumnos de ILVEM no vieron allí nada ilegítimo. Ni de elección, ni de gestión.
Todo el cuerpo legal presentado surge del trabajo minucioso elaborado por un cuerpo de más de doscientos profesionales. Todas las normas puestas en jaque por el DNU son fruto del pacto corporativo entre los gremialistas y el gobierno de Juan Carlos Onganía en el período de 1966 a 1970, el cual fue fruto del pacto sindical-miliar que volteó al gobierno de Arturo Illia.
Se trata de la derogación de leyes de la dictadura lo que estos alumnos aventajados de las academias ILVEM denuncian, señalan, cuestionan y usan de causus belli para iniciar el camino de una chirinada golpista.