Hace unos días participé en una reunión la cual —gastronomía de por medio— habilitó a una larga charla política en la que participó un invitado que juega en las grandes ligas nacionales. Un vecino comerciante presente soltó —con gran entusiasmo—: «Guillermo me gusta, porque va al frente y no se deja presionar por la mafia de los taxistas».
El caballero en cuestión, luego de otros párrafos de enjundiosa admiración por el intendente, me preguntó por mi posición al respecto. La respuesta que recibió es similar a lo que paso a exponer en estas líneas.
No ha nada que se parezca, que tenga característica de «mafia» relacionado con el servicio de taxis en Mar del Plata. Son términos que se usan con una gran liviandad. Sí se trata de una actividad que —como otras tantas— está inficionada por el escenario general en el cual, la señal del poder, es que la violencia es consentida.
No necesito explicar, sólo citar, que siempre he reclamado por la vigencia de la Constitución de las buenas formas tanto de actitud como de procedimiento, alejadas del uso de toda y cualquier tipo de violencia cuando se trata de resolver la conflictividad social. Pero en nuestro país, y en particular en Mar del Plata, estas demostraciones de fuerza están en la práctica legitimadas por un servicio de justicia que constantemente tolera y apaña la violencia protestataria.
En el caso de los taxistas y remiseros, aplica perfectamente el axioma que dice que «la violencia de los de arriba provoca la violencia de los de abajo». Una de las razones del creciente malestar, es el acta de compromiso que, en el Hotel Ostende, había firmado Montenegro con las organizaciones de taxistas, remiseros y remises rurales el día 15 de octubre de 2019 comprometiéndose a que ninguna de estas plataformas sería habilitada en el partido de General Puerredon. No se trata meramente de su «palabra»: se trata de un compromiso por escrito.
En ese momento lo que se buscaba, era emparejar la cancha con Carlos Fernando Arroyo, quien creó e impulsó la ordenanza —votada por todos los bloques políticos— que inhabilitó legalmente los esquemas de las Apps de transporte en la ciudad. ¿Qué cambió? Ese es el gran interrogante.
A los prestadores de servicio de transporte clásicos les juega en contra la cancha inclinada: en líneas generales, la sociedad en bloque los detesta. Eso sí: en cuento se baja a lo cercano, siempre alguien tiene un taxista o remisero que es amigo, pariente o vecino. Ahí, en el uno a uno, la generalización se cae. Hay demasiada hipocresía.
El servicio viene mal, eso es un hecho. No se arregla de prepo, a lo guapo, como le gusta al vecino admirador del jefe municipal. Quien, por cierto, detesta al kircherismo justamente por sus modos brutales, pero parece que su rechazo sólo afecta aquello que le toca lo propio.
El poder en democracia se ejerce con firmeza, sin afectismos verbales, y evitando siempre demonizar al otro; por muy distantes que sean los puntos de vista, y sin importar cuáles sean los intereses en juego.