Los fiscales federales en Estados Unidos gozan de enorme espectro para su actuación, lo que lleva a que puedan accionar en contra de ciudadanos y no ciudadanos con amplia displicencia en el uso del código penal y de los institutos de la carga acusatoria.
Una investigación periodística de una cadena local de televisión en Texas disparó una investigación judicial sobre compras ficcionales de aviones de pasajeros de bajo y mediano porte, que derivaron en el encartamiento criminoso del argentino Federico «Fred» Machado y su socia, Debra Lynn Mercer Erwin.
Federico Machado, oriundo de Neuquén, se allegó primero, y luego colaboró, con el dirigente político José Luis Espert. Vinculación que, sabido es, llevó al fin de la carrera política de Espert. La novedades en los tribunales de Texas dejarían a Machado fuera de la acusación de colaboración con el narcotráfico, novedad que ya impacta en redes con apreciaciones contrarias en el país a medios y periodistas.
La investigación de WFAA comenzó como un reportaje sobre una laguna legal en la ley de aviación estadounidense. Se llama «Broken Trust» y fue la que originó toda la causa judicial. Los propios fiscales federales reconocieron públicamente que la investigación de WFAA impulsó las imputaciones penales. Es un caso poco común en que una investigación periodística televisiva es citada explícitamente por la fiscalía como detonante de un proceso federal.
Un periodista descubrió, dentro de las pruebas judiciales del caso texano, un libro de cuentas secreto que Machado y Mercer-Erwin mantenían por sus negocios de aviones falsos. En la página 83 encontró un nombre: José Luis Espert. Ese hallazgo fue compartido con el periodista argentino Sebastián Lacunza, cuya nota del 28 de septiembre reveló el pago de 200.000 dólares al entonces diputado y desencadenó la tormenta política en Argentina. Un político de la oposición presentó una denuncia penal contra Espert citando la investigación «Broken Trust» de WFAA. Luego, agentes federales allanaron la casa y la oficina de Espert, después de que los legisladores autorizaran los registros de manera abrumadora.
Esposado y con uniforme carcelario a rayas grises, Machado le hizo un «pulgar arriba» al periodista de WFAA al entrar al tribunal, un gesto sorprendente para alguien que acababa de ser extraditado tras cuatro años de batalla legal. Su abogada, Jamie Hoxie Solano, advirtió al juez que su cliente necesitaba atención médica urgente por abstinencia de Xanax.
Machado se encuentra actualmente detenido en una prisión de seguridad media en el condado de Cimarrón, estado de Oklahoma. El 12 de mayo, a días de tu consulta, protagonizó el giro más importante de la causa: llegó a un acuerdo con la fiscalía federal del distrito Este de Texas declarándose culpable de lavado de dinero y fraude. El fiscal Jay Combs, a cambio, dejará caer la imputación por narcotráfico, uno de los delitos más graves de la acusación original de 2020, después de seis meses de prisión en Oklahoma y tras una larga negociación. El expediente acumuló más de 20 terabytes de pruebas: correos electrónicos, transferencias internacionales, registros financieros y operaciones comerciales en media docena de países.
El acuerdo debe ser homologado por el juez federal Amos Mazzant, aunque en el sistema judicial estadounidense este tipo de pactos entre fiscalía y acusado suelen ser aceptados.
En tanto, Espert aún está lejos de cantar victoria, porque tiene dos frentes judiciales abiertos en Argentina, y el acuerdo de Machado los complica a ambos: Espert tiene una causa en el Juzgado Federal de San Isidro, donde el fiscal Fernando Domínguez halló pruebas de lavado de dinero para adquirir propiedades e ingresos que no pueden explicarse. La investigación comenzó con la transferencia de 200.000 dólares realizada por Machado con el presunto fin de abonar una auditoría en una mina de Guatemala, pese a que Espert no tenía experiencia en ese rubro. La documentación encontrada por el fiscal Domínguez dejó a Espert sin argumentos para negar que el acuerdo era en realidad por un millón de dólares, del cual solo habría cobrado una cuota. En la otra causa que tramita en Capital Federal, se analizan presuntas maniobras relacionadas con el financiamiento de la campaña de 2019, entre ellas el uso de aviones privados y otros servicios atribuidos a Machado.
Falta aún un largo camino hacia una potencial declaración de inocencia.