Los cuestionamientos al intendente Guillermo Montenegro por la falta de resultados y por la ausencia de respuestas en materia de seguridad van escalando tanto en forma como en contenido. Tomando de su propia verba, quien afirmó ser un «experto en la materia», y dijo que su despecho funcionaría en el COM para darle máxima prioridad al tema, ve desgranarse su crédito sin otro recurso que reemplazar funcionarios.
Amén de la hipocresía del FdT, que cuestiona al intendente mientras calla la ausencia de una política a nivel provincial en materia de seguridad, la violencia criminal y el robo de todo tipo en General Pueyrredon está muy por arriba de lo que se refleja en los medios. Lo que se da en llamar «cobertura de hechos policiales», está en realidad escrito en la departamental, y se distribuye a los medios que luego cortan y pegan, sin hacer ningún tipo de análisis.
Estamos en medio de un equívoco cuyo precio es altísimo, tanto en vidas, como en patrimonio. Seguridad y justicia son responsabilidades exclusivas de la provincia. El responsable directo es el charlista televisivo Sergio Berni, y el responsable político y funcional, es Axel Kicillof. Todo lo municipal, es sólo cháchara.
El dirigente de SUPETAX Miguel Rodríguez argüía la inutilidad del uso del GPS señalando que fuera de cierto radio, por la noche, no hay cobertura alguna de seguridad por la falta de patrulleros. Y la razón de esa falta de móviles es que la seguridad pública, está privatizada. Los patrulleros están, pero sólo para quien paga la tarifa de cobertura. Si no, no hay unidades, a excepción de las áreas que tienen una alta visibilidad política.
Esto lo saben todos: policías, fiscales, defensores y jueces en lo penal de la ciudad. La crítica no está dirigida a quienes están a bordo de las patrullas, que en definitiva son sólo peones en un juego en el que se los usa, pero no se los participa. Ahí sí hay una responsabilidad política que el FdT esquiva y que el oficialismo —por miedo, o por incomprensión— calla.
El concejal Amalfitano —intenso crítico de la no gestión comunal en la materia— afirmó que, dada la buena relación entre Sergio Berni y Guillermo Montenegro, sería útil que todo se coordinara de mejor modo. Un caso claro que expone que la «buena onda» no garantiza buenos resultados. La resignificación del sistema es una decisión política imperiosa. Sobran motivos, y hay instrumentos para proceder. Que no los empleen, genera interrogantes diversos.
El fiscal David Bruna aseveró en una entrevista brindada a la FM 99.9 en febrero de este año que el pasado mes de diciembre se presentó una denuncia por irregularidades en la administración policial, sosteniendo que «hay una serie de denuncias, algunas que se repiten tanto en Asuntos Internos y el Ministerio Público y están en pleno trámite. Algunas fueron recibidas a fines del año pasado y otras en la feria de enero, se procuró llevarlas a investigación con la intervención de equipos externos de la fiscalía».
Han pasado ya casi cuatro meses desde esa admisión pública, y seis desde la primera denuncia al respecto. Las redes arden entre comentarios de funcionarios y exfuncionarios que denuncian en soledad. Por otro lado, la renuncia de García al frente del área de Seguridad del municipio dice más que lo formalmente expresado con corrección política custodiada por la media silenciosa de la ciudad. Horacio «Toto» García se va, pero no por razones de salud, sino porque advierte que, en este estado de las cosas, no tiene sentido permanecer en el cargo. Un raro caso de honorabilidad. Martín Ferlauto asume y dice «los ejes de la gestión en la Secretaría de Seguridad serán los mismos». Fracaso asegurado.