El operativo dirigido por el fiscal Fabián Uriel Fernández Garello en el Departamento Descentralizado “El Gaucho” -que resultó en la detención de 17 municipales en una causa que involucra hasta a 25 personas- es, por mucho, el hecho más relevante de corrupción cuyo actor principal es el municipio de General Pueyrredón.
Es éste un caso que despierta demasiados interrogantes y preguntas; en la superficie, una acción que la sociedad debe aplaudir. Cómo no. Era un secreto a voces que se manipulaban los turnos para colocar al vecino en la posición de buscar una salida ante la repetida situación de que los turnos para el trámite de renovación de carnet de conducir se otorgaban en fecha posterior a su vencimiento. Tan rutinaria era la práctica, que el propio Garello tuvo que atravesar por esa situación. El 15 de abril de 2013 (hace prácticamente un año) se publicaba: “El abogado Fabián Driussi presentó una acción de amparo en favor del fiscal general Fabián Fernández Garello, ya que el municipio le daba a su cliente una fecha para renovar el carnet de conducir posterior al vencimiento”. Decía Driussi: “Yo inicié una acción de amparo patrocinando al Dr. Fernández Garello porque su registro de conducir se le vencía el 11 de marzo de 2013. Cuando saca turno para la renovación, le dan para un día posterior a la fecha de vencimiento”.
Driussi fue muy explicito en su afán de dar a conocer la acción y la impronta del fiscal general. Así, sostuvo que “en todos los centros habilitados para otorgar la licencia le daban una fecha posterior. Por ello nosotros hicimos una acción de amparo, porque se estaban cercenando derechos constitucionales. Pedimos una medida cautelar porque si no mi cliente tenía que dejar de conducir”.
Garello puso en marcha la maquinaria legal, que funcionó a su favor, como bien dio a conocer su abogado al revelar que “como consecuencia de la medida, Garello está autorizado a circular por todo el país a pesar de que está vencido el registro. La Municipalidad ofreció solucionar el tema en forma inmediata: hubo una audiencia de conciliación, pero mi cliente no aceptó. Es un funcionario judicial, y no queda bien que le otorguen una vía de excepción y le concedan la posibilidad de renovar el registro”. No queda claro si a partir de allí el propio Garello decidió iniciar la investigación que, según señaló, había llevado un año de instrucción por parte de la fiscal Lorena Irigoyen -hasta ahora, actor mudo de toda mudez en este asunto-.
Hay de suyo un interrogante: los funcionarios judiciales conocían la maniobra del área de Tránsito municipal, y dejaron que la misma prosperara en todo este tiempo. ¿Por qué? Es, cuando menos, un interrogante válido, porque hay consecuencias penales claras por este accionar negligente.
Garello, quien ha estado activo en los medios dando su versión de la historia, habla de la “cooperación” del intendente Gustavo Arnaldo Pulti y sus funcionarios. Ahora, ¿cómo es que no hay registro público que señale el carácter de particular damnificado de la comuna, algo que cualquier abogado sabe debería hacerse, aun cuando sólo fuera por cuidar las formas?
Garello ha señalado que entre lo que el decir popular señala como que “todos saben” y la constitución de un plexo probatorio, “hay un puente que cruzar”. Es cierto. Pero ¿lleva un año reunir las pruebas de algo que ocurría de lunes a viernes a vista y paciencia de todos?
O son muy incapaces, o algo ocurre, que por ahora está oculto a la vista del ciudadano de a pie. Me llevó 15 minutos durante el programa del miércoles 8 próximo pasado saber que el auto en el que atendía quien generaba el trámite paralelo para los sin turno y otros inconvenientes para acceder a un carnet de conducir era un Renault 19 gris chapa patente BCT 692, perteneciente a Daniel Eduardo Celano. A Garello y sus fiscales les llevó un año. Algo no está claro: el puente de Garello es demasiado largo y lejano.
