El abogado Rafael Luena explicó que la entidad financiera aplicó irregularidades en la refinanciación de saldos de tarjetas de crédito durante la pandemia. Tras seis años de litigio, la Justicia confirmó la condena y ahora buscan ejecutar el fallo para que el dinero llegue a los usuarios afectados.
Después de seis años de litigio, la Asociación de Consumidores ACUBA obtuvo una sentencia firme contra el Banco BBVA por irregularidades detectadas en la refinanciación de saldos de tarjetas de crédito implementada durante la pandemia. El fallo obliga a la entidad a devolver alrededor de 9.600 millones de pesos a más de 620 mil consumidores de todo el país.
El abogado de la entidad, Rafael Luena, explicó en la 99.9 que la demanda surgió a partir de denuncias recibidas por la asociación. “Detectamos irregularidades en la refinanciación de los saldos de tarjetas de crédito que se hicieron en abril de 2020, en el marco de la pandemia”, indicó.
Recordó que en aquel momento el Banco Central dispuso que los bancos refinanciaran automáticamente los saldos de tarjetas de crédito en un plazo de 12 meses, con tres meses de gracia y una tasa máxima del 43%. Sin embargo, según explicó, la entidad financiera incumplió varios aspectos de esa normativa.
“Nosotros entendemos, y lo seguimos sosteniendo, que durante el período de gracia no había que devengar intereses porque era lo que surgía de la comunicación. Además vimos que la financiación había sido por menos de un año, pero se habían percibido intereses por todo un año, y también que entre la fecha de vencimiento y la fecha de carga de la refinanciación habían cobrado intereses por mora cuando el propio Banco Central había dispuesto que no existía mora porque había que refinanciar desde la fecha de vencimiento”, detalló.
La causa atravesó un extenso recorrido judicial. Primero obtuvo una sentencia favorable en el Juzgado Civil y Comercial N°11 y luego fue ratificada por la Cámara Civil y Comercial en octubre del año pasado.
“Lo que estamos haciendo ahora es la ejecución de esa sentencia porque el banco, a pesar de que no apeló la resolución de la Cámara, todavía no devolvió absolutamente nada”, explicó Luena.
El abogado destacó además las dificultades que enfrentaron durante el proceso judicial. “Fue muy complejo hacer la pericia contable porque fueron muy remisos en entregar la documentación y determinar quiénes eran los consumidores refinanciados. Incluso la jueza advirtió en la sentencia que hubo una conducta bastante irresponsable del banco respecto de su deber de colaboración previsto en la Ley de Defensa del Consumidor”, señaló.
Actualmente la asociación trabaja para que los fondos lleguen a los más de 620 mil usuarios alcanzados por el fallo. “Estamos en el último tramo. Nosotros recurrimos la sentencia ante la Corte porque creemos que el monto debería incrementarse por algunas cuestiones técnicas, pero el banco está obligado a cumplir porque no apeló la decisión de la Cámara”, explicó.
Aunque el monto individual ronda los 16 mil pesos por consumidor, Luena destacó que el verdadero valor del fallo excede la cifra económica que recibirá cada afectado.
“Cuando la gente divide los 9.600 millones entre 620 mil consumidores, se indigna porque parece poco dinero para cada uno. Pero lo importante acá es el rol que cumplen las asociaciones de consumidores. Somos una especie de vigilante del mercado que les dice a los bancos, a las aseguradoras o a las empresas de medicina prepaga que estamos observando sus conductas y que, aunque el perjuicio individual sea pequeño, vamos a actuar”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que el objetivo principal es impedir que las entidades financieras obtengan ganancias indebidas mediante cargos masivos de bajo monto. “Lo importante no es lo que va a cobrar cada consumidor, sino que el banco no se quede con una ganancia mal habida”, sostuvo.
Además, advirtió que la práctica detectada no fue exclusiva del BBVA. “Esta conducta no la vimos solamente en este banco. Santander, HSBC, Galicia y otros bancos también están demandados por exactamente el mismo motivo. La conducta está probada y es idéntica en todos los casos”, aseguró.
La sentencia incluye además una sanción económica adicional. “El perjuicio económico original era de alrededor de 6.000 millones de pesos, pero la Cámara aplicó un daño punitivo equivalente a una vez y media ese monto. Con eso y los intereses llegamos a los 9.600 millones”, explicó.
Para Luena, el caso demuestra cómo pequeñas sumas cobradas indebidamente terminan generando ganancias extraordinarias para las entidades financieras. “Son diferencias que a veces representan apenas unos días de intereses para cada cliente, pero para el banco constituyen un beneficio económico enorme”, remarcó.
Consultado sobre el rol del Banco Central, señaló que el organismo actuó inicialmente dictando la normativa de refinanciación, pero que luego resulta difícil controlar individualmente cada conducta bancaria. Por eso destacó la importancia de las asociaciones de consumidores.
“Las denuncias que recibimos en ACUBA nos permiten verificar una conducta y actuar judicialmente. Imaginate qué pasaría si en lugar de una acción colectiva hubiera que tramitar 6 mil, 7 mil o 10 mil causas individuales por el mismo motivo. Las asociaciones permiten unificar el reclamo sin que el consumidor tenga que gastar dinero ni energía”, explicó.
Finalmente, consideró que estas acciones cumplen una función clave para el mercado. “Hay una tarea de contralor y de regulación de las conductas empresariales que sirve para disuadir a los bancos de seguir actuando de esta manera. Ese es uno de los aspectos más importantes de este tipo de procesos”, concluyó.