La abogada cuestionó los controles sobre los establecimientos que alojan adultos mayores tras el caso de maltrato sufrido por una mujer de 83 años. También destacó la actuación del fiscal Carlos Russo y pidió que el acusado permanezca detenido hasta el juicio oral.
La causa por el brutal maltrato sufrido por una mujer de 83 años mientras se encontraba alojada en un geriátrico sumó un nuevo capítulo con el pedido de prisión preventiva para Nicolás Gastón Cichero. La abogada Adelina Martorella, representante de una de las víctimas, explicó en la 99.9 que el acusado volvió a declarar y atribuyó su conducta al consumo de cocaína y a llevar cuatro días sin dormir.
“Lo único que manifestó es su arrepentimiento por lo sucedido y que justificó ese accionar en que llevaba cuatro días sin dormir consumiendo cocaína”, relató Martorella. Sin embargo, la letrada puso el foco en una cuestión que considera mucho más profunda: las condiciones en las que fue incorporado el acusado para trabajar en un lugar donde tenía a su cargo el cuidado de adultos mayores.
Según explicó, al incorporar el legajo laboral del hombre al expediente solamente aparecieron sus datos personales. Cichero había asegurado anteriormente que contaba con capacitaciones y cursos, pero esa documentación nunca fue acreditada. “Es raro que no obren en su legajo laboral como para que las autoridades de cualquier geriátrico tomen a ese trabajador para un empleo tan delicado como es cuidar de adultos mayores”, cuestionó.
Martorella también advirtió que el maltrato registrado por las cámaras de seguridad no habría sido un hecho aislado. La investigación permitió establecer que la mujer había sufrido otro episodio una semana antes del ataque que tomó estado público. Sin embargo, existe un elemento que podría dificultar la reconstrucción de lo sucedido: el dispositivo entregado por el geriátrico contenía solamente las grabaciones correspondientes a los diez días anteriores.
“Si hubo, yo creo que no son hechos aislados, de hecho no lo son”, afirmó la abogada. En ese sentido, sostuvo que la Justicia deberá determinar si las imágenes faltantes fueron borradas o manipuladas. Para Martorella, la ausencia de esos registros representa una pérdida de información relevante para conocer qué ocurría dentro del establecimiento y si existieron otros episodios de violencia.
El caso también abrió interrogantes sobre los controles estatales. La abogada recordó que existe una convención que establece obligaciones respecto de los adultos mayores, entre ellas la capacitación del personal, la prevención, el control, la sanción y la erradicación de situaciones de maltrato. “Eso es un bache muy grande que deja nuestro Estado provincial y nuestro Estado municipal”, sostuvo.
Martorella confirmó además que el establecimiento involucrado funcionaba bajo la órbita de PAMI, ya que las familias habían elegido el lugar a partir de esa prestación. Frente a esto, cuestionó la falta de una reglamentación clara sobre las responsabilidades de cada nivel del Estado. “No puede el municipio decir que solamente nos ocupamos de ver si están dadas las condiciones edilicias”, planteó, y criticó que las responsabilidades terminen trasladándose entre las autoridades provinciales y municipales mientras ocurren hechos de extrema gravedad.
La abogada remarcó que Mar del Plata es una de las principales ciudades del país en cantidad de adultos mayores y consideró que el problema merece una atención especial. “Vivimos en una sociedad muy violenta, muy violenta, y yo creo que estos hechos suceden más de lo que cada uno puede creer que sucede”, advirtió, aunque aclaró que no corresponde generalizar sobre todos los establecimientos ni sobre quienes trabajan correctamente en ellos.
Respecto del avance de la investigación, Martorella diferenció el accionar inicial de la policía y de la fiscalía que recibió la denuncia de la posterior intervención del fiscal Carlos Russo. Consideró que hubo una demora inicial al derivarse el caso a una dependencia destinada a hechos de menor gravedad. “Me llama la atención que esa funcionaria policial no haya advertido la gravedad de lo que se estaba denunciando”, señaló.
La abogada destacó que, una vez que la causa llegó a la fiscalía de Russo, la investigación tomó otro rumbo. “Tuvo un actuar impecable”, afirmó sobre el fiscal, y explicó que inicialmente se identificaron dos víctimas, aunque posteriormente se determinó que los distintos episodios de lesiones y coacción correspondían a la misma mujer de 83 años.
La víctima fue trasladada posteriormente a otro geriátrico y, según Martorella, presenta una evolución favorable. “Ella se siente contenida y está bien”, explicó. Sin embargo, relató que ante la presencia de un hombre todavía presenta signos de defensa, una consecuencia que atribuyó al impacto psicológico de las situaciones que atravesó. Además, quienes la recibieron en el nuevo establecimiento detectaron que su estado general de cuidado no era el adecuado para una persona que no puede valerse por sí misma.
En cuanto a la situación procesal de Cichero, el juez de garantías hizo lugar al pedido de prisión preventiva. La defensa oficial, según explicó Martorella, presentó además un pedido de arresto domiciliario, que todavía debe resolverse luego de una serie de medidas, entre ellas una pericia socioambiental sobre el domicilio ofrecido.
La abogada manifestó su rechazo a esa posibilidad y sostuvo que existen riesgos procesales que deben ser considerados. “La pena en expectativa es alta, es elevada”, afirmó, y agregó que una eventual permanencia en libertad podría generar riesgos respecto de los testigos que deberán declarar en un futuro juicio oral.
Finalmente, Martorella cuestionó lo que definió como una tendencia a presentar al acusado como víctima por su consumo de estupefacientes o por sus condiciones de detención. “La victimización del victimario se ve bastante seguido”, sostuvo. En contraposición, pidió que se mantenga la prisión preventiva y que el acusado llegue detenido al juicio oral, donde deberá determinarse la responsabilidad penal correspondiente.
“Celebro que esta persona permanezca detenida. Y rogamos que esto siga así”, afirmó. Para la abogada, la situación de vulnerabilidad de la mujer, tanto por su edad como por su condición de víctima, debe ocupar un lugar central durante todo el proceso judicial.