La abogada Fernanda Alaniz, representante del padre de la adolescente asesinada, aseguró que tras acceder a gran parte del expediente reforzó su convicción de que debe investigarse el círculo cercano de la madre. También cuestionó decisiones judiciales previas, reclamó nuevas medidas de prueba y sostuvo que “la cadena de responsabilidades es mucho más amplia” que los acusados actualmente detenidos.

La investigación por el crimen de Agostina sigue sumando interrogantes y derivaciones. Tras el levantamiento del secreto de sumario, la abogada Fernanda Alaniz, representante legal del padre de la joven, afirmó en diálogo con la 99.9 que el análisis del expediente fortaleció su postura respecto de la necesidad de profundizar la investigación sobre el entorno materno de la víctima.
“Soy insistente en que hay que investigar este círculo de gente, puntualmente de la mamá, porque fue su entorno quien acabó con la vida de Agostina, no fueron otras personas”, sostuvo la letrada. Aunque aclaró que todavía no ha podido estudiar la totalidad de la causa debido a su volumen, señaló que tras revisar gran parte de las actuaciones “insisto aún más con esto y estoy pidiendo nuevas medidas sobre personas que estaban en la casa en el momento que se cometió el hecho”.
Entre esas personas mencionó particularmente a Marianela, pareja de uno de los principales implicados. “La mujer oficial, la que vivía en la casa con la hija de Barrelier. Yo ya vengo insistiendo hace bastante tiempo que esta mujer tendría que estar imputada”, afirmó.
Alaniz también se refirió a las distintas líneas de investigación abiertas a partir del caso y consideró que el asesinato de Agostina dejó al descubierto una trama de delitos más amplia. “El crimen de Agostina ha destapado una olla de delitos importante, muy importante”, señaló. Sin embargo, aclaró que por el momento no existe prueba directa que vincule las actividades ilícitas que se desarrollaban en determinados ámbitos con el homicidio en sí. “No consta en el expediente que esté vinculado directamente lo que pasaba en ese lugar con el crimen. Todavía no hemos podido dar con eso”, explicó.
La abogada remarcó que en distintas causas aparecen repetidamente los mismos nombres. “Se repiten personajes, pero son diferentes historias”, indicó, al tiempo que señaló que algunos de esos individuos aparecen involucrados tanto en la investigación por el femicidio como en otras causas paralelas.
Uno de los aspectos más duros de sus declaraciones estuvo vinculado al rol de la madre de la adolescente. Alaniz sostuvo que Agostina vivía dos realidades completamente distintas y cuestionó fuertemente la exposición a ambientes que consideró impropios para su edad. “Era un contraste bastante amplio en relación a la vida que ella tenía con su padre hasta septiembre de 2025”, expresó.
En ese sentido, consideró que la joven fue introducida prematuramente en una vida adulta. “La llevó a una vida adulta que no correspondía con su desarrollo natural y eso para mí es sumamente reprochable y repudiable”, afirmó. Aunque reconoció el dolor que implica la pérdida de una hija, remarcó que “la responsabilidad es la responsabilidad” y sostuvo que la madre deberá preguntarse “qué hizo bien y qué hizo mal en la crianza, por qué la puso en este contexto y por qué la llevaba a estos lugares”.
Para la letrada, el caso debe servir como advertencia. “Espero que sirva esto también para otras madres o padres que tengan este mismo tipo de conductas que pueden llevar a sus hijos a la muerte”, expresó.
Alaniz fue más allá al hablar de una “cadena de responsabilidades” que excede a los autores materiales del crimen. “Acá la cadena de responsabilidades es más amplia. No se termina con Barrelier, ni con Andriani, ni con Fasseta. Hay mucho más implicados que la mataron una y otra vez”, sostuvo.
Incluso cuestionó decisiones judiciales previas que, a su criterio, facilitaron el desenlace fatal. “La empieza a matar el fiscal que libera a la bestia en 2025, porque este tipo estaba preso”, afirmó, en referencia a uno de los imputados. Según explicó, el acusado había estado detenido por una causa que incluía privación ilegítima de la libertad agravada por violencia de género y una tentativa de abuso sexual.
Respecto del levantamiento del secreto de sumario, Alaniz aclaró que existe una orden expresa para evitar la difusión de información sensible. “Tenemos una orden judicial directa al Ministerio Público Fiscal de no divulgar ningún tipo de información”, indicó. Explicó además que el expediente se encuentra accesible para las partes, pero no es público. “No podemos mostrar fotos, no podemos leer una testimonial ni decir algo textual”, detalló.
No obstante, reconoció que las filtraciones son difíciles de evitar. “Fisuras va a haber, somos un montón de participantes en la causa. Somos varios abogados, también hay peritos, entonces por algún lado se va a filtrar”, admitió.
Finalmente, al ser consultada sobre eventuales derivaciones políticas del caso, prefirió la cautela. “Esto salpicó para todos lados porque teníamos distintos escenarios criminales y los mismos personajes”, explicó. Aunque señaló que en otras investigaciones paralelas podrían surgir elementos relacionados con posibles favores o protecciones, aclaró que esas cuestiones “las tiene que investigar también la Justicia” y que actualmente no forman parte de su intervención directa en el expediente.