Esta mañana en la 99.9, el abogado Martín Ferrá planteó sus dudas respecto del sistema de juicio por jurados, aprobado en la Provincia de Buenos Aires la semana pasada. “Se intenta implementar en un momento de terrible colapso de todo el Sistema Judicial”, destacó.
La aprobación del juicio por jurados en la Provincia de Buenos Aires ha despertado un nuevo debate sobre cómo llevar adelante algunos procesos judiciales. Esta mañana en la 99.9, planteó sus dudas al respecto el abogado marplatense Martín Ferrá, quien aseveró: “se pretende insertar esta institución sobre la que tengo muchas dudas, sobre todo en su efectividad, porque la medida se implementa con la misma técnica que el Código Garantista en 1998”. Luego abundó: “en aquellos tiempos, la Provincia estaba sumida en una situación de delincuencia increíble y picos de violencia inusitada. Al cabo de 15 años de aplicación del Código, las estadísticas criminales y funcionales demuestran su fracaso”.
A pesar de que intentó buscar la veta positiva de esta ley, no encontró demasiados argumentos: “nos dicen que el juicio por jurados va a transparentar la Justicia, que la va a democratizar, que le imprimirá celeridad a los juicios penales por los delitos más graves. Trato de ser optimista con la propuesta; pero siendo objetivo, tengo mis dudas”.
Para dejar aclarar el origen de sus dudas, Ferrá explicó: “el juicio por jurados, lo que hace, para delitos con penas de más de 15 años de prisión, es ingresar un instituto nuevo al proceso que es el jurado popular, algo que se implementó ya en Córdoba en 2005. Tienen un jurado compuesto por 8 ciudadanos comunes y dos que son letrados. En Buenos Aires, serán 12 miembros comunes que presenciarán todo el juicio oral, valorando toda la prueba rendida y pasando a una deliberación privada y secreta donde decidirán si la persona acusada es culpable o inocente”.
Desde que se planteó la posibilidad de implementar este sistema, contemplado en la Constitución, surgieron varias críticas y Ferrá resaltó algunas en particular: “al ver el común de la gente en la provincia enfrascada en sus problemas personales, es difícil lograr un sentido técnico tan elevado para juzgar los delitos más graves del Código Penal Argentino. En esos casos es donde más se necesita el tecnicismo. El Gobernador decidió que para juzgar este tipo de delitos, hay que poner ciudadanos legos. Creo que no funcionará”. Además, puntualizó que “se intenta implementar en un momento de terrible colapso de todo el Sistema Judicial. En cualquier juicio oral donde haya más de 10 testigos o 2 o 3 imputados, ya no queda espacio en las salas de juicio. Este sistema, lo que hace es encorsetar al magistrado profesional, que se tiene que someter a la decisión, como le dicen, del pueblo. No estamos hablando de una votación electoral, sino de hacer justicia”.
Más que una reforma de fondo, el abogado considera que se trata de una medida electoral: “creo que es un parche más previo a las elecciones, que se nos quiere imponer. El Poder Judicial y la ciudadanía de la Provincia de Buenos Aires no están en condiciones de recibir este instituto. Me cuesta ser optimista. A la Justicia no hay que democratizarla, hay que auditarla y pedirle que corrija las deficiencias que tiene en cantidades. Hay que potenciar los órganos que ya están funcionando, simplemente”.
Por último, dio algunos detalles importantes para entender la magnitud de ciertas cuestiones: “se prevé que para un juicio de 6 días, la Provincia debería pagar, entre gastos y remuneración de los jurados, unos 45.600 pesos. Cometemos los mismos errores del pasado. Elegir los jurados y realizar la selección, es todo muy burocrático. Los imputados pueden recusar hasta 4 jurados y tienen que volver a sortearlos. Hay que explicarles a todos los principios básicos de la Justicia, lo cual es algo muy difícil”. En cuanto al desarrollo del juicio y la forma de llegar a un veredicto, destacó: “se deben poner todos de acuerdo para lograr un fallo. Mínimamente, tiene que haber 10 votos para ser definitivo. En casos como homicidio calificado, debe ser unánime, los 12 deben pensar igual, si no el juicio queda estancado. Se vota de nuevo en tres meses y si el fallo no es unánime, el acusado queda declarado como ‘no culpable’. El veredicto del jurado es irrecurrible, las víctimas no tienen derecho de apelación ante un jurado que absuelve a un delincuente; pero cuando es culpable, sí”.