La abogada de la Dirección de la Niñez contó en la 99.9 el seguimiento que hicieron durante muchos años de la familia que encabezaban Lucía Sosa y Héctor Picart que sufrieron la muerte de dos de sus hijas, una de ellas Yazmín. “Desde hace muchos años este grupo familiar es víctima de un prejuicio”, remarcó.
El caso del fallecimiento de Yazmín, la beba de 11 meses hija de Lucía Sosa y Héctor Picart ha terminado en una determinación judicial que consideró inocentes a los padres del deceso de la bebé. En medio ha quedado una situación expuesta sobre maltratos continuados en un grupo familiar que había tenido sus problemas, pero que según el monitoreo de la Dirección de la Niñez estaba lejos de ser lo que se expuso públicamente.
Así lo afirmó la abogada Cristina Casals en la 99.9: “desde muchos años antes que falleciera Yazmin, este grupo familiar fue víctima de prejuicio y estigmatización. Nosotros teníamos a cargo el acompañamiento de esta familia por los reiterados conflictos que tenían con el Materno Infantil. Nunca quedaban claras si las denuncias eran tan textuales como lo planteaban porque denunciaban que existía alto riesgo social y cuando nosotros íbamos, veíamos que no existía, no había derechos vulnerados para los niños”, comentó inicialmente sobre lo que pudieron constatar.
Al ser la segunda hija que fallece dentro del grupo familiar todo parece más sospechoso, pero la letrada aclaró que hubo una intención puntual del juez Dominoni de exponer este caso de una forma distinta: “han tenido la mala suerte del fallecimiento de dos hijas. Me tocó hacer una nota al director del Materno Infantil para que atendieran a una de las nenas que tenían en brazos con evidentes signos de malestar y no se la querían atender. Cuando sucede lo de Yazmín, el juez Dominoni se encargó de indicar que era una crónica de una muerte anunciada y que el organismo gubernamental sabía que esto iba a pasar, algo que no quisimos responder en medio de una tragedia familiar. Hicimos un informe elevado a la provincia donde dejamos en claro que no había maltrato”, aclaró.
Incluso destacó que ante la fiscalía advirtieron de este tema y María Isabel Sánchez no hizo caso: “presentamos un informe a la fiscalía sobre todo el seguimiento que hicimos y jamás nos llamaron y si lo hicieron con testigos que jamás habían entrado a la casa. La familia reclamaba por sus hijos constantemente y se llegó a decir que los niños estaban judicializados cuando nunca fue así. Hubo en total 11 informes presentados sobre la situación de la familia”, puntualizó.
Lo cierto es que esta decisión del juez ha terminado en que los padres, aún hoy, no puedan estar con sus hijos. “Todos los chicos de la familia nacieron con problemas respiratorios y cuando los llevaban a las salitas, los derivaban al Materno Infantil. Hubo una estigmatización que no podemos explicar de donde sale, se sostenía que había un síndrome de Munchausen que luego negaron. Con ellos hubo un ensañamiento a punto tal que todavía no tienen a ninguno de sus hijos”, finalizó Casals.