En el pequeño pueblo agrícola de Beigaoli, en la provincia oriental china de Shandong, los padres tuvieron que sobornar a los maestros del kindergarden para que le permitieran asistir a clases, porque los niños son ilegales, ya que nacieron contradiciendo la política del hijo único.
En represalia, cuando nacieron, los funcionarios locales retuvieron sus documentos de identidad. Sin ellos, no tienen acceso al sistema de salud o a la educación gratuita, no pueden viajar dentro de su país ni usar una biblioteca pública.
A principios de este año, la política del hijo único de China fue flexibilizada, para permitir que algunas parejas tengan dos hijos. Pero hay entre 10 y 20 millones de los niños ya nacidos en violación de la política original que no tienen solución a su situación.
En toda China, solo en 2012 varias familias pagaron más de US$3.300 millones en multas, aunque no está claro a dónde va ese dinero. Los críticos creen que las multas se utilizan como un ingreso adicional para los gobiernos locales.
Los recibos de pago de las multas entregados por los funcionarios comunistas locales no parecen ser documentos oficiales del gobierno, están escritos a mano en pequeños trozos de papel.
En algunas partes de China, quienes violan la política del hijo único pagan multas cuyos montos pueden disminuir si se negocia con las autoridades locales antes de obtener los documentos de identidad de sus hijos.
El equipo de la BBC visitó la oficina de planificación familiar del pueblo, pero nunca hubo nadie disponible para hablar con ellos. Las repetidas solicitudes de entrevistas fueron ignoradas.