En 2019 publicamos, en la sección Malas Lenguas, dudas que surgían en la causa que investigaba una supuesta violación en manada ocurrida en el camping El Durazno, que ni la acusación fiscal, ni la familia de la menor denunciante, pudieron aclarar.
Lo publicado señalaba: «En la IPP que procura la fiscal Florencia Salas, declaró un joven de 18 años que aseveró haber tenido relaciones consensuadas con la menor de 14 años en horas previas a los hechos que motivaron la causa penal por lo acontecido en el camping de Miramar. El joven tiene una vinculación de amistad o familiar con la niña y su familia y compartían los días de las fiestas de fin de año. La declaración es muy precisa, y extraña cuando menos que su testimonial no haya sido suspendida para ofrecerle poner a su disposición el defensor oficial y continuarle tomado declaración como imputado. Las circunstancias relatadas impactan directamente en la evaluación de los análisis de semen y, por directa concurrencia, en la valoración criminosa de dicha prueba. Quienes siguen de cerca la causa no entienden cómo se mantiene la detención de cuando menos tres de los jóvenes —quienes están desvinculados de los hechos por declaraciones de sus amigos— y este actor confeso de mantener relaciones, se fue campante a su casa».
En el momento de los hechos, cinco jóvenes fueron detenidos, de los cuales sólo tres llegaron a juicio. Los acusados debieron pasar por el penal de Batán llevando a cuesta la acusación de ser violadores. La acusación del fiscal se mantuvo aún cuando la prueba clave, el ADN del semen, apuntó a sólo uno de los acusados. Aún habiendo sido declarados «no culpables», los medios alienados con la ideología sorora (sic) publicaron íntegros sus nombres. Eso sí, cuando el violador es de su grupo de pertenencia, el nombre se oculta para —sostienen— «no perjudicar a la víctima».
Así ocurre con un miembro de un grupo político de izquierda que ha sido denunciado y detenido por violar, sistemáticamente y por largo tiempo, a una menor, hija de su pareja. A pesar de que Miguel Ángel Barrionuevo fue denunciado y detenido por violar a una menor, ha gozado del beneficio de que los medios de la ciudad oculten su nombre, supuestamente para proteger a la niña. Más hipócrita, no se consigue.
Volviendo al caso del camping El Durazno, la reacción de la madre no va ayudar a la joven a entender la naturaleza de sus propios actos. La idea de llevar la causa ante cortes internacionales, con la intención de voltear un fallo de un juicio por jurados, sólo le hará más daño que el que ya sufre. No asumir los hechos es siempre un camino de penas auto infligidas.
Es necesario poner un alto en la repetición automática de consignas, y entender que los hechos son los que definen una acción y, de corresponder, su pena acorde.
Cuestionar sobre un resultado adverso, cuando se han recibido todas las garantías, argumentando que «Mar del Plata no está preparada para un juicio por jurados», expresa ira pero no cambia la naturaleza jurídica de los hechos.