Lo que ocurrió no es nuevo: la mafia cuida sus negocios aupada por la miseria mediática de la ciudad que lidera el anciano de Lugo por medio de su escriba Marcelo Pasetti. Lo otro, lo que se copia y se pega, es un demérito que abarca a medios tradicionales y digitales, que no pueden discernir su propio rol.
Los actores involucrados en el nuevo cierre del predio de disposición final son harto conocidos: Jorge Trujillo y su hermano César —ambos ex “buches” del Batallón de Inteligencia 601 junto con su líder, Gerardo Martínez, quien era numerario de dicho batallón—, más el auténtico jefe de la mafia de Camioneros en Mar del Plata Juan Vargas, mano derecha de Eva Moyano, quienes cuestionan y reclaman la renuncia del intendente ante el silencio ominoso de la política de la ciudad y la mirada distraída de la Provincia, entretenida en cómo la Gobernadora compra juguetes para Reyes en Pinamar.
Obvio que todos se sirven de la mesa tendida que implica actuar ante la mafia sin plan de contingencia y minimizando, por entender que la causa es justa, el impacto que esta organización mafiosa puede provocar. No se puede dejar de señalar al actor central de esta chirinada, cuyo objetivo es limar al actual intendente y mantener el esquema de beneficios que implica este negocio devenido en negociado: el grupo Benito Roggio, controlante de Tecsan, la empresa a la cual se le caducó el contrato y logró extorsivamente obtener una prórroga del mismo hasta marzo.
Que Juan Vargas le dedique un agradecimiento a la gobernadora Vidal por haber actuado para lograr un acuerdo, que Jorge Trujillo diga “lloré al firmar el acuerdo que mantiene el trabajo de 50 compañeros” y que se publique sin más, como si de verdades de puño se tratase, es todo un dato de la impunidad construida por estos actores económicos. Todo ocurre con el retintín de la detención en Uruguay de Marcelo Balcedo, secretario general del SOEME, habiéndosele hallado hasta ahora un patrimonio de cuando menos diez millones de dólares, y la investigación que cerca a Pablo Moyano, que levanta su polvareda.
La comuna, en estas 96 horas de oprobio, no tuvo respuesta. Calló, lo que es igual a conceder de plano todo el disparate lanzado por La Capital y la mafiosa cadena digital. Hizo silencio el titular del EMSUR, Eduardo Leitao. Hizo silencio el secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, y las presiones del impresentable Joaquín de la Torre, que opera en línea con Marcelo Pasetti, impidieron finalmente una conferencia de prensa, aludiendo que había que garantizar la paz social y evitar que recrudezca el conflicto.
Es negativo para la ciudad que la mafia tenga voz como la tiene, argumentando conveniencias políticas que sólo sirven para esmerilar al intendente. A Carlos Fernando Arroyo no le funciona bien el manejo de la ironía: quedó claro en su frase referida a enviar una chica bonita para convencer a los empresarios de invertir en la ciudad, una zoncera que también se amplificó exponencialmente. Pero presionar como presionó De la Torre diciendo que si había conferencia de prensa no salía el acuerdo del Ministerio de Trabajo y se retomaba la recolección, es claramente el cierre de una operación mafiosa de la peor carnadura. Deberían prestar más atención: a la mafia se la enfrenta no con buenas intenciones, se la enfrenta con estrategia, inteligencia operativa y comunicación planificada. Lo contrario se paga muy caro.