Luis Leisa, ex intendente de Gualeguaychú, hoy abogado y apoderado de la Asamblea Ambiental de esa ciudad, habló con la 99.9 y criticó al Gobierno por haber ocultado información sobre la contaminación de Botnia. “Este correr el telón hace que muchos confirmen lo que nosotros veníamos sosteniendo desde hace tiempo atrás. Pero, por otro lado, hay que advertirle a la gente que acá hay una actitud omisiva muy fuerte del Gobierno Nacional, que ahora parece reaccionar o despertarse”, sostuvo.
Ayer, la Cancillería argentina admitió que manejaba información privilegiada sobre el daño ambiental producido por Botnia y que la ha estado ocultando a la ciudadanía hasta el presente. El ex intendente de Gualeguaychú dialogó con la 99.9 y declaró que, según su opinión, es evidente que los funcionarios tenían esta información hace mucho tiempo y recién ahora la dan a conocer. “La contaminación acumulativa de Botnia no se produjo anteayer o esta semana. Viene desde su propio funcionamiento, porque es una fábrica esencialmente contaminante”, remarcó.
Según cree Leisa, hay una responsabilidad que le cabe a la Argentina y otra a Uruguay, por someter a los fraybentinos a contaminación sabiendo que ocurriría cuando se empezó con este emprendimiento. “Eso habla de un nivel de incomprensión de cuáles tienen que ser los problemas esenciales. Creo que el amparo que siempre se utiliza, la excusa que siempre se menea de que esto genera puestos de trabajo, es un argumento muy difícil de sostener”, advirtió.
También declaró que en Botnia trabajan menos de 300 personas, muchos de ellos finlandeses, porque son empleados que requieren de una alta capacitación para manejar el equipamiento. Hay que tener en cuenta que la fábrica se instaló aguas arriba de la toma del río, donde se produce el agua potable para llevar a los distintos domicilios de una ciudad como Fray Bentos, donde viven entre 25 y 35 mil personas. Durante todo este tiempo. Uruguay se resignó mansamente a recibir con beneplácito una industria que desde los países centrales se expulsa porque se sabe que la fabricación de pasta de celulosa es una de las actividades más contaminantes.
El ex intendente de Gualeguaychú admitió que es positivo que esto se dé a conocer. Pero, por otro lado, recordó que esto habla de la indolencia de un Gobierno Nacional que manejó este tema con afán puramente electoralista. Primero, cuando Néstor Kirchner estuvo allí diciendo que esto era una “causa nacional”; tiempo después, cuando Cristina Fernández de Kirchner denunció a los asambleístas, “que lo único que habían hecho era reclamar pacíficamente y los hizo desfilar por la Justicia de Concepción del Uruguay y de Paraná por delitos que iban desde atentados contra la democracia hasta los más variados en el catálogo del Código Penal”, subrayó Leisa.
Y agregó: “recién ahora, con un resultado electoral que no fue el que esperaban en la provincia de Entre Ríos y menos en Gualeguaychú, donde perdieron, aparecen con toda esta problemática como sorprendiéndose de que ahora se está afectando la soberanía ambiental, utilizando las palabras que tomó Timerman. La soberanía ambiental viene siendo afectada desde que Argentina actuó ligeramente frente a esta problemática. Los dejó avanzar. Nosotros siempre expresamos que esta problemática era compleja, que tiene un entramado difícil. Hay que decir que Uruguay tiene muy lindas playas, que es muy buena gente, pero acá claramente violó el Estatuto del río Uruguay de 1975 disponiendo de un curso binacional como si fuera propio”. Luego abundó, “lo que pasa es que acá se agigantan las figuras uruguayas sin entender que ahí también hay intereses; y sin entender que el propio fiscal Viara, un fiscal montevideano, denunció muchas veces en la causa y que, en soledad, viene luchando. Planteó que esta empresa no debía instalarse allí, y hoy es una causa que está adormecida sin que avance en los tribunales orientales”.
Probablemente este sea el conflicto ambiental más importante que tiene que enfrentar la Argentina en estos últimos años.