El subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, cuestionó la falta de acción de las autoridades frente a hechos de violencia, apuntó contra los paros prolongados y reclamó mayor responsabilidad en el uso de recursos públicos.

El subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, cuestionó con dureza el funcionamiento actual de las universidades públicas, al advertir sobre la falta de respuestas ante hechos de violencia, la proliferación de paros “políticos” y la ausencia de criterios objetivos en la asignación de recursos.
En diálogo con la 99.9, Álvarez se refirió al episodio ocurrido en la Universidad Nacional de Mar del Plata y señaló que no obtuvo respuestas concretas de las autoridades: “No, ninguna. Hizo un tuit alegórico que ni siquiera nos arrobó a nosotros, reafirmando su compromiso con ideales abstractos, pero sin tomar ninguna medida concreta, o por lo menos no la comunicó”.
Para el funcionario, el problema radica en la falta de decisión política dentro de las casas de estudio: “Muchos rectores son gente muy bien intencionada, pero que no tiene a veces los instrumentos o la voluntad política que implica confrontar con elementos antidemocráticos que se han instalado dentro de las universidades”.
En ese sentido, recordó que la legislación vigente establece un régimen particular que incrementa la responsabilidad de las autoridades universitarias: “De acuerdo a la ley, las fuerzas de seguridad no tienen autoridad dentro de las universidades. Por lo tanto, esa responsabilidad recae 100% sobre la autoridad, que debe arbitrar los medios para garantizar la seguridad de todas las personas”.
Álvarez remarcó que la autonomía universitaria no puede ser utilizada como excusa: “Ellos se amparan en la autonomía, pero no leen la otra cara, que es la responsabilidad que tienen. Yo se los recuerdo sistemáticamente, porque estamos dispuestos a obligarlos a cumplir con esas obligaciones”.
Además, vinculó los conflictos actuales con la presencia de sectores que, según su visión, ejercen presión dentro del sistema: “Esto no estaba en discusión en la medida que ellos tienen un modus vivendi con la izquierda violenta. Pero cuando ese esquema es cuestionado, aparecen los problemas”.
En paralelo, cuestionó con dureza las medidas de fuerza que afectan el dictado de clases: “Estamos viendo paros que son totalmente políticos, que buscan desgastar al gobierno”. Y agregó: “Votaron una ley imposible, que regala dinero de manera abierta sin prever de dónde lo van a sacar, con un impacto absolutamente destructivo del plan económico”.
El subsecretario también apuntó contra decisiones institucionales que, según indicó, profundizan el conflicto: “Hoy tenemos un paro total en la Universidad de Buenos Aires, pero porque lo decidió la autoridad. Soy docente, y me llegó un mail diciendo que la universidad va a estar cerrada”.
Para Álvarez, esto configura una situación irregular: “¿Es un lockout patronal, un paro gremial o las dos cosas al mismo tiempo? Porque las autoridades son a la vez docentes, sindicalistas y actores políticos”.
Uno de los puntos más críticos, según explicó, es la pérdida de días de clase: “El Estado Nacional ha pagado días de clase para que los estudiantes tengan clases, y ellos se lo han impedido una, dos, tres veces. No pueden organizar paros de una semana completa empalmados con fines de semana largos, porque terminan siendo casi 15 días sin clases”.
En cuanto al financiamiento universitario, Álvarez sostuvo que el sistema actual carece de racionalidad: “La ley dice que nunca se le puede dar menos presupuesto que el año anterior. Pero nosotros queremos que responda a pautas objetivas: cantidad de alumnos, docentes, situación edilicia”.
Sin embargo, denunció que históricamente no ha sido así: “Si revisás cómo se construyó el presupuesto, nunca responde a criterios objetivos, sino a la capacidad de lobby sobre los legisladores. Es una racionalidad de 25 años que es una locura”.
También cuestionó la estructura interna de las universidades: “Tenemos carreras con un solo alumno y un cuerpo docente completo. Como esos docentes votan, ningún rector tiene incentivo para revisar carreras obsoletas”.
Finalmente, insistió en la necesidad de cambios profundos: “No queremos cerrar universidades ni que dejen de ser gratuitas. Pero no pueden ser el coto privado de los partidos políticos. Tiene que haber transparencia y racionalidad del gasto, y hoy no hay ninguna de las dos”.