Los trágicos hechos ocurridos en el contexto del truncado partido Gimnasia-Boca no son sólo un fruto malicioso del destino, sino la consecuencia de un estado de las cosas que se inicia en la gobernación de la provincia, que atraviesa el Ministerio de Seguridad y llega a toda la estructura de mandos de la policía de la provincia de Buenos Aires.
Osvaldo Barreneche, en su libro «De brava a dura. Policía de la Provincia de Buenos Aires. Una historia.» describe en su visión sobre la historia de esta institución desde 1930 a 1973, tomando como eje el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. En dicho texto señala: «una policía que la política y la sociedad bonaerense habían forjado desde mucho tiempo atrás».
Porque el problema no es «la policía». El problema es el poder político que forja una nueva policía de acuerdo a la necesidad del momento y a sus valores. Bajo la gobernación de Axel Kicillof y la conducción de Sergio Berni, la policía de la provincia está en un estado de anomia absoluta, y se ha convertido en un territorio en manos de atrevidos y forajidos.
Los funcionarios policiales están sometidos a un régimen de trabajo tenebroso, con jefes corruptos que sólo piensan en recaudar. No brilla el más eficaz, sino el que más recauda. Los agentes sufren régimen laboral inhumano que lleva a la muerte por agotamiento, como pasó con los oficiales Daniel Ramírez y Osvaldo López, que servían en comando motorizado de La Matanza. Su muerte llevó a un acuartelamiento al que no se plegó nadie y del que poco o nada se ha dicho en los medios. Ni que hablar de la dirigencia, que les dan a Kicillof y a Berni un bill de indemnidad que asombra. Formalmente, luego de los hechos tenebrosos ocurridos en el estadio plántense, piden interpelaciones que nunca van a ocurrir. Y, si lo hacen, no pasarán de ser un mero acting.
En Mar del Plata, la denuncia por las vejaciones sufridas por dos menores a manos de los funcionarios de la bonaerense Jonathan Cabrera, Vanesa Cano y Ariel Estévez Pitrau —con quienes también se encontraba Micaela Estigarribia, quien quedó desvinculada del hecho luego de declarar— son motivo de atención en nuestra comunidad. Pero hay en esta historia aspectos que aún no se conocen y que deberían llamar la atención tanto del fiscal Juan Pablo Lodola, como de la jueza de garantías, Rosa Frendes:
Está establecido que, antes de estar a derecho ante la fiscalía, los cuatro agentes fueron llevados a la Departamental Mar del Plata en donde recibieron consejos sobre cómo proceder por parte del jefe departamental, José Luis Segovia, y su alter ego, el súper intendente Marcelo Larroca, así como del comisario de la seccional sexta Diego Tissera, quienes les indicaron amablemente que «estas cosas pasan» y que se mantengan en silencio.
La voluntad de Estigarribia, quien buscó impedir el deplorable proceder de sus tres compañeros para con los menores ha puesto todo sobre blanco: nada de esto ocurriría si, en vez de buenos recaudadores, se buscara tener en la provincia de Buenos Aires un cuerpo de seguridad conformado por buenos servidores públicos.