Silvia Nancy González tuvo un infarto a los 56 años. IOMA la derivó a un sanatorio sin condiciones, la trasladó intubada a La Plata y murió. Su caso se suma a una denuncia penal federal que demuestra un patrón de desobediencia judicial, abandono de pacientes y vaciamiento institucional por parte de la obra social.
Sol Carrera, hija de Silvia Nancy González, contó en la FM 99.9 lo que le pasó a su madre. Su testimonio es el relato de cómo, en manos de IOMA, en menos de una semana, un cuadro que normalmente puede tratarse, terminó en la muerte de una mujer que, según sus estudios médicos, estaba controlada y no tenía antecedentes coronarios graves.
Presos de IOMA
González sufrió un infarto y fue atendida en el HIGA de Mar del Plata, donde respondió bien a la medicación. La cardióloga le informó a Sol que su madre estaba estable pero que no podía quedarse: «El tema es que no se va a poder quedar acá. Estamos buscando una cama que nos de IOMA para que ella pueda seguir con todos los cuidados que necesita». Esa noche ofrecieron una cama en Berisso. Sol se negó: «Me pareció una locura, trasladar a una persona con un infarto tan lejos, a la madrugada».
Al día siguiente la derivaron al Sanatorio Avenida de Mar del Plata. Sol describió lo que encontró: «Veo, y no es una clínica. Es una casa. Es un hotel en obra. Un lugar que tiene todos los cables colgando. La camilla entra por una puerta como la de tu casa, no hay siquiera un portón. No hay ningún medio de cirugía de ningún tipo».
Del médico de guardia, Sol contó: «A una mujer con Alzheimer le dijo que el cerebro ya no tenía vuelta atrás, que dentro de poquito le iba a decir al corazón que deje de latir. La gente estaba llorando y el hombre no se daba cuenta del sufrimiento que causaba». La enfermera le avisó que tenía que traer la comida de afuera, porque el sanatorio no tenía servicio de alimentación, pero ni siquiera le dio un parámetro de qué era conveniente que comiera su mamá, dada su situación clínica. Le dijo que le trajera lo que a ella le pareciera.
Cuando quisieron hacerle una eco Doppler en otra clínica, le informaron que IOMA no cubría ni el traslado ni el estudio. Sol fue a la delegación de la obra social: «Me dijeron que del Sanatorio Avenida no habían pedido ninguna ambulancia. Tienen un curro por detrás con el traslado de los pacientes para hacerse estudios». Volvió al sanatorio y pidió la derivación a un centro de alta complejidad: «Pedí por favor el traslado porque ahí me estaban matando a mi mamá».
Le consiguieron una cama en La Plata. El miércoles a la medianoche, cuando Sol ya tenía la valija lista, cancelaron el traslado porque el médico lo consideró riesgoso. Al día siguiente, a las ocho de la mañana, cambiaron de opinión. Sol contó: «De La Plata me dijeron: la clínica no avisó que tu mamá estaba intubada. Avisó que estaba evolucionando favorablemente. ¿Qué pasó ahí?».
Silvia Nancy González finalmente falleció. Sol dijo en la FM 99.9: «Mi mamá se hizo una eco Doppler de rutina en octubre y le dio bien. No tenía diabetes, no tenía antecedentes. Una persona puede morir de un infarto, pero estando bien tratada no va a morir. Estamos presos de IOMA».
Denuncia penal
En noviembre de 2025, el concejal de Esteban Echevarría Marcelo Mazzeo presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra Homero Giles, director de IOMA, y el gobernador Axel Kicillof, por administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita. La causa tramita en el Juzgado Federal N.º 1 de La Plata bajo el número 42567/2025. Recientemente, Mazzeo presentó una ampliación con nuevos casos que le ponen nombre y apellido al colapso.
El primero es el de Lara Abril Suárez, una joven con discapacidad motriz y retraso madurativo severo. Su padre, comisario bonaerense con más de treinta años de servicio y afiliado obligatorio a IOMA, obtuvo una sentencia firme de amparo que ordenó garantizar el tratamiento en FLENI. El apoderado de IOMA firmó un acta de compromiso judicial obligándose a abonar las prácticas con 72 horas de antelación. No lo cumplió. La denuncia detalla que Lara depende de una bomba de Baclofeno implantada cuya recarga es cada cuarenta días: «La omisión de dicha práctica médica provoca convulsiones, daño neurológico irreversible y riesgo de muerte».
El Dr. Duilio Daniel Gabotto, Curador Oficial de los departamentos judiciales de Mar del Plata y Necochea, aportó su testimonio en calidad de funcionario judicial. Describe hogares geriátricos forzados a cerrar por deudas impagas de IOMA, clínicas que rechazan pacientes por acumulación de atrasos, y órdenes judiciales firmes que el organismo no cumple. La situación llegó al punto de que el Colegio de Magistrados de Mar del Plata presentó un amparo colectivo ante la Suprema Corte bonaerense pidiendo el derecho a desafiliarse, alegando «falta absoluta de prestaciones».
La ampliación incluye también el caso de Alberto Achábal, de 77 años, cuya hija obtuvo sentencia del Juzgado Correccional N.º 4 de La Plata ordenando internación domiciliaria completa. El juez Eskenazi sostuvo que la demora de IOMA constituye «una vulneración directa al derecho a la salud y a la vida». Y el de Ricardo B. González Bou, de Bahía Blanca, que ganó un amparo en 2019 que IOMA nunca cumplió. La denuncia describe «un patrón de chicanas procesales y maniobras dilatorias ejercidas por los letrados del IOMA para evitar la ejecución de la medida». González Bou, que vive solo, tuvo que endeudarse para pagar a sus cuidadoras.
Mazzeo denuncia además un esquema de asfixia financiera deliberada sobre las clínicas del interior bonaerense: demoras de entre 90 y 120 días en los pagos, cancelaciones con bonos de dudoso valor y negativa a reconocer actualizaciones tarifarias. La denuncia lo califica como «una maniobra deliberada, estructurada y dolosa destinada a asfixiar financieramente a las instituciones prestadoras, llevarlas a la quiebra, y permitir su posterior adquisición a precios vil por grupos empresarios vinculados directa o indirectamente con funcionarios públicos».
Una obra social que cobra compulsivamente pero no presta servicios, que desobedece fallos judiciales, que deriva pacientes infartados a sanatorios sin condiciones y que, según la denuncia que tramita en sede federal, funciona como caja política del oficialismo provincial. Silvia Nancy González tenía 56 años, la presión controlada y IOMA. Si hubiera tenido otra cobertura de salud, seguramente hubiera sobrevivido.