Así lo señaló en la 99.9 el vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), explicando los impuestos que recaen sobre el crédito en la actualidad.
En medio de las políticas que despliega el gobierno, la baja de impuestos ha sido algo que sucedió pero no en la medida esperada todavía. Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), señalaron que las actuales condiciones de crédito en el país, no terminan aliviando la situación de los sectores más vulnerables.
El vicepresidente de la entidad, Armando Farina, habló al respecto en la 99.9 explicando que “el mayor problema es la carga impositiva que tienen las personas físicas con los créditos que toman y que no tienen manera de recuperar esos impuestos, porque son todas retenciones que les cobran, aparte de los impuestos al IVA, y eso les encarece normalmente. Supongamos que tiene $100 de intereses, a eso tiene que sumar el 21 de IVA, ya estamos en 121. Le tiene que sumar el impuesto a los débitos y créditos, ya estamos en 123,20. Le tiene que sumar del nueve al 15 % de Ingresos Brutos, lo cual depende en la provincia en donde esté, ya estamos en $140. Y después también le tiene que sumar las retenciones de ganancias que le hagan, como si el crédito fuera una ganancia. Eso le hace a cualquier persona física el crédito prácticamente inviable e impagable y ni hablar cuando con ese crédito uno va a consumir cosas que ya tienen una carga impositiva, que ya la hemos hablado del pasado, de que cada $1000, $490 son impuestos. La pregunta es si realmente queremos bajar la pobreza e indigencia en la Argentina dando créditos a personas físicas necesitadas y cobrándoles todos estos impuestos que son retenciones que ellos no pueden recuperar. ¿Tiene algún realmente algún sentido? ¿O estamos dándole un salvavidas de plomo?”.
Para CADAM lo importante es que estos temas aparezcan en la agenda cotidiana de la política, algo que claramente no sucede: “lo que estamos buscando de alguna manera es que estas cosas que están ocultas, sean un tema que entre en debate de la opinión pública y de la política porque son cosas que se han distorsionado totalmente en el tiempo y que nos han llevado los índices de pobreza del 57 % con los que hemos terminado en 2023”.
Además, pidió que las provincias y los municipios se sumen a la ley nacional, algo que todavía no pasó y que complica aún más la situación: “estamos pidiendo es que tanto provincias y municipios suscriban, porque si no todas estas cosas ocultas que están detrás de los precios, nunca se van a saber y eso es lo que necesitamos, porque la ley es nacional, pero hasta ahora las provincias no están suscribiéndola”.