La empresaria marplatense Graciela Espósito explicó esta mañana en la 99.9 cuál es la situación actual de la empresa SaltFish S.A., afectada por una extraña maniobra que involucró al presidente del Concejo Deliberante, Ariel Ciano. “Hay incompatibilidad en los cargos y, además, nos pareció fuera de lugar”, destacó.
Las situaciones irregulares en nuestra ciudad están a la orden del día, y se reflejan cotidianamente a través de este medio. Pero cuando hay un funcionario del gobierno de por medio, las cosas toman un tinte más oscuro.
Eso mismo denunció esta mañana en la 99.9 la empresaria Graciela Espósito, de la firma Saltfish S.A., que presentó un recurso judicial contra Diego José Salvatore. “Hacemos una denuncia por administración fraudulenta y vaciamiento de empresa. La iniciamos por una venta que hicieron de una planta después de un fideicomiso, vendiéndola en Mendoza. Después de una medida cautelar que iniciamos en noviembre del año pasado, y que por inconsistencias fue rechazada por el juez Maximiliano Conlángelo, a los 15 días la planta se vendió”, relató.
Este punto los llevó a desconfiar de cómo se podrían plantear las cosas: “la situación nos pareció de mal olor, y hoy estamos en la misma situación. La causa cayó con el fiscal David Bruna y Marcos Pagella, ellos presentaron un expediente el viernes pasado que fue firmado por el Dr. Ariel Ciano. Esto nos pareció muy indignante por la incompatibilidad de los cargos y, además, nos pareció fuera de lugar. No nos van a amedrentar. Si quieren archivar la causa, tampoco lo lograrán porque vamos a seguir. Es una inconsistencia total”.
Extrañamente, la transacción que derivó en la venta se realizó en Mendoza. “Los compradores son de acá y la sociedad está integrada como presidente por Leonardo Espósito, que es solo un homónimo y no tiene relación conmigo; Diego Salvatore y la mamá de éste último. Como en Mar del Plata soy muy conocida dentro de este ámbito, decidieron hacer la venta en Mendoza”, puntualizó Espósito.
En medio del conflicto aparecieron algunas amenazas que hacen pensar que hay mucho en juego: “cuando hicimos la cautelar en el mes de diciembre, me llegó una misiva haciendo referencia al grupo de abogados que estaban haciendo la cautelar, diciéndome que me iban a poner todo usted sabe dónde. También me enteré de que debe haber corrido mucho dinero con este tema”.
Espósito anticipó que nada de esto hará mella en la intención de llevar el tema hasta las últimas consecuencias: “con mi abogado, tomaremos la medida que sea necesaria. El poder político en Argentina provoca este tipo de cosas. Directamente, es la firma de Ariel Ciano. Hay un pedido de los fiscales para que la Municipalidad responda en qué situación se encuentran Saltfish e Ichiban en cuanto a habilitaciones. El mismo pedido se hizo con Senasa y nunca contestaron”.