El periodista y presidente de la Fundación por la Paz recordó la denuncia presentada en 2017 por presunta evasión fiscal y lavado de dinero contra Carlos “Indio” Solari. Aseguró que la investigación permitió detectar propiedades y activos en el exterior y cuestionó el comportamiento del músico tras las muertes ocurridas en el recital de Olavarría.
La muerte de Carlos “Indio” Solari reavivó en las redes sociales viejas discusiones sobre su patrimonio, sus actividades económicas y las causas judiciales que lo tuvieron bajo la lupa. En diálogo con la 99.9, el periodista y presidente de la Fundación por la Paz, Fernando Míguez, recordó la denuncia que presentó en marzo de 2017 contra el músico por presunta evasión fiscal y lavado de dinero, una investigación que, según afirmó, aún no está cerrada.
“Nosotros presentamos esa denuncia en marzo de 2017 porque cuando hacemos análisis en materia de control de corrupción, transparencia y cumplimiento tenemos un protocolo para intervenir cuando existen hechos públicos donde hay muertes involucradas”, explicó. Sin embargo, aclaró que el trabajo sobre Solari había comenzado mucho antes: “Ya llevábamos un año y medio analizando una inmobiliaria vinculada a él en la zona oeste, en Parque Leloir, y sus conexiones”.
La denuncia recayó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral y tuvo como fiscal a Federico Delgado. “Con Federico trabajamos mucho en la causa de la tragedia de Once y empezamos a investigar. Comenzamos a recibir información desde Estados Unidos respecto de propiedades, activos e incluso bienes vinculados a paraísos fiscales”, indicó.
Míguez sostuvo que, paralelamente, hubo otra causa en la provincia de Buenos Aires relacionada con los hechos ocurridos durante el recital de Olavarría de marzo de 2017, donde murieron dos personas. “En esa causa lo sacaron como imputado y lo dejaron como testigo. Estaban involucrados los familiares de las dos personas fallecidas en ese recital”, señaló.
El periodista fue especialmente crítico con la actitud del músico tras la tragedia. “Cuando se ahogan las dos personas en Olavarría, a Solari le informan lo que había sucedido y, en lugar de asistir de alguna manera o involucrarse, se sube al helicóptero y se va. Lo que más les dolió a los familiares fue que nunca se comunicó con ellos, nunca les dio siquiera el pésame”, afirmó.
Para Míguez, ese comportamiento expone una contradicción entre el discurso público del artista y sus acciones. “Puede haber sido un gran músico, eso lo puede evaluar cada uno, pero una persona que no tiene responsabilidad tributaria tampoco demuestra responsabilidad con la gente. Nosotros no somos policías ni salimos a perseguir personas. Lo que pasa es que cuando alguien tiene un discurso tan fuerte y tan determinante, uno espera que sea consecuente con lo que dice. Y este hombre no lo era”.
Respecto de la fortuna atribuida al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, señaló que las estimaciones realizadas por su organización en aquel momento hablaban de cifras millonarias. “Calculábamos que tenía entre 10 y 20 millones de dólares. Justamente los recitales en descampados tenían mucho que ver con una lógica de evasión. Podría haber hecho cinco o seis estadios River, pero elegía otros formatos donde no existían los mismos controles fiscales”, aseguró.
Consultado sobre si pudieron comprobar irregularidades concretas, respondió afirmativamente, aunque advirtió que la causa encontró múltiples obstáculos judiciales. “Sí, se pudo avanzar, pero nos tocó un juez muy complicado como Canicoba Corral. Después falleció Federico Delgado, la causa pasó a manos de Ercolini y sigue latente, no está cerrada”.
Según explicó, el principal problema fue la imposibilidad de imputar directamente a Solari. “La compañía promotora sí aparecía involucrada, igual que los socios de la inmobiliaria de Parque Leloir, que era la estructura utilizada para desviar dinero y lavar fondos. Pero dejar afuera al principal responsable significaba quitar el 90% de la responsabilidad”, sostuvo.
Míguez remarcó además que los episodios trágicos en recitales vinculados al músico no fueron hechos aislados. “Nosotros teníamos antecedentes de al menos cinco personas fallecidas en distintos recitales desde que comenzó su carrera como solista. Era una conducta continuada en el tiempo: eventos masivos, sin controles suficientes y en lugares abiertos”.
También cuestionó la organización del recital de Olavarría y las condiciones de seguridad. “Hubo muchos problemas porque se permitió un evento gigantesco en una ciudad que recibió de golpe entre 300 y 400 mil personas. La gente de Olavarría se asustó mucho. ¿De dónde sacaban semejante estructura de seguridad para contener eso?”, planteó.
A pesar del paso del tiempo, aseguró que continúan impulsando medidas judiciales para evitar que el expediente prescriba. “La causa podría prescribir el año que viene. Nosotros volvimos a impulsarla pidiendo nuevas medidas porque entendemos que todavía hay elementos para investigar”.
Finalmente, apuntó contra el funcionamiento de la Justicia argentina y las dificultades que enfrentan las investigaciones sobre personas con poder económico. “Cuando el denunciado tiene mucho dinero se hace muy difícil avanzar. La gente habla de inseguridad jurídica y tiene razón. Muchas veces hay que pelear con los testigos, con los jueces y con estructuras que terminan condicionando el funcionamiento de la democracia”.
En ese sentido, concluyó: “Lo más difícil no son los fiscales, muchas veces son los jueces. Hay sectores de Comodoro Py que son muy complicados. Esto es lo que genera que pasen cosas gravísimas y que la sociedad termine perdiendo confianza en las instituciones”.