El concejal Diego García advirtió sobre la falta de control en la utilización de los fondos que el Municipio recauda para salud pública y volvió a denunciar graves problemas de seguridad en distintos barrios de Mar del Plata, donde encontró un basural a cielo abierto con 14 autos incendiados a metros de una escuela.
El concejal Diego García volvió a poner el foco sobre dos problemáticas que considera estructurales en Mar del Plata: la inseguridad y la falta de transparencia en la utilización de recursos públicos. En diálogo con la 99.9, cuestionó la ausencia del Estado en distintos barrios de la ciudad y reclamó explicaciones sobre el destino de una contribución específica destinada a la salud pública que este año recaudaría alrededor de 14 mil millones de pesos.
Respecto de una recorrida realizada en el barrio Santa Rita, García señaló que la situación encontrada supera incluso las denuncias habituales por microbasurales. “Es una más de las postales que tenemos en Mar del Plata, que se puede encontrar en cualquier barrio y en cualquier esquina, pero en este lugar en particular, a metros de la Escuela 79, encontramos algo mucho más grave”, afirmó.
Según explicó, se trata de un descampado de dos manzanas que pertenecería a un privado y que no cumpliría con la ordenanza de propietario responsable. “No está cercado, no tiene mantenimiento, no hay luminarias y termina siendo un lugar donde vecinos irresponsables arrojan residuos sin ningún tipo de control ni sanción”, indicó.
Sin embargo, el hallazgo más preocupante fue otro. “Encontramos 14 autos incendiados. Los autos no llegan ahí solos. Son vehículos robados que terminan desmantelados en ese lugar”, denunció.
Para García, la situación evidencia una alarmante falta de controles. “Estamos hablando de un lugar donde no hay presencia del Estado, donde seguramente durante la noche llevan los vehículos, los desarman y luego los incendian. Hay un asentamiento cerca y evidentemente existe toda una logística para que eso ocurra”, sostuvo.
El edil se preguntó cómo es posible que una situación de esas características pase inadvertida para las fuerzas de seguridad. “A 800 metros del COM hay 14 autos incendiados. No te digo encontrarlos cuando se los roban, pero cuando todos terminan en el mismo lugar, alguien debería advertirlo. Hay domos en distintas esquinas importantes de la zona y esos autos necesariamente tuvieron que pasar por algún lado”, remarcó.
Además del basural y los vehículos robados, aseguró que los propios alumnos de la escuela denunciaron otros problemas. “Los chicos nos cuentan que hay personas que los amedrentan cuando van a clases, que existe venta de drogas en la zona. Es un panorama muy preocupante a metros de una escuela y a minutos del Palacio Municipal”, expresó.
Para García, la ausencia de políticas públicas termina facilitando la actividad delictiva. “Cuando uno le deja todas las condiciones dadas al delincuente, el delincuente avanza. Así como hay gente que se levanta todos los días para trabajar, hay otros que se levantan pensando cómo robarle a alguien. Si no hay cámaras, no hay iluminación y no hay presencia policial, saben perfectamente dónde actuar”, señaló.
El concejal aseguró que esta realidad se repite en numerosos sectores de la ciudad. “Cada vez que recorremos un barrio encontramos los mismos problemas. No hay trabajo coordinado entre Provincia y Municipio. Hay zonas enteras sin presencia estatal”, afirmó.
Por otra parte, García cuestionó la falta de información sobre el destino de los fondos que los vecinos aportan a través de una contribución específica incluida dentro de la Tasa por Servicios Urbanos. “Este año se pretende recaudar cerca de 14 mil millones de pesos para salud pública, educación y desarrollo infantil. Es muchísimo dinero y nadie explica cómo se utiliza”, indicó.
Según detalló, esa partida se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Salud municipal, pero desde hace años no se brinda información detallada sobre su ejecución. “Desde 2021 la Secretaría de Salud no informa en qué gasta esos recursos. Además debería existir una comisión de seguimiento que nunca se conformó”, denunció.
García recordó que la última vez que esa comisión funcionó fue durante la gestión del exintendente Carlos Arroyo. “Desde que asumió Guillermo Montenegro nunca más fue convocada. Entonces tenemos una recaudación multimillonaria y ningún mecanismo de control o rendición de cuentas”, sostuvo.
El edil explicó que el objetivo de su planteo es que los vecinos sepan qué ocurre con los recursos que aportan. “La gente hace un esfuerzo enorme para pagar las tasas. Lo mínimo que corresponde es que se explique qué se pretende hacer con ese dinero y cuáles son los resultados obtenidos”, afirmó.
En ese contexto vinculó la discusión con la crisis sanitaria que atraviesan miles de afiliados de IOMA. “Escuchaba recién el caso de una mamá que lucha para que su hijo con síndrome de Down mantenga sus terapias. Son situaciones que muestran que muchas veces se discute si la responsabilidad es municipal, provincial o nacional, mientras los vecinos siguen sin respuestas”, manifestó.
También cuestionó algunos programas impulsados por el Ejecutivo local. “Tenemos un sistema de telemedicina que cuesta casi un millón de pesos por día. Sin embargo uno habla con los vecinos y nadie sabe que existe o conoce a alguien que lo haya utilizado. Si se está gastando dinero en eso, al menos deberíamos poder evaluar si funciona o no”, indicó.
Finalmente, volvió sobre el problema de los vehículos robados y recordó que recientemente recibió imágenes de otro automóvil incendiado en la Ruta 11, entre Playa Los Lobos y la zona sur. “Venimos reclamando hace tiempo un anillo digital para controlar quién entra y quién sale del partido de General Pueyrredon. Lo tienen muchísimos municipios y Mar del Plata todavía no. Después aparecen autos quemados en los caminos rurales o en sectores alejados y nadie sabe cómo llegaron hasta ahí”, afirmó.
Para García, la inseguridad tiene además un fuerte impacto económico sobre los vecinos. “Mar del Plata paga seguros más caros porque es una ciudad insegura. La gente tiene que gastar en alarmas, cámaras, monitoreo privado y aun así le pueden robar el auto o entrar a su casa. El bolsillo del vecino está cada vez más castigado”, concluyó.