El abogado cuestionó el origen de la causa que involucra al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y reclamó que se excluyan los audios que considera editados y cuya autenticidad fue puesta en duda. Sostuvo que el fiscal Franco Picardi debió ordenar una pericia antes de utilizarlos y advirtió sobre el riesgo de que una operación mediática derive en una investigación judicial.
El abogado Mauricio D’Alessandro cuestionó en la 99.9 el modo en que se inició la investigación que involucra al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y sostuvo que los audios que dieron origen a la causa deben ser excluidos como prueba. Según explicó, el fiscal Franco Picardi reconoció en el expediente, el 21 de agosto de 2025, que esos registros formaban parte de la “plataforma fáctica” de su investigación.
“Él dice: acá hay unos audios, hay una nota de La Política Online de Nacho Firzanga que habla de los audios y hay un decreto de Milei que lo echa”, relató D’Alessandro. Aclaró que, en realidad, el entonces funcionario no había sido despedido en esos términos, sino que se le habían limitado las funciones para que la Justicia pudiera investigar los supuestos hechos de corrupción.
Para el abogado, el problema no fue que Picardi iniciara una investigación a partir de esos registros, sino que no hubiera dispuesto previamente una pericia para determinar su autenticidad. “El error de él es que recibió los audios que Mauro Federico le entrega y tendría que haber hecho una pericia, porque cualquiera se daba cuenta de que estaban editados, que tenían ruido ambiente que no era real, que hablaba gente a la que le habían extraído el interlocutor y que tenían cortes”, afirmó.
D’Alessandro sostuvo que, después de los primeros cuestionamientos de la defensa, el fiscal comenzó a buscar otras pruebas, pero consideró que eso no subsana lo que ocurrió inicialmente con Spagnuolo. “Después de haber instruido la causa dos o tres meses sobre la base de los audios, empezó a tratar de buscar otras pruebas”, explicó. Sin embargo, señaló que para entonces ya se habían realizado allanamientos, secuestrado teléfonos celulares e ingresado a la vivienda y a la caja de seguridad del ex funcionario.
“Esa prueba debe ser excluida. Nada de lo que se probó con esos audios truchos puede ser utilizado para la investigación”, reclamó. Y agregó que, a partir de esa decisión, deberá determinarse qué elementos permanecen en el expediente. “Respecto de Spagnuolo, creo que no queda ninguna prueba más”, sostuvo, aunque aclaró que será la Justicia la que deberá establecer qué imputaciones pueden mantenerse.
Al analizar la presunta estructura de corrupción investigada, D’Alessandro cuestionó la hipótesis fiscal que ubica a Spagnuolo como jefe de una asociación ilícita. Se refirió particularmente a los mensajes y audios atribuidos a Miguel Ángel Calvete, en los que, según describió, se hablaba del ex titular de ANDIS en términos despectivos.
“Los audios de Calvete con alguna de las droguerías reflejan la participación de Spagnuolo en esta causa. Él es tratado como el ‘pelado boludo’”, señaló. Y planteó una contradicción en la interpretación de la fiscalía: “Para el fiscal, Spagnuolo es el jefe de la banda, el jefe de la asociación ilícita. Sería el único caso en el que una banda elige al más boludo para que sea el jefe”.
El abogado también describió la existencia de un supuesto grupo denominado “Museo”, que, de acuerdo con la investigación de Picardi, habría reunido a personas encargadas de acercar clientes y laboratorios para intervenir en el negocio de los medicamentos. Según su relato, en febrero de 2022, cuando todavía no conocían a Spagnuolo, algunos integrantes habrían planteado la necesidad de infiltrarse en organismos públicos para poder vender medicamentos. Luego, siempre según esa hipótesis, Calvete habría intervenido para acercarse al entonces funcionario.
D’Alessandro remarcó que, a su entender, en los audios y mensajes incorporados a la investigación no aparece Spagnuolo comprando medicamentos, sugiriendo adquisiciones ni fijando valores. “Nunca, en decenas de audios y mensajes, aparece Spagnuolo comprando o sugiriendo una compra o un valor. No existe”, afirmó.
De todos modos, evitó extender sus cuestionamientos a la totalidad de la causa y a la situación de los demás involucrados. “Yo no quiero opinar sobre el trabajo de otros colegas que están trabajando. Por ahora solo pediría respecto de Spagnuolo la exclusión de la prueba”, explicó. Consideró que, una vez resuelto ese planteo, el juez deberá revisar qué elementos de la investigación fueron construidos a partir de los registros cuestionados y cuáles podrían sostenerse por otras vías.
Durante la entrevista, D’Alessandro también vinculó la difusión de los audios con la plataforma Carnaval y mencionó que su aparición se produjo en un contexto de fuerte confrontación política. Según su interpretación, los registros tuvieron un impacto público y político antes de que se estableciera judicialmente su autenticidad. También se refirió al posterior anuncio del cierre de la plataforma y a las versiones sobre la identidad de sus inversores, aunque no presentó esos elementos como hechos probados.
En relación con los periodistas que difundieron el material, distinguió entre la publicación de una información recibida y la eventual utilización de los comunicadores dentro de una operación. “Creo que, por más que esté en las antípodas de mi pensamiento político, Mauro Federico y su equipo laburaron bien desde lo periodístico, porque recibieron unos audios, tomaron las fuentes y los presentaron a la Justicia”, expresó. A su entender, pudieron haber sido utilizados sin saberlo: “Veo que fueron objeto de una operación, pero todos podemos serlo”.
El abogado amplió su crítica y advirtió sobre las consecuencias institucionales de permitir que materiales de origen dudoso impulsen investigaciones judiciales. “Si nosotros vamos a permitir que los servicios de inteligencia, algún periodista, un operador o un opositor, no importa el signo político ni contra quién lo haga, inicien una investigación, allanen a una persona, vayan a su casa, la rompan y la sometan a un proceso mediático de un año para tener una ventaja o alterar el orden constitucional, la verdad es muy peligroso para la democracia”, sostuvo.
Para graficar el riesgo que plantea, mencionó la posibilidad de que se fabriquen registros audiovisuales mediante inteligencia artificial y que, a partir de ellos, una persona termine sometida a un procedimiento judicial. “Pueden hacer un audio o un video con inteligencia artificial, me ponen a mí desnudo bailando con unas plumas en la rambla de Mar del Plata y después el fiscal viene a mi casa y se pone a investigar. Al cabo de un año dice: ‘No, bueno, fue inteligencia artificial’. La verdad que es recontra peligroso”, ejemplificó.
Finalmente, D’Alessandro consideró que también debería existir una instancia de reconocimiento de los errores cuando una investigación se apoya en elementos que luego son cuestionados. En particular, dijo esperar que el fiscal Picardi revise su decisión inicial: “Espero fervientemente que Franco Picardi diga: ‘Me equivoqué en tomar estos audios, no tienen que ser exhibidos como prueba’”. Para el abogado, el planteo no se limita a la situación de su representado, sino que compromete las garantías de cualquier persona frente a una investigación penal.