El final de año tomó en lo local un curso innecesariamente complicado. Y digo innecesariamente porque el cruce con los teatristas no es algo central que sirva para ordenar las cuentas de la ciudad, y se ha vuelto políticamente tóxico porque creó una cortina de humo que cubrió otros hechos que sí son nocivos para la salud municipal en 2018.
Es necesario ordenar el gasto público, desbordado por años de irresponsabilidad administrativa y política. Mourelle halló, al repasar el estado de las cuentas públicas, que hay, en excepciones al pago de tasas, la cifra de noventa y ocho millones de pesos anuales. Lo que hay es la necesidad de bajar el ritmo y ordenar las prioridades. No hacerlo significa vivir de choque en choque, casi a diario.
El anuncio de la baja al convenio de contribución para el funcionamiento de las patrullas policiales disparó una blitz del ministro de Seguridad Cristian Ritondo que ejecutaron los hombres de azul, lo cual dejó a la comuna sin guardia en el predio de disposición final (se solucionó porque la empresa recolectora se hizo cargo de pagar el costo), en los CAPS y establecimientos municipales, y le pegó un tiro al bolsillo de la comuna porque se dio la orden de que la policía local no hiciera más multas. Para medir el impacto y significado de la medida: en 2016 confeccionaron 20.000 multas, casi el doble que las de Tránsito.
El varapalo que le cayó a municipio por el dictamen de la justicia laboral de pagar salarios de octubre a funcionarios municipales no pudo ser peor. Los jueces de Trabajo hicieron causa común para sacralizar el cobro de salarios por parte de los integrantes del secretariado gremial. Marcelo Cardoso, el reclamante, estaba de vacaciones en Europa cuando el Tribunal de Trabajo 4 exigió el pago inmediato del salario de octubre. El fallo es tan espantoso que nadie sabe aún si hay que ir en apelación a la Corte o a la Cámara Civil.
Nada de esto es comparable con el fallo del contencioso administrativo que demolió la multa aplicada a la empresa 9 de Julio por cifra millonaria, equivalente al cincuenta por ciento del monto mensual del contrato. El fallo habla claramente de irracionabilidad y fallos garrafales en el procedimiento administrativo: es una carga enorme que debería reflexionarse, hacer un impasse y tomar un camino de cambio consensuado internamente.
Es oportuno que MDP tenga un economista a cargo de la hacienda pública. Metió dos bochazos: llevó a que los dirigentes municipales, para percibir el salario, tengan que ir a trabajar, y al convenio con TyC a cifras elocuentes para el interés del erario público. Sin embargo hay interrogantes en la relación con la Gobernación, y sobre todo por la comunicación entre Mourelle y la ciudad de las diagonales. El secretario de Hacienda iba en ritmo de crucero para concretar la TSU a los teatristas, pero se cruzó mal y ahora ha sido desautorizado por la propia Gobernadora, que además se lo hizo saber por los medios. No fue un mensaje cauto y reservado, sino para los oídos de todos y de manera brutal: “No estoy de acuerdo con cobrar la tasa a los teatros, y espero que el Concejo no lo vote”. Para ser “el hombre de Lacunza en Mar del Plata” y tener línea directa con La Plata, lo tratan bastante mal.