El único antecedente en la historia es de ese año. Fue luego de que un diputado matara a otro dentro del edificio. También se aprobará una licencia por 60 días para el presidente de la Cámara baja.
El próximo jueves, en una sesión especial convocada la semana pasada en medio de un sismo político, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires votará el desafuero de su presidente, Manuel Mosca, quien además se tomará licencia por 60 días. El pedido lo impulsó el propio Mosca, para no interferir, explicó, en la tarea de la Justicia, en donde se iniciará una investigación para determinar si cometió abuso sexual contra una joven militante de su espacio político o si en cambio es víctima de una maniobra de extorsión con la amenaza de involucrarlo en una falsa denuncia.
De aprobarse, tal como descuentan por estas horas en el oficialismo y la oposición, será el segundo desafuero en la historia de la Cámara baja de la Legislatura bonaerense en casi un siglo de vida institucional. Sólo una vez se aprobó el retiro de la inmunidad de la que gozan los legisladores y por la cual no pueden ser detenidos por la Justicia. Ocurrió en 1937, luego de que un diputado bonaerense matara a otro de un disparo dentro del propio edificio de la Avenida 53.
La referencia histórica sirve para calibrar el nivel de convulsión que generó en Diputados el escándalo que envuelve a Mosca, quien fue apuntado por un supuesto caso de abuso en una trama que por ahora tiene más hermetismo y secretos que certezas. El joven diputado del PRO, quien llegó al sillón de la presidencia en 2017 con 34 años, anunció el lunes pasado que pediría una licencia por 60 días y el desafuero luego de ir a la UFI 11 de La Plata para que se investigue una supuesta maniobra de coacción en su contra. Extraoficialmente, en su entorno se dijo que Mosca venía siendo víctima de un intento de extorsión desde fines del año pasado por parte de una persona que amenazaba con involucrarlo en un caso de acoso sexual.
A las pocas horas se conoció otra dimensión de la historia. Dos días antes de que Mosca fuera a la Justicia, es decir el sábado 27 de abril, una mujer había efectuado una presentación ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación en la que dijo haber sido víctima de distintas situaciones de abuso de índole sexual por parte de Mosca cuando ambos compartieron actividades en la campaña proselitista de 2015. Todos los datos se conocieron a través de información filtrada por el entorno de la víctima, de quien trascendió que es una militante del interior bonaerense identificada por las iniciales V.A.. Desde la Corte no hubo ninguna confirmación oficial, ni se conoció si esa presentación había derivado en una causa en la Justicia.
Será el segundo desafuero que se vote en Diputados en casi un siglo de vida institucional
La noticia generó un terremoto político. Antes de denunciar a Mosca, la víctima, trascendió, había tomado contacto con dirigentes de primera línea del PRO, entre quienes se mencionó a Laura Alonso, de la Oficina Anticorrupción. Además, de acuerdo a información confirmada por fuentes de la Gobernación, fue recibida por María Eugenia Vidal.
Desde entonces, y con Mosca recluido en su casa porteña, en la Cámara un grupo de funcionarios de Presidencia y legisladores del oficialismo abrieron negociaciones para que el cuerpo vote cuanto antes la licencia y el desafuero. La idea es sacar al dirigente de Bolívar del centro de la escena, para lo que se apuraron a convocar una sesión especial para el próximo jueves. En Cambiemos, el bloque acompañará unánimemente, igual que buena parte de la oposición. Sólo hay un planteo del massismo, desde donde dicen que la licencia es improcedente al no haber una denuncia formalizada. “Si la Justicia lo investiga y hay elementos que lo involucren, lo que corresponde es que renuncie, no que pida licencia”, dicen en el massismo. El kirchnerismo, en tanto, no votará el desafuero.
ANTECEDENTE HISTÓRICO
En la historia reciente de la Cámara baja, desde el retorno de la democracia a esta parte, hubo pocos casos de legisladores que hayan pedido su desafuero, es decir, que se le retire la inmunidad que impide que sean detenidos. Y todos fueron rechazados en distintas instancias. La Legislatura mantuvo así lo que parece una tradición. Salvo casos excepcionales, ningún planteo de esa naturaleza logra progresar en la Legislatura donde se aplica el mismo criterio que en el Congreso: los fueros son del cuerpo legislativo, no del legislador en sí mismo para que pueda renunciar a ellos.
El último caso mediático fue el del ex camporista José Ottavis, quien anunció que iba a pedir su desafuero para no obstruir en la investigación que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadio por corrupción en la adjudicación de obra pública durante el gobierno kirchnerista. Fue a mediados del año pasado, pero el diputado hoy aliado al massismo nunca ingresó formalmente a la cámara un expediente en ese sentido.
El que sí llegó a debatirse en el recinto fue el pedido de desafuero que presentó en 2008 el ex diputado de la Coalición Cívica Abel Miguel, quien enfrentaba un inminente juicio por presunto enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales cuando había estado al frente de la intendencia de Junín. El cuerpo lo rechazó y lo mandó a comisión, apelando cuestiones constitucionales para no aceptar un planteo de esa naturaleza.
Para encontrar un caso de desafuero de un diputado provincial hay que remontarse unos 80 años en el tiempo. Y no fue por motivos pueriles. Fue luego de que un diputado matara a otro de un disparo dentro del propio edificio, lo que obligó a la Cámara a sesionar de urgencia para que la Policía pueda llevar detenido al legislador homicida.
El caso ocurrió el 15 de diciembre de 1937 cuando cerca de las tres de la tarde el diputado radical Mario Bessone se cruzó en los pasillos con su colega conservador Fortunato Chiappara (h). Ambos provenían de la Sexta sección electoral, de donde traían una vieja disputa de pago chico. Según el relato de los testigos, Chiappara empujó a Bessone, quien reaccionó llevando a los empellones al conservador hasta la oficina de mayordomía. Allí, el conservador amagó a sacar un revolver que no tenía. El que sí tenía un arma era Bessone, que le pegó seis tiros a su viejo enemigo.
Los tiros alertaron al personal policial del Senado, que encerró a Bessone en una oficina para detenerlo por su crimen y también para protegerlo de la ira de los compañeros del bloque demócrata nacional de Chiappara. Bessone -que era radical yrigoyenista- tenía fueros, de manera que los diputados sesionaron un par de horas después del trágico hecho para quitárselos. Con la presencia de 50 diputados de la mayoría conservadora, la Cámara procedió a desaforar al legislador que entonces sí pudo ser interrogado y detenido formalmente por el juez Cotti de la Lastra. Chiappara, en tanto, fue trasladado al sanatorio Cometto, donde murió horas después del ataque.