En la administración de General Pueyrredón dos funcionarios han sido relevados de sus cargos: Dario Oroquieta, en Seguridad, y Elisa Ferrara en Inspección General. Simple: se fueron luego de un año de percibir altos salarios, y sin haber brindado nunca, a cambio, el servicio que se esperaba por parte de ellos a los contribuyentes.
Insólitamente, se parte de un cargo y no se rinden cuentas. El secretario del Juzgado Federal Nº2 de Mar del Plata, Rodolfo Pradas, está de licencia en el marco de las disposiciones en pandemia, desde el inicio de la cuarenterna. Ergo, no trabaja, y hace “home office”. Muy sofisticado. No obstante, sí ha tenido tiempo para incursionar en el negocio de la gastronomía en Balcarce, invirtiendo en el café del Museo Fangio. Allí, en la serrana localidad, es celebrado como un “dador de trabajo”.
Según consta en los medios de Balcarce, en sus propias palabras, recibió “500 curriculum” para dar paso a la selección de personal. En una sencilla mesa, sin otra protección que el barbijo, Pradas recibió a la gente que buscaba empleo y se sintió a sus anchas con el protagonismo que ama intensamente.
Unos, en la administración comunal. El otro, en el servicio de justicia federal. Nadie rinde cuentas. Ni el tribunal de cuentas le pide razones de su “no hacer” a Oroquieta y Ferrara, ni la Cámara Federal, integrada por Alejandro Tazza y Eduardo Pablo Jiménez, parecen advertir que tamaña irregularidad se comete ante sus narices. Santiago Inchausti no puede ignorar lo que ocurre. ¿Por qué calla? ¿Qué pactos se cuecen ante las narices de la sociedad?
En nuestro orden institucional, el control de las acciones municipales está bajo la cuerda del Tribunal de Cuentas. Si lo cerraran, le harían un favor al contribuyente. Sólo sirve para que dos familias vivan una muy buena vida a nuestra costa. En el orden judicial, el control de la cámara federal es inexistente. Solo así se explica la impunidad de Rodolfo Pradas.
Es obvio que esto tiene que ver con las personas, no con las instituciones. Es cierto que la matriz del desquicio es una cultura de la apropiación de la renta pública y la ausencia de decoro, ya que ni siquiera hay castigo social. Oroquieta, Ferrara, Pradas, no son exclusivos. En todo caso, como en todo experimento, son sólo una muestra de lo que ocurre.
Ejemplo máximo de toda esta estulticia fue el debut para la temporada 20/21 del REBA provincial. Llegaron en patota sin decir “agua va” y se lanzaron a recaudar, como quedó expuesto. En 2017 expuse en este medio, claramente, que funcionaban como una maquinaria de extorsión (Leer: Desorientados) Todos callaron, y la maquina siguió funcionado.
No alcanza con palabras delicadas. Defender al vecino, es defender al contribuyente. La antigua figura del Virreinato, “el juicio de residencia”, era más efectivo que estas instituciones saqueadas de hoy.