Va de suyo que de todo el set de precios relativos que conforman la economía en Mar del Plata hay uno solo que conmueve a la clase política en sus distintas manifestaciones -concejales, vecinalistas, ONGs, organizaciones estudiantiles-: el boleto de colectivo. No es un fenómeno exclusivamente marplatense, pero en nuestra comunidad adquiere ribetes asombrosos.
Dos personas a las que respeto se sumaron a la miríada de decires sin sentido común sobre el aumento de este insumo básico de la economía personal y familiar, que envió recientemente al Concejo Deliberante para su aprobación el intendente Pulti: Emiliano Giri, que desde las redes sociales expresó dubitativo si no habrá llegado la hora de hablar de una empresa mixta de transporte, y el ex concejal Guillermo Schütrumpf, quien se apuró en señalar que le parecía “inconveniente” que la UCR validara tan rápidamente el aumento de marras.
Vaya como ilustración: el transporte público de pasajeros en Mar del Plata es de hecho una empresa mixta. Los colectiveros son dueños de las unidades, proveen este servicio público que es municipal y está, como cualquier medianamente advertido puede entender, concesionado. Entonces, es una empresa mixta en la cual el Estado regula todas las variables del servicio, como frecuencias, tiempo de servicio de cada unidad (máximo 7 años), establece penalidades por incumplimientos y puede, incluso, caducar las concesiones por irregularidades graves.
Que la pérdida de vigencia de la concesión no ocurra, que las frecuencias establecidas no se cumplan -con todos los reclamos que ello conlleva-, que no se conozcan las sanciones por esta u otra situación atribuible a una buena gestión del servicio, es responsabilidad de la gestión comunal, que no controla como debe. Cada unidad tiene GPS, por lo que la Dirección de Transporte está en condiciones de determinar en tiempo real los términos de cumplimiento o no del servicio. Pero no lo hace, con lo cual es fácil advertir que se está incurriendo en un evidente incumplimiento de los deberes de funcionario público.
No es tan difícil el tema, pero se presta para que cualquiera abra la boca para algo más que para bostezar. El caso del ex concejal Schütrumpf es curioso, curiosísimo. Integra la agrupación Libres del Sur, que lleva adelante el Índice Barrial de Precios. Tiene información de primera mano, que revela que el aumento solicitado es menor al promedio del aumento general de precios de la canasta básica.
El valor del precio de la transportación pública se establece sobre la base de una fórmula llamada “promedio pasajero kilometro” (PPK), que resulta de analizar la cantidad de pasajeros transportados por los kilómetros recorridos por cada unidad que brinda el servicio. El análisis incluye valorar en el promedio la fluctuación entre los pasajeros transportados en horas pico y horas no pico; de allí sale la tarifa, que no es más que otro precio en el set total de precios del costo de vida. El aumento del boleto no es una maldad recurrente, sino otra consecuencia inevitable de un proceso inflacionario malicioso que paga toda la sociedad argentina. Pero es la cuestión política la que lo mancha una y otra vez, volviéndolo malicioso.
Por décadas los actores públicos de la ciudad han hecho como que les importa el presente y destino de la gente, montándose caprichosa e irreflexivamente sobre este tema sensible. Gustavo Arnaldo Pulti se opuso, en sus 18 años como concejal, a cada aumento de boleto. Hoy no quiere hacerse cargo de sus responsabilidades como intendente, arguyendo que el Concejo no propone nada. Es que el Concejo no tiene nada que proponer. Es una responsabilidad del Ejecutivo fijar la tarifa como concedente del sistema. Si funcionara tal como debería el área de Transporte comunal, tendría (porque debe) todos los elementos para fijar la tarifa seria y responsablemente, sin pirotecnia verbal ni actitud maliciosa. Nada de eso que dan en llamar “hacer política”.
