La chirinada golpista fracasó. Una vez más, la coalición de intereses espurios que por décadas ha vivido del saqueo del patrimonio comunal marró el cálculo de los acontecimientos, y lo que imaginaron como el acto final que llevaba a la demolición del mandato de Arroyo, les estalló en las manos.
Pasados los días, la suma de las jornadas bajo el manto mentiroso del quite de colaboración, y el daño infligido a la sociedad y al erario público por el paro general de actividades, tornó a una presión social muy intensa sobre los propios municipales y perforó la burbuja de indiferencia de la política; hasta llevar a que algunos ediles —como fue el caso de Alejandro Carrancio o la propia Cristina Coria— señalaran públicamente que el accionar de los agentes municipales era dañoso para la sociedad en general.
En medio de esta crisis, se hicieron públicas situaciones que ya se venían exponiendo a viva voz. La municipalidad, como organización pública extendida en funciones, no sólo constituye el tercer sistema más importante de salud de la provincia y el más importante sistema de educación —sólo por detrás del propio sistema provincial—, sino que además soporta un cuerpo de 100 delegados, a los que hay que sumar la conducción gremial. La ideología básica de este grupo es hacer lo menos posible, maximizar el beneficio económico propio, y sumar poder. No sólo hay guarros menores y violentos como Cristian Chaulet, hay violencia también en los modos que emplea el secretario gremial Cristian Milincic, abogado de planta, que arguye —en modos mejores pero no menos violentos— en referencia a la libertad de elección individual ante las determinaciones sindicales.
La gestión suma en estos días un nuevo logro: cierra el acuerdo con el Instituto de Previsión Social de la Provincia por impagos que datan del año 2005 al 2017. Pulti acumuló una deuda varias veces millonaria que ahora se pagara en cuotas, y permitirá concluir el ordenamiento financiero del municipio en un esquema de probidad administrativa desconocido para los usos y costumbres establecidas por la clase política en la ciudad.
Esta batalla ha concluido. La blitz aún está en curso, y vienen capítulos nuevos que elevarán nuevamente la tensión entre el poder establecido y la gestión. Dos cuestiones se avecinan: La primera, una denuncia de puño y letra del Intendente que está en este momento sobre el escritorio del fiscal general a cargo, Oscar Deniro. En la misma, se exponen situaciones criminosas llevadas adelante por los delegados municipales en contra de trabajadores y funcionarios que querían honrar el servicio que deben a la comunidad en los días del fraudulento quite de colaboración. Allí se exponen los hechos relatados en primera persona, incluyendo la privación ilegitima de la libertad a un funcionario de alto rango del área de salud. La segunda, es un relevamiento del área educativa que expondrá la existencia de cargos dobles: personas que no realizan el correspondiente trabajo para percibir emolumentos, y jubilados docentes que siguen percibiendo pagos como si fueran activos. Si lo que surgió con el pago de horas no trabajadas a los docentes asombró, lo que se conocerá en fecha próxima hará que dicho estupor parezca algo menor. Muy menor.