Cada día tiene mil horas, y los desafíos y temas pendientes implican una agenda que se reescribe una y mil veces.
El ex intendente GAP buscó hacer campaña hablando de la agenda nueva de Mar del Plata a la par que anunciaba la agenda nueva, que nunca tuvo formato ni propósito, ni siquiera llegó a ser un eslogan. Parte de la agenda vieja es la disposición final de residuos, que año tras año no es más que un basurero al que de modo elusivo y amable se le llama “predio de disposición final”. Nada de lo hecho en estos años ha sido en la búsqueda del bien mayor. La aplicación del programa GIRSU (Gestión Integral de Residuos Urbanos) es una estafa a la fe y a la hacienda pública, que aquí en nuestra ciudad tiene actores claramente identificables. El juez Claudio Bonadío tiene sometidos por este tema a proceso penal a los ex jefes de gabinete Aníbal Fernández, Jorge Milton Capitanich y Juan Manuel Abal Medina. La investigación está basada en un dictamen de la Auditoría General de la Nación, y tiene un calendario de indagatorias a 90 intendentes, a algunos en funciones y otros con mandato cumplido, como es el caso de Mar del Plata.
Según se señala en el diario La Nación, la investigación apunta hacia los intendentes, algo que Capitanich, al presentarse ante Bonadío, abonó. El 1º de noviembre dejó un escrito y planteó que los “responsables” de la ejecución fueron los jefes municipales. La Jefatura de Gabinete era responsable de la transferencia de fondos. Entre 2013 y 2015, Ambiente era una secretaría que dependía de la Jefatura de Gabinete. Capitanich fue ministro coordinador entre noviembre de 2013 y febrero de 2015. En 2014, según determinó una auditoría que realizaron Ambiente y la Sigen, se giraron $ 275.065.082 a 64 municipios, de los cuales 49 eran de Chaco, provincia que gobernó Capitanich, actual intendente de Resistencia. El 29,4% de los fondos totales del programa fue a municipios chaqueños.
Este lunes 26, el Ejecutivo envía un requerimiento para declarar la emergencia ambiental y poder definir una solución que cubra el lapso entre el fin de la operación a manos de TECSAN —empresa del Grupo Roggio— y el llamado a licitación a un nuevo operador. En las pasadas horas, declaraciones de curules de AM y el PJ -travestido de Unidad Ciudadana- buscan colocar en los hombros de la actual administración las responsabilidades por la situación que, está claro, forman parte de la agenda vieja y repetida, en el contexto de la cual muchos de estos concejales, por su propio bien y decoro, deberían guardar conveniente silencio; en particular los de Acción Marplatense, que pontifican y critican como si fueran unos recién llegados al problema.
Las presiones de la OPDS, la jugada acusatoria en el multi Aldrey, mintiendo descaradamente, hablan de que la naturaleza de la consigna “Cambiemos” es un propósito altruista, pero no implica que el cambio haya ocurrido aún. La reunión entre Federico Salvai y Juan Manuel Abal Medina de hace dos semanas en la Casa de la provincia de Buenos Aires en CABA, entre sombras y fuera de agenda, es dato relevante de ello.