Habiendo concluido las carnestolendas Ladrey, obedeciendo los pactos —escritos, o no, pero que existen—, buscan vender una ciudad controlada, con una respuesta a los asuntos públicos que, en realidad, no existe.
Hay un desmadre en tema de inseguridad que ya es palpable en cualquier barrio, periférico o no, y en las áreas más centrales de la ciudad: pungas, arrebatadores, escruchantes, entraderas y un estado de violencia sistemática contra la población civil.
El robo a la atleta marplatense Anahí Castaño, de profesión enfermera, revelado en el programa Marca Deportiva que se emite por la FM 99.9, trajo una vez más el centro de la atención pública sobre una situación diaria y recurrente: la de los criminales que circulan, a sus anchas, por todo el distrito.
A nadie parece importarle. No hay un plan. Nadie de la dirigencia se pronuncia. Es un tema que parece vedado en la discusión pública. El gobierno local, que llegó para instalar a la seguridad como el eje de su gestión, hace tiempo que se retiró del escenario. La dirigencia opositora calla porque sabe que, las responsabilidades reales, son del gobierno provincial. Los ciudadanos, mientras tanto, quedan librados a su suerte.
Pero esta anomia —que es casi una tormenta perfecta— es en realidad más abarcativa. El servicio de transportación pública, es municipal. Una responsabilidad de la comuna, la cual, por medio de concesiones, la entrega al capital privado. En tanto la provincia busca ordenar el valor tarifario, afectando a los usuarios de la línea 221, en la ciudad los actores políticos —léase: el intendente y los concejales—van a fundir a las empresas.
Según señaló la curul Mariana Romero (UCR), no está prevista una sesión del Concejo hasta, cuando menos, el 4 de marzo, con la apertura de las sesiones ordinarias. En tanto, la comuna no fija posición sobre el valor de la transportación pública y el deliberativo tampoco le entrega al intendente la potestad para hacerlo.
El concejal Guillermo Volponi dice, campechanamente: «Tenemos que velar por el servicio y porque la gente pueda usar el medio de transporte». Interesante expresión, porque, velar por la gente es que la gente pueda pagar el servicio, pero velar por el servicio es que la tarifa cumpla tres condiciones: proteger el capital invertido, sostener el patrimonio permitiendo la renovación de las unidades, y dar un mínimo de 7% anual de utilidad sobre el capital. Ninguna de estas situaciones se cumple.
Las empresas habían solicitado una tarifa de $700 a diciembre, con valores atrasados. Sin que haya definición alguna, la dinámica inflacionaria llevó a un nuevo pedido, que supera los $1.000 por tramo. Si bien la curva de la inflación —sostienen consultores y empresas de medición— está a la baja, nada indica que el tema del valor del litro de combustible no vaya a aumentar nuevamente.
Mientras tanto, los dirigentes siguen jugando con el capital ajeno adoptando políticas socialistas y fundiendo a las empresas, no sé ya si por incapacidad, o por un juego de intereses que, aún, no se manifiesta públicamente.