Era de suyo que, en el ámbito provincial, no iba a pasar nada con la fundamentada denuncia que pone a Nara Salomón en la picota pública por utilizar una orga política para quedarse de muy mal modo con parte de lo que la gente cobra por sus planes sociales.
Fabián Uriel Fernández Garello es un apparátchik del sistema de tribus del PJ. No está para procurar por la verdad y combatir el crimen: su rol ha sido, y es, proteger a los políticos vinculados o pertenecientes al esquema de poder que circula en la provincia, gestionando el agotamiento de los tiempos judiciales o negando razones para, efectivamente, querellar a quienes, con vinculaciones políticas, cometen delitos.
Un caso claro fue la prescripción de la causa que inició el fiscal Gustavo Blanco por enriquecimiento ilícito contra el ex intendente, y hoy diputado provincial, Gustavo Arnaldo Pulti. La causa, lisa y llanamente, prescribió. El día en que los abogados de Cospelito fueron a notificarse, un integrante de la fiscalía los felicitó por su trabajo profesional, ante lo que le respondieron: «¿Nuestro trabajo? El de ustedes, que no hicieron nada. Nosotros, sólo contábamos los días».
Ni qué decir de las denuncias contra el jefe distrital, José Luis Segovia. Hay una denuncia que data del 2022 en la Fiscalía 10 durmiendo en algún cajón, mientras se devoran el expediente las polillas.
Era obvio que Garello no iba a permitir que la investigación basada en la denuncia que aúpa la diputada provincial Sofía Pomponio encontrara destino alguno en esta jurisdicción. Los Salomón, el papá Luis y su hija Nara, están a salvo en el fuero provincial.
Pomponio advirtió en los medios que sumaría más casos y nuevas denuncias. La primera cayó en el turno de la feria que cubrían los fiscales de drogas. Es obvio que ni el fiscal Leandro Favaro ni su coequiper, la fiscal Daniela Ledesma, han aprobado siquiera las lecciones más básicas de derecho, y aún así ejercen como fiscales. Y señalo que no deben haber aprobado ni una materia porque si no, no se entiende cómo es que les llevó más de veinte días hábiles declinar la competencia y alegar que ésta le corresponde al fuero federal.
Y eso que la propia Pomponio habló con Garello, quien le pidió, de manera expresa, que le bajara los decibeles a la exposición mediática del tema para «no afectar la investigación». El fiscal general llegó incluso a indicar que, publicar este tema en los medios, alertaría a Nara Salomón y que eso podría perjudicar las escuchas telefónicas. Mirá vos.
Según hemos establecido, Garello pidió, específicamente, que no se hable en los medios a la espera de cumplimentar acciones de escucha para así, acreditar más y mejor prueba. Pero sólo era dejar correr mientras contaban los días, y ganaban tiempo. Parece que es de estilo.