La directora de la ONG Educere-Argentina analizó el grave episodio ocurrido en una escuela de Tandil, donde un estudiante golpeó brutalmente a un docente, y cuestionó la normativa bonaerense que dificulta sancionar conductas violentas. También alertó sobre la crisis de autoridad en las escuelas y el impacto de los celulares en la vida escolar.
La violencia escolar volvió a quedar en el centro del debate tras el brutal ataque sufrido por un docente en una escuela de Tandil. Para Victoria Zorraquín, directora de la ONG Educere-Argentina y ex directora de instituciones educativas durante más de dos décadas, estos episodios no son hechos aislados sino la consecuencia de un sistema que ha debilitado progresivamente la autoridad escolar y la capacidad de poner límites.
“Hay cosas que tiene que hacer cada provincia y que tiene que cambiar su legislación provincial para que después baje a las escuelas”, afirmó en diálogo con la 99.9, al analizar tanto el caso ocurrido en Tandil como otros episodios recientes de violencia registrados en establecimientos educativos bonaerenses.
Zorraquín señaló que la normativa vigente en la provincia de Buenos Aires termina llevando las situaciones a extremos difíciles de resolver. “Esto está enraizado en una legislación bonaerense que permite llegar hasta ese extremo donde finalmente pareciera que los inspectores reaccionan porque le dicen ‘hay otros cien colegios privados, vaya a otro’. Pero hay que llegar a ese extremo para que eso pase, cuando en verdad el mismo chico está pidiendo el límite”, indicó.
La especialista recordó su experiencia como directora y relató situaciones que marcaron su visión sobre el rol de la autoridad escolar. “Durante los 25 años que fui directora tuve que separar a tres alumnos de la institución por motivos muy fuertes. Hoy esos tres alumnos viven en Tandil y, con el paso de los años, se tomaron el trabajo de acercarse a agradecerme”, contó.
Según explicó, aquellos jóvenes reconocieron con el tiempo la importancia de las decisiones tomadas. “Me dijeron cosas como ‘me ayudaste a ser la persona que soy’, ‘me ayudaste a forjar mi carácter’, ‘me ayudaste a forjar mi personalidad’. Y yo les respondía que no sabían cuánto había sufrido yo tomando esas decisiones”, recordó.
Para Zorraquín, esos casos demuestran la necesidad de establecer límites claros. “Verdaderamente eran casos extremos de chicos que necesitaban ese límite y cuando lo encontraron, la vida les terminó enseñando muchas cosas”, sostuvo.
La educadora remarcó que actualmente las instituciones tienen enormes dificultades para aplicar sanciones efectivas. “Cuando la normativa no te lo permite y te dicen que todo el mundo tiene que sentirse incluido, que lo único que existe es el acuerdo de convivencia y que hay que sentarse una y otra vez con los padres, llegamos a estos extremos. Los docentes no tienen tiempo material para hacer todo eso”, señaló.
Respecto al caso de Tandil, detalló que se trató de un alumno del último año del secundario del Colegio San José que, tras un conflicto en el aula, golpeó violentamente a un profesor de música. “Se ve en una filmación cómo vuela una silla por el aire. Después el profesor intenta acomodar el aula y al mover un banco se cae el celular de un alumno. Se rompe la pantalla y el alumno se levanta y lo agarra a trompadas”, relató.
Las consecuencias fueron gravísimas. “Le fractura el maxilar inferior y el pómulo, casi lo deja inconsciente. Lo tuvieron que operar de urgencia”, explicó.
Sin embargo, advirtió que las herramientas institucionales son muy limitadas. “La escuela no puede hacer otra cosa que suspenderlo temporariamente. Es todo lo que tiene para hacer”, lamentó.
Para Zorraquín, detrás de estos episodios existe un problema más profundo vinculado a la pérdida de autoridad dentro del sistema educativo. “En la provincia de Buenos Aires la legislación prevé acuerdos de convivencia y sanciones, pero la letra chica y lo que se vive en los pasillos de las instituciones es otra cosa. Para sancionar o separar a un alumno hay que hacer tanto camino, conseguir tantos antecedentes, tantas actas y tantas reuniones con las familias que finalmente los docentes y directivos se sienten desvalidos”, afirmó.
Esa situación genera consecuencias directas sobre el personal educativo. “Hay docentes que terminan pidiendo licencia, se retiran o se van de la institución porque es imposible trabajar así”, señaló.
No obstante, aseguró que el principal perjuicio lo sufren los propios estudiantes. “Podríamos hablar del daño que le hacemos a los docentes, pero yo quiero hablar del daño que les hacemos a los alumnos. A esta generación de alumnos les estamos negando los límites que necesitan”, sostuvo.
Otro de los puntos críticos señalados por la especialista es la presencia permanente de los teléfonos celulares en las aulas. “Los docentes dicen que prefieren incorporarlos pedagógicamente, pero no porque crean que el celular sirve para enseñar. Lo dicen porque no tienen otra cosa”, afirmó.
En ese sentido, criticó la falta de recursos en las escuelas secundarias. “Llegó el celular y vaciamos las escuelas de materiales. Si le sacás el celular al chico no aparece un camión con libros, mapas, juegos, bibliotecas o recursos didácticos. Entonces pretendemos que los docentes hagan magia”, expresó.
Además, advirtió que los dispositivos se han convertido en una fuente permanente de conflictos. “El celular en la adolescencia es factor de violencia, factor de bullying, factor de grooming, factor de todo”, aseguró.
Como ejemplo, mencionó una reciente decisión adoptada en el Reino Unido. “Acaban de establecer que los menores de 16 años no pueden tener redes sociales. Después habrá formas de hacer trampa, pero el hecho de que un país tome una medida así muestra la gravedad del problema”, indicó.
Finalmente, cuestionó que en Argentina todavía se permita el uso irrestricto de estos dispositivos dentro de las aulas. “Nosotros seguimos permitiendo que estén dentro de la escuela secundaria y dentro de la clase. Eso habla de la enorme dificultad que tenemos para asumir el problema y tomar decisiones de fondo”, concluyó.