La intendencia de Carlos Fernando Arroyo sufrió el fuego granado por parte de la media local ya desde el mismo inicio de su campaña proselitista. Quienes se sumaron a su gabinete fueron puestos diariamente en tela de juicio utilizando los modos más bajos y arbitrarios, con conductas propias de regímenes autoritarios.
Cada intento por parte de dicha administración de cambiar el orden impuesto tras años de rapiña al Estado fue contestado de acuerdo al precepto «Goebbeliano» de orquestar campañas de desprestigio que deformaran la percepción de los hechos, construyendo así una realidad en paralelo.
En concreto, la aplicación del primer concepto del decálogo de Goebbels se pudo notar cada día durante los cuatro años de su mandato: «Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único Símbolo; Individualizar al adversario en un único enemigo». Por determinación de Florencio Aldrey Iglesias, cada acción de comunicación al respecto del gobierno de Arroyo fue sometida a la práctica de este procedimiento por parte de su empleado, Marcelo Pasetti.
Otro precepto, hartamente usado por La Capital fue el cuarto: «Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave». Un ejemplo claro fue lo ocurrido en torno al proyecto que pretendía darle lugar a un escenario de competencia en Playa Grande, permitiendo que los concesionarios del sector de cocheras abrieran un lugar de comidas y disfrute nocturno. Impulsada por el concesionario Sergio Goransky —(a) «el mono»—, se inició una feroz blitz judicial y mediática que tomó como principal punto de choque a los abogados Gustavo Gil de Muro y Alejandro Vicente.
Ellos fueron el principal foco de una campaña que llegó a un nivel de tropelía feroz la cual, ha quedado demostrado, estuvo preñada de mentiras en carácter serial. Un fallo de primera instancia, refrendado por la Cámara Civil con la firma de los jueces Alfredo Méndez y Rodrigo Cataldo ordena ampliar el criterio de derecho a réplica y obliga al diario La Capital a publicar una rectificación de la noticia aparecida en dicho medio el día 25 de mayo de 2020 en donde se señalaba que los doctores Gustavo Gil de Muro y Alejandro Vicente, tras prestar declaración testimonial en una causa judicial, habían incriminado penalmente al exintendente Carlos Fernando Arroyo, lo cual dista notoria y radicalmente de lo que habían expresado los letrados accionantes en la oportunidad de sus declaraciones en sede judicial.
La sentencia, que abunda en conceptos de derecho constitucional y preceptos relacionados a la libertada de expresión, dice: «Diario La Capital de Mar del Plata deberá publicar al inicio del sitio web de noticias y en la página nº5 de su edición en formato papel, en espacio destacado, por el plazo de cuatro días, en forma ininterrumpida, que por disposición judicial “se procede a conceder a los doctores Jorge Alejandro Vicente y Gustavo Gil de Muro el derecho a réplica que les corresponde por las informaciones inexactas y/o agraviantes contenidas en las publicaciones de este medio de fecha 19/02/2020 (“Varios ex funcionarios de Carlos Arroyo arrancan desfile ante la Justicia y la vuelta de Vidal a la ciudad con perfil bajo”), 12/03/2020 (“Playa Grande: Declaró Gil de Muro y “desapareció” el cuerpo de un expediente” ) y 18/05/2020 (“Dos ex funcionarios de Arroyo, de eludir las protestas a manifestarse en Tribunales”)».
Mejor que regalar whisky japonés para que haya silencio mediático, es pervivir por la verdad. Sea justicia.