El fiscal especializado en delitos contra la propiedad se refirió a las investigaciones que derivaron en la detención y desafectación de dos efectivos policiales sospechados de brindar información y cobertura a personas vinculadas con robos. También habló sobre el nivel de violencia de las entraderas y rechazó vincular estos delitos exclusivamente con la pobreza o la falta de trabajo.
El fiscal Mariano Moyano brindó detalles en la 99.9 sobre dos investigaciones que derivaron en la detención de efectivos policiales y su inmediata desafectación de la fuerza por parte de la Auditoría de Asuntos Internos. Las pesquisas se originaron a partir de distintos robos cometidos en viviendas y, durante el análisis de los teléfonos celulares secuestrados a los sospechosos, aparecieron comunicaciones que permitieron detectar posibles vínculos con integrantes de la Policía.
Moyano explicó que una de las investigaciones comenzó a partir de un robo ocurrido en jurisdicción de Batán y que, durante los allanamientos, surgió la vinculación de uno de los investigados con el efectivo policial Nahuel Paz. “El contenido de los mensajes nos permite sospechar al menos que esta persona podía estar brindando algún tipo de cobertura a este sujeto que está siendo investigado”, señaló. Según indicó, esa cobertura estaría relacionada con la coordinación de horarios durante los cuales el policía se encontraba de guardia y tenía acceso a la frecuencia policial.
Una situación similar apareció en una segunda investigación vinculada con una entradera ocurrida en abril. Allí, el teléfono de uno de los detenidos también permitió identificar contactos con otro efectivo policial, que cumplía funciones en una dependencia policial y realizaba tareas de calle. “Tenía contacto con este efectivo, con el hermano del efectivo y con un primo del detenido por la entradera”, explicó Moyano, quien señaló que en esas comunicaciones se hacía referencia a que tenían acceso a la frecuencia policial.
A partir de esos elementos, la Fiscalía solicitó órdenes de allanamiento sobre los domicilios de los policías involucrados, además de procedimientos en dependencias policiales para acceder a los espacios asignados a esos agentes. Moyano destacó que pidió que funcionarios de Asuntos Internos participaran de los operativos y que durante los procedimientos se secuestraron teléfonos y otros elementos de interés para la causa.
En uno de los allanamientos, además, fueron encontradas armas de fuego que no estaban registradas a nombre del efectivo policial. “Esta persona no tiene registradas las armas, así que dispuse que quede detenida ya por la tenencia de estas armas de fuego, sin perjuicio de continuar la investigación”, explicó el fiscal. Paralelamente, Asuntos Internos dispuso la inmediata desafectación de ambos policías de la fuerza mientras avanza la investigación penal y administrativa.
Moyano aclaró que, hasta el momento, no existe evidencia que permita establecer una conexión entre los dos efectivos investigados. “Aparentemente no. Hasta el momento no tenemos esa conexión entre ellos y tampoco habría conexión, en principio, con las personas con las que estos efectivos se vinculaban”, afirmó. Se trata, por lo tanto, de dos investigaciones diferentes en las que aparecieron indicios similares respecto de posibles contactos entre policías y personas investigadas por delitos contra la propiedad.
El fiscal también se refirió al caso de Bruno Díaz, uno de los investigados por un robo agravado, cuyo teléfono permitió encontrar comunicaciones con un efectivo policial y familiares de éste. “El contenido de los mensajes por lo menos me permite sospechar de una relación llamativa”, sostuvo Moyano. Según explicó, en esas comunicaciones aparecían referencias a la posibilidad de escuchar la frecuencia policial, un elemento que consideró particularmente grave y que justificó profundizar la pesquisa de manera independiente del robo original.
En relación con los hechos ocurridos recientemente en el barrio San Carlos, donde una familia sufrió un violento asalto, Moyano confirmó que la investigación está actualmente en manos de la Fiscalía de Menores debido a la participación de un adolescente. “Hay una persona que fue aprehendida circulando en el vehículo de las víctimas al momento de darse a la fuga”, indicó. El fiscal señaló que el objetivo es establecer la identidad de todos los integrantes del grupo y no descartó que la Fiscalía a su cargo intervenga posteriormente si aparecen elementos que permitan avanzar respecto de otros responsables.
Consultado sobre las personas vinculadas con los policías investigados, Moyano fue cuidadoso y remarcó que una sospecha no alcanza para atribuir responsabilidad penal. “En la investigación nosotros tenemos que tener evidencia suficiente para poder atribuir la responsabilidad”, sostuvo. Y explicó que la finalidad de las medidas solicitadas por la Fiscalía es reunir pruebas que permitan llevar adelante una investigación sólida y eventualmente obtener una sentencia condenatoria.
El fiscal rechazó además la idea de que los delitos contra la propiedad que investiga sean consecuencia directa de la pobreza o la falta de oportunidades laborales. “En el caso de la temática en la que estoy a cargo hace ya 11 años, estamos hablando de gente que su actividad principal es la planificación de delitos contra la propiedad”, afirmó. Según su experiencia, se trata de personas que “han elegido expresamente esto” como una actividad ilícita y que muchas veces seleccionan como víctimas a personas mayores.
Moyano remarcó que el patrón aparece con claridad cuando se analizan comunicaciones y otros elementos de las investigaciones. “Entre esta actividad ilícita, que ya de por sí es gravísima porque irrumpen en viviendas, irrumpen donde hay personas que están dentro de su ámbito de protección, tratan de seleccionar como víctimas a los adultos mayores de la ciudad”, señaló.
El fiscal puso como ejemplo un caso particularmente brutal que investigó su dependencia. Relató que una mujer de aproximadamente 80 años fue sometida a amenazas durante un robo y que, para exigirle información sobre dinero que supuestamente tenía, los delincuentes llegaron a cortarle uno de los dedos del pie con una tijera. “Leer un testimonio que haya pasado eso, una persona sola, una persona de 80 años, la verdad que no hay ningún tipo de circunstancia que uno pueda vincular esto con una ausencia de posibilidad de trabajo”, sostuvo.
Frente a las interpretaciones que atribuyen este tipo de delitos exclusivamente a la situación económica, Moyano insistió en que su conclusión surge de la experiencia acumulada durante años de trabajo en investigaciones penales. “No puedo afirmar que esto no está vinculado de ninguna manera a situaciones de pobreza ni de imposibilidad de acceder a puestos laborales”, aclaró. Pero inmediatamente planteó cuál es su conclusión a partir de los casos que conoce: “Son gente que se dedica a cometer delitos y busca cometerlos contra personas más vulnerables. Esta es la realidad”.
La investigación sobre los dos efectivos policiales continuará ahora con el análisis de los teléfonos y demás elementos secuestrados durante los allanamientos. Moyano señaló que ese material será determinante para establecer si las sospechas iniciales respecto de la posible cobertura policial se transforman en pruebas concretas y permiten avanzar hacia nuevas imputaciones.