Un capitán rumano arrojó a alta mar polizones congoleños maniatados. Nunca fue juzgado.
El capitán de un buque comercial acusado de ordenar la muerte en alta mar de cuatro polizones congoleños, que fue procesado en Rosario hace siete meses junto a otros cinco tripulantes de la nave, no afrontará ningún juicio. En noviembre último, mientras estaba preso en el pabellón de extranjeros de la cárcel de Ezeiza, le detectaron un cáncer de colon que se le ramificó en el aparato digestivo, por lo que debió ser internado. Tras ello, una serie de incidentes sobre la incumbencia del juicio determinó que Rumania, país originario del capitán y del primer oficial de la nave, aceptaría la competencia para continuar con el trámite legal. Hacia allí partió entonces este marino mercante, para afrontar el juicio. Pero sus condiciones de salud ocasionaron su muerte en pleno vuelo hacia Londres, donde debía hacer escala.
Los vaivenes de aquel drama extremo en alta mar dejaron una marca inexorable en Florin Filip, un hombre sometido a penurias y emociones traumáticas durante los últimos ocho meses de su vida. Con 55 años, era el capitán del buque RM Power, un navío de bandera de las Islas Marshall que partió en julio de 2013 de la República del Congo con destino a la terminal portuaria de la empresa Dreyfus, en Arroyo Seco, para cargar 39 mil toneladas de maíz a granel. Apenas iniciada la travesía, cuatro polizones congoleños fueron descubiertos en la proa de la nave, en el nivel tres por debajo de la cubierta, según un reporte interno de navegación. Lo que pasó allí solo lo saben quienes estaban en la embarcación. Pero el relato que surgió después da cuenta de un tratado sumarísimo de crueldad humana.
Un pedido de alerta. El 7 de julio pasado, cinco de los seis marineros filipinos que integraban la tripulación pidieron renunciar y ser repatriados en el siguiente puerto de visita del buque. Cuando la empresa WEM Lines SA, a la que pertenece el buque, le preguntó al capitán las causas de la deserción, Filip respondió inicialmente que los marineros no se sentían bien en la nave y querían rescindir sus contratos.
La firma naviera consignó que, tras la insistencia para que explicara los difusos motivos, el capitán rumano aceptó que un día después de partir del puerto congoleño de Banana habían descubierto a cuatro polizones a bordo y que los habían arrojado al mar y por la borda por una orden suya. Filip afirmó que había sido un terrible error de su parte, que él se encontraba a cargo de toda la operación y que no podía entender lo que había hecho ni explicar las razones.
Ya en tierra, uno de los marinos del buque explicó durante el inicio del proceso judicial en Rosario los motivos posibles de semejante atrocidad. “Si realmente se mató a esas personas, se hizo por plata, porque cuesta 30 mil dólares el regreso de una persona desde Argentina al Congo, y en este momento la empresa está con problemas económicos”, dijo Iulian Berbec, un miembro de la tripulación que no fue acusado. Los costos de la remisión de una persona a su país de origen quedan a cargo de la empresa naviera y su aseguradora.
Cuando esta situación fue descubierta, la Prefectura Naval en Rosario avisó a la Justicia Federal. Por estar de turno, intervino el juez Carlos Vera Barros, quien entendió que los crímenes cometidos en alta mar, según jurisprudencia nacional, corresponden a la jurisdicción del primer puerto al que arribe el buque. En ese contexto, por el caso quedaron implicados los dos rumanos encargados del buque y cuatro marinos filipinos de la tripulación.
Competencias. Por todo lo acumulado en las actuaciones, un mes después de la denuncia el juez Vera Barros procesó a los seis marinos mercantes por homicidio calificado por la alevosía y el concurso de más de dos o más personas. No pudo tener por acreditada la circunstancia de que los polizones, de identidad no establecida, hubieran sido arrojados al mar sin salvavidas, atados de pies y manos y con cinta en la boca, como fue señalado por algunos testimonios. Pero el juez consideró que los lanzaron desde cubierta en estado de indefensión y sin elementos para sobrevivir.
Tras el procesamiento, los defensores oficiales de los acusados, Federico Tshopp y Carlos Zürcher, apelaron la competencia de Vera Barros. La Sala A de la Cámara Federal de Rosario, integrada por Liliana Arribillaga, Carlos Carrillo y Fernando Barbará, les dio la razón. El tribunal dictaminó que el juez Vera Barros no tenía jurisdicción para actuar aunque no objetó su investigación. Esta, incluso, fue reconocida por el representante diplomático de la Embajada de las Islas Marshall en Estados Unidos en una nota donde declinaron la comptetencia para investigar el incidente, señalando que el lugar más apropiado para realizarla era en los países de los acusados, es decir, Rumania y Filipinas.
Todo esto supuso una febril tramitación para interesar a los países de origen en intervenir judicialmente en el caso, mientras los seis detenidos estaban en la cárcel de Ezeiza. El planteo de la defensa siempre fue que la causa impulsada por el fiscal Mario Gambacorta debía ir al archivo por faltas de pruebas. Nunca hubo en su criterio elementos para acusar: los polizones existieron en un relato, nunca se los identificó, no existen cuerpos ni testigos de cargo, ni otra referencia más que la remisión de un cable donde el capitán informó del suceso.
En vuelo. Cuando la Cámara Federal definió que Vera Barros era incompetente, cayeron los motivos para que los imputados estuvieran detenidos y se fijó para la excarcelación una fianza de 100 mil pesos. Los familiares del capitán Filip Florín y del primer oficial Robert Racovita llegaron desde Rumania a la Argentina para depositar esa caución.
Un poco antes, el 15 de enero, Rumania aceptó la potestad para realizar el juicio por el incidente de alta mar. Pero advirtió que se revisaría lo actuado judicialmente en Rosario para determinar si había motivos para abrir un proceso judicial y reclamó que sus connacionales debían regresar para comparecer.
La primera audiencia a tal efecto se realizará mañana en los Tribunales de Constanza, la tercera ciudad del país europeo, donde la causa penal está identificada con el número 23/P/2014. Pero solo estará Racovita, ya que Florín murió en vuelo.
La familia de Filip llegó a la Argentina y se hospedó en un alojamiento arreglado por la embajada de su país. Desde aquí siguieron sus graves contratiempos de salud hasta que se dirimió el trámite penal y tanto a él como a Racovita les permitieron regresar a Rumania. El 19 de febrero se dejó sin efecto la prohibición para que los seis miembros de la tripulación salieran del país, y tres días después los dos comandantes rumanos del RM Power partieron hacia Londres en un vuelo que tenía como destino final Bucarest. Pero Filip murió antes del aterrizaje en la capital británica.
Los cuatro filipinos procesados también pudieron dejar el país. Son Stephen Libo-On Nalumen, Harvey Poquidta Baladjay, Vicente Eclepsi Siguan y Ryan Comanda Lagumbay. Desde Filipinas nunca se reclamó legitimidad para intervenir en el proceso judicial. Argentina perdió contacto con ellos y difícilmente alguien les recrimine el hecho por el cual en Rosario resultaron procesados por homicidio alevoso.