El presidente de EE UU toma medidas para reducir la violencia con armas de fuego, que califica de “epidemia”.
El presidente de EE UU, Joe Biden, anunció este jueves que ha llegado la hora de frenar “la epidemia” de violencia generada por las armas, que considera una “vergüenza nacional”. El mandatario lanzó un paquete de medidas que, entre otras cosas, busca endurecer el control de la venta de kits para fabricar en casa armas sin número de serie. La iniciativa se produce mientras la legislación más ambiciosa —sobre las armas de asalto, por ejemplo— está estancada en el Congreso.
Los intereses partidistas han impedido hasta ahora que en el Congreso se tomen medidas más contundentes. Biden no parece dispuesto a forzar el cambio de manera unilateral, pero sí a tomar una serie de iniciativas que, aunque más limitadas, son al menos un punto de partida. En una declaración en la Casa Blanca, el presidente dijo que ya había habido suficientes “oraciones” y que era hora de “actuar”.
En el día 78º de su presidencia, el dirigente asumió que el debate sobre las armas era “difícil” de mantener en el país, pero que como nación había llegado la hora de combatir los tiroteos indiscriminados. El mandatario quiso recordar que entre la matanza de Atlanta (Georgia), del pasado 16 de marzo (ocho muertos), y la de Boulder (Colorado) el día 22 del mismo mes (10 muertos), en Estados Unidos se han registrado 850 incidentes con armas, en los que murieron 250 personas y 500 resultaron heridas. “Basta ya, basta”, repitió hasta la saciedad el demócrata durante su intervención.
Cerca de 40.000 personas mueren al año en Estados Unidos víctimas de las armas. Según datos de la Administración norteamericana, 2020 marcó un récord en homicidios provocados por armas en Estados Unidos, donde hay más de 400 millones de armas en manos de ciudadanos de a pie (sobre una población que supera en poco los 330 millones de habitantes).
Ante la inactividad de un Congreso que no se pone de acuerdo para legislar al respecto, Biden anunció una serie de acciones ejecutivas destinadas a problemas concretos. Por ejemplo, y en primer lugar, la Administración quiere frenar la proliferación de las conocidas como ghost guns (armas fantasma), o armas de fabricación casera. Se trata de kits que permiten montar, en poco más de media hora, un arma de fuego —a partir de un juego de piezas— que no se puede rastrear por carecer de número de serie.
El presidente ha ordenado al Departamento de Justicia que presente en 30 días un plan para “ayudar a frenar el incremento” de este tipo de armamento.
Como segunda medida, la Casa Blanca pidió al Departamento de Justicia que establezca un modelo de legislación llamado de “bandera roja” (red flag) para los Estados. El objetivo es permitir a los familiares o a las fuerzas del orden solicitar una orden judicial que prohíba, temporalmente, a las personas en situación de crisis el acceso a las armas de fuego si representan un peligro para ellas mismas o para los demás.
En tercer lugar, el presidente demócrata declaró el incremento de la financiación de las iniciativas destinadas a reducir la violencia urbana en Estados Unidos, con una dotación para diversos programas por valor de 5.000 millones de dólares (4.200 millones de euros) en los próximos ocho años.
Biden se comprometió durante la campaña a tomar medidas contundentes para endurecer el control de las armas. Uno de los principales obstáculos es la oposición de quienes consideran que se vulnera la Segunda Enmienda de la Constitución, redactada en 1791, poco después de la guerra de independencia, y que nada tiene que ver con el hecho de que en las calles del país puedan usarse hoy armas de asalto que contienen hasta 150 balas.
“Nadie necesita un arma tan poderosa en sus manos”, dijo Biden, que pidió hace unos días prohibir este tipo de armamento de capacidad militar.
Durante la campaña, Biden —defensor a ultranza de la ley que durante 10 años (entre 1994 y 2004) prohibió el uso de armas de asalto fuerza del ámbito de las fuerzas de seguridad— prometió reactivar esa legislación, así como el veto al comercio de armas en internet.
Pero el mandatario es consciente de que el Congreso no actuará con celeridad para sacar adelante tan titánica labor. De ahí los planes de la Casa Blanca de comenzar la andadura legal en el terreno de las armas —tan propio del ADN estadounidense— legislando a golpe de acción ejecutiva sobre temas limitados, pero importantes.
Las acciones ejecutivas son diferentes de las órdenes ejecutivas, estas últimas se publican en el conocido como Registro Federal, son de obligado cumplimiento y dan a los presidentes el poder de dictar directivas de forma unilateral. Las acciones ejecutivas, sin embargo, son una llamada de atención de la Casa Blanca sobre un problema para que se pase a la acción.
Nuevo director de la oficina para el control de armas
Biden anunció también este jueves su candidato para dirigir la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés). Se trata de David Chipman, un veterano exagente de este organismo que en los últimos años ha defendido desde el sector privado mayores controles sobre las armas.
Su confirmación, que depende del Senado, es una de las más complicadas. Desde 2006 es necesario contar con la aprobación de la Cámara alta para el nombramiento del director de la ATF y, desde entonces, ha estado siempre gestionada por directores pendientes de confirmación. En 2011, Barack Obama propuso a Byron Todd Jones para el puesto y no fue ratificado por el Senado hasta 2013 (durante ese periodo ejerció sin confirmación). Desde que dejó el cargo, en 2015, sus dos sucesores tampoco han sido confirmados.