El concejal explicó el debate abierto en el Concejo Deliberante para preservar las dos manzanas como plaza pública y señaló que la solución definitiva depende de resolver la situación dominial del predio. Mencionó la posibilidad de una transferencia al municipio por ley o de un nuevo convenio urbanístico.
El concejal Fernando Muro se refirió en la 99.9 al debate que comenzó en el Concejo Deliberante para definir el futuro de la denominada Canchita de los Bomberos, luego de que el Estado Nacional dispusiera la venta de dos manzanas del predio. Según explicó, distintos bloques presentaron proyectos para modificar las condiciones urbanísticas vigentes y evitar que ese espacio deje de tener un destino público.
“Se presentaron diversas ordenanzas para quitar los indicadores que revertían el convenio que se firmó en 2010, en la época de Pulti, donde se autorizaba a construir un complejo habitacional de 33 mil metros cuadrados sobre la Canchita de los Bomberos”, recordó. Muro señaló que ese acuerdo, convalidado por la Provincia, contemplaba la distribución de tierras, la construcción de viviendas y la reserva de sectores para una plaza y equipamiento comunitario.
Sin embargo, indicó que el convenio quedó sin completar: “No se desarrolló el proyecto inmobiliario, pero sí el Estado municipal hizo la apertura de las calles, estableció la iluminación, asfaltó y cumplió parte del convenio, la parte de obras. Así que quedó a medio camino”. En ese contexto, sostuvo que existe un consenso entre las distintas fuerzas políticas para que las dos manzanas continúen como espacio verde, aunque advirtió que todavía deben resolverse aspectos jurídicos y técnicos.
“El convenio afecta seis macizos de tierra, en los que uno ya funciona el Museo MAR. También contemplaba una cesión de créditos para construir en favor del Estado Nacional, que el organismo del Estado, la AABE, por supuesto quiere hacer cumplir”, explicó. Por eso, consideró que el tratamiento requiere abordar simultáneamente la cuestión política, la urbanística y la técnica.
Muro mencionó dos alternativas para alcanzar una solución definitiva: que el predio sea transferido al municipio mediante una ley nacional o que se elabore un nuevo convenio urbanístico que establezca las dos manzanas como plaza y determine cómo se compensan los créditos que reclama el organismo nacional. También recordó que la planificación estratégica de la ciudad contempla para ese sector usos mixtos, públicos, habitacionales y de equipamiento comunitario.
“Lo definitivo sería que eso pase al municipio para poder intervenirlo, porque son baldíos prácticamente, no tienen ningún tipo de urbanización y está bastante desprolijo todo lo que es la zona. Para hacer algún tipo de intervención necesitamos tener la cuestión dominial resuelta para poder invertir”, afirmó.
El concejal remarcó que la discusión sobre el destino del lugar lleva décadas y recordó que desde 1985 hubo distintas iniciativas para ese sector. “Había proyectos para hacer congresos, predios feriales de congresos y convenciones. Después hubo proyectos para hacer un hotel con ordenanzas emitidas por el Concejo Deliberante. Después vino este convenio urbanístico para hacer Procrear”, enumeró.
En ese sentido, hizo una distinción entre la potestad del Concejo para establecer usos y la titularidad de los terrenos: “Legislar, zonificar no es afectar dominio. Nosotros podemos decir en el Concejo que tiene que ser plaza, pero el dominio en definitiva es lo que resuelve todo el fondo”. Por eso insistió en que la transferencia de las tierras es central para que el municipio pueda garantizar su destino y avanzar con obras.
Sobre las alternativas legales, explicó que una cesión sin cargo sería el escenario ideal para General Pueyrredón, mientras que un nuevo convenio obligaría a contemplar los créditos que mantiene el Estado Nacional. “Un predio sin indicadores vale mucho menos que un predio con indicadores. El organismo que administra esos bienes del Estado tiene esas variables, porque si no el funcionario incumpliría con los deberes de funcionario público”, señaló, al advertir que cualquier modificación debe contemplar las consecuencias patrimoniales para ambas jurisdicciones.
Finalmente, Muro destacó el acuerdo político alcanzado alrededor del objetivo de preservar el espacio verde, aunque aclaró que todavía resta encontrar el mecanismo que permita concretarlo. “Lo positivo de esto es que hay un gran consenso de todos los bloques para que esto siga siendo un espacio público”, concluyó.