El Gobierno etíope lo extenderá durante al menos seis meses con el objetivo de frenar la expansión de las protestas en la regiones de Oromia y Amara.
El primer ministro etíope, Hailemariam Desalegn, acentuaba aún más su habitual semblante autoritario mientras se dirigía a la nación desde el principal canal de televisión EBC (Ethiopian Broadcasting Corporation): “El estado de emergencia ha sido declarado ya que la situación plantea una amenaza contra el pueblo, además de para los proyectos de infraestructura, instituciones educativas, centros de salud y edificios de la administración y justicia”, comunicó este domingo por la mañana.
Es la primera vez en 25 años que Etiopía declara el estado de emergencia, que mantendrá durante seis meses, según han informado medios locales, para frenar la expansión de las protestas en las regiones de Oromia y Amara, las más importantes del país. Con el bloqueo de las principales carreteras dentro y fuera de Adís Abeba, la capital etíope, los manifestantes han confirmado que “no darán marcha atrás”.
La declaración se produce meses después de múltiples protestas contra el Gobierno por miembros de los dos grupos étnicos más grandes del país: los oromo (que suponen el 34,4%) y los amhara (el 27%).
La semana pasada, la celebración religiosa de Irrecha -similar a un acción de gracias- en Bishoftu, situado en la región de Oromia, a 60 kilómetros de la capital etíope Adís Abeba, se convirtió en un campo de batalla al producirse varios enfrentamientos entre la policía y manifestantes.
Durante la festividad, que congregaba a más de dos millones de personas, se produjo una protesta espontánea contra el Gobierno que la policía disolvió con gases lacrimógenos y balas de caucho. Según ha relatado un periodista de AP que se encontraba presente, una multitud alzó los brazos con las muñecas cruzadas, un gesto común en las protestas contra el Gobierno que se ha utilizado como señal de resistencia pacífica y que ya utilizó el maratonista etíope Feyisa Lilesa en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Ése fue el punto de inflexión que hizo que la tensión entre manifestantes y representantes políticos y religiosos se avivase, hasta producirse una estampida que causó la muerte de más de 55 personas que trataban de huir. Desde entonces, la violencia se ha intensificado a lo largo del país, donde cientos de personas han muerto en los últimos meses y miles han sido detenidos, según han declarado grupos de derechos humanos.
Por su parte, el Gobierno etíope ha acusado a Eritrea y Egipto de armar, entrenar, y financiar a los grupos que han causado los disturbios, según ha dicho este lunes en una rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Getachew Reda. En su discurso, ha dicho que tanto Eritrea, -con quien Etiopía tiene una larga disputa a causa de sus fronteras- como Egipto -con quien comparte las aguas del Nilo-, estarían implicados en los disturbios actuales, se hacía eco la agencia de noticias Reuters.
Sin embargo, Reda ha huido de ser directamente crítico con el Gobierno egipcio: “Tenemos que tener mucho cuidado de no culpar necesariamente a un gobierno u otro. Hay todo tipo de elementos en la clase política egipcia que pueden influir en las protestas pero no estar directamente vinculados con el Gobierno egipcio”, ha asegurado.
Por su parte, Egipto emitió un comunicado la semana pasada en el que negaba estar entrometiéndose en los asuntos de Etiopía. “Egipto respeta firmemente el principio de no interferencia en los asuntos internos de otros países”, dijeron desde el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Diversidad de protestas y represión continuada
La queja principal de los oromo y los amhara, que juntos representan alrededor del 60% de la población, es que el poder y las fuerzas de seguridad están en manos de una pequeña élite, los tigray -o tigré-, que conforman el 6,1%.
Las manifestaciones contra el Gobierno comenzaron en noviembre entre los oromo y, más tarde, se extendieron a los amhara y se centraban en los derechos sobre las tierras que habían sido expropiadas para dar paso a la agricultura comercial. Más de 150.000 oromos fueron desplazados de sus tierras y se quedaron de la noche a la mañana sin posibilidad de explotar sus terrenos. Posteriormente se ampliaron las peticiones de derechos políticos, económicos y culturales en un país tradicionalmente castigado por las hambrunas, acentuadas especialmente durante este ultimo año tras el paso del fenómeno El Niño a finales de 2015.
Por otro lado, los musulmanes, el 6,2% de origen somalí, están descontentos por la imposición de líderes aprobados por el Gobierno. Según ha informado la BBC, los manifestantes han atacado a las empresas extranjeras que operan en el país y han “amenazando la reputación de Etiopía como una economía en crecimiento”.
Human Rights Watch (HRW) denuncia que al menos 500 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad desde el inicio de las protestas en noviembre, mientras que el Gobierno asegura que las cifras están infladas y niega la violencia sistemática de las fuerzas de seguridad.
Las últimas elecciones de 2015 otorgaron a la gran coalición gobernante 546 de los 547 asientos del Parlamento, un resultado criticado por las escasas voces de oposición y por la opinión internacional.
Desarrollo económico, estancamiento en derechos
Aunque Etiopía aparece en los últimos análisis de desarrollo como uno de los países más emergentes y con más posibilidades del continente, -de hecho es el único país subsahariano que posee una línea urbana de metro ligero-, el desarrollo económico no va de la mano del de los derechos humanos.
Poco o nada ha cambiado desde aquella rueda de prensa conjunta de Desalegn con Barack Obama a finales de julio de 2015, única aparición del primer ministro etíope ante la prensa en donde esquivó varias preguntas incómodas acerca de la ausencia de libertades y represión en el país.Obama fruncía el ceño y daba una de cal y otra de arena al representante de Etiopía, pues el país se encuentra en una posición estratégica conveniente para Estados Unidos: fronterizo con Somalia, Kenia, Sudán del Sur y Djibouti -actual base militar estadounidense- y a tiro de piedra de la península arábiga.
Los informes de 2015 de Amnistía Internacional y HRW coincidían en que las promesas de mejora de las libertades de expresión y de la promoción de los derechos humanos apenas habían tenido efecto. “Las autoridades continúan utilizando detenciones arbitrarias y juicios de motivación política para silenciar a periodistas, blogueros, manifestantes y presuntos partidarios de los partidos de oposición”, explicaba la organización HRW en su informe anual. Además, resalta que las fuerzas de seguridad responden a las protestas pacíficas “con fuerza excesiva, tortura y malos tratos”, sin que haya investigación adecuada de las denuncias de abusos por parte del Gobierno.