El ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, aseguró que “si iniciativa prospera, dejarán de ser procesos escriturarios”.
El ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, anunció que enviará a la Legislatura un proyecto para que las liberaciones de delincuentes “se determinen en audiencia oral y pública en presencia del fiscal, el defensor y la víctima, y no con la sola firma de un expediente”.
“Si la iniciativa prospera, las excarcelaciones dejarán de ser procesos escriturarios de los que la gente ni se entera”, explicó Casal. Y destacó que “será un avance, porque va a transparentar la acción judicial y la información de la justicia que llegue a la sociedad”.
El funcionario bonaerense aclaró que “la presencia del público en la audiencia será sin participación, porque obviamente la decisión de excarcelar o no será de la justicia, pero tampoco será distante de las víctimas y la opinión pública”.
Además, aclaró que el proyecto “no se trata solamente de control social sino de participación de la ciudadanía en estas decisiones, para que no quede ninguna sospecha de que se aplica exactamente lo que la ley manda”. Y sostuvo que el tema de las excarcelaciones en la Provincia “es el tema más candente, en cuanto a libertades anticipadas. El hecho de que con esta posible reforma se decidan en procesos orales y públicos pone a todos en situación, al fiscal, al defensor, al juez de garantías y, por supuesto, a las víctimas”.
En este marco, manifestó que el sistema judicial bonaerense “debe tener interlocutores que acerquen a la ciudadanía en su concepto, en su mejoramiento y en la formulación de herramientas para dar respuestas sólidas a cada vecino”.
“Concebimos el concepto de descentralización partiendo de esta definición de que la justicia lejos no es justicia, y no es un tema geográfico ni de vías de comunicación, es un tema de empatía de la función judicial con los ciudadanos”, sostuvo Casal.
Asimismo, resaltó que “más allá del resultado, si se pone en marcha, lo sustantivo es que el ciudadano entra por la puerta grande en la evaluación e intervención de las decisiones judiciales sin alterar las normas básicas procesales ni los roles de tribunales populares”.