El ataque a la casa de la vecinalista María Inés Benítez tiene peculiaridades llamativas. La balacera se produce a la una de la madrugada del día después de que la dama en cuestión hablara ante el Concejo Deliberante. Benítez describe el suceso con capacidad técnica: “Mi casa fue baleada por seis impactos de 9 milímetros y 3 escopetazos, ¿así se organizan para matarnos?”.
Increíble que tenga tan claro el calibre de las armas utilizadas, algo que no pareció llamar la atención de nadie, específicamente del fiscal Leandro Arévalo. El día que Benítez expuso ante el Concejo Deliberante, lo hizo todo el arco de izquierda que opera activamente en el sur del partido de General Pueyrredon. Los dichos de la señora no difieren de los dichos de sus compañeros de ruta, apañados en formatos operativos de activistas profesionales.
Interrogante: ¿Por qué atentar contra Benítez, y no molestarse con el resto? Todos fueron por lo mismo, de consuno con los curules del Frente de Algunos Todos, a saber: no a la concesión por treinta años, no a la concesión en manos de un sólo operador, no a la fijación de tarifa según el modelo propuesto. Nada diferente o peligroso para los actores económicos en juego.
Entonces, ¿por qué desarrajar tiros al frente de la casa de Benítez? El interrogante está abierto, máxime si se lee el acta judicial en donde la señora declara y apunta a José Manuel López, presidente del Foro de Seguridad, con el cual mantiene diferencias. Diferencias, que comparte con Rodolfo Iriart, quien luego de su paso por el área de seguridad se sigue involucrando a punto tal, de atribuirse el cambio en la Jefatura Departamental que llevó a José Segovia a ser el titular, provocando la caída de Lucio Pintos de dicha jerarquía.
Claramente hay una situación de intereses políticos enfrentados entre José Manuel López, Rodolfo Iriart, y María Inés Benítez. Es interesante que en su declaración, Benítez brinda datos que asevera le llegan de grupos de WhatsApp una y otra vez. Quizá sería hora de hacer peritajes, a ver quién despliega datos, lugares y fechas de reuniones que la afectada señala, según terceros, se realizan en la sede de la UTA local.
La imagen de la camioneta blanca Chevrolet S10 que se distribuyó en los medios fue reconocida por Juan Inza. La camioneta está tomada de un lateral, y es imposible establecer su patente. Cuando menos, en esa imagen. Fue el propio Juan Inza el que la llamó a Benítez para decirle: “mirá, esa camioneta esta a mi nombre, pero te digo que nada que ver”. Dichos de la propia afectada.
De ahí en más, hay una construcción compleja. Hay operadores políticos pidiendo acciones judiciales. Hablo con conocimiento directo: charlas en off en donde se pedía influir para que se aceptaran responsabilidades. El decisorio del fiscal Arévalo no es jurídico, es político. Si tira de los hilos, hallará una verdad que es compleja: gente que olía una fiesta de millones, pero de la que estaban afuera.
Buscaron entrar a los tiros.