El abogado Fernando Soto cuestionó duramente la resolución de la jueza Marta Pascual que suspendió la aplicación del nuevo régimen penal juvenil y aseguró que la magistrada “no puede hacer eso”. Sostuvo que la decisión carece de fundamentos, que se basa en una posibilidad futura y que representa “una barbaridad” jurídica. Junto a Usina de Justicia, presentó una denuncia que tramita ante la Fiscalía 18 de la provincia de Buenos Aires y anticipó que apelarán la resolución.
El abogado Fernando Soto cuestionó duramente la resolución de la jueza Marta Pascual que dispuso la suspensión de la aplicación del nuevo régimen penal juvenil y sostuvo que la decisión no tiene una extensión clara. “Algunos piensan que es para todo el país, yo pienso que de ninguna manera es así, otros para Provincia de Buenos Aires podría ser, pero ni siquiera; ella es juez de Lomas de Zamora y tampoco podría extender ni siquiera para todos los demás jueces de Lomas de Zamora”, afirmó en diálogo con la 99.9.
Para Soto, una decisión judicial de este tipo no puede exceder los expedientes que tramita la propia magistrada. “La declaración de no aplicación no puede extender más allá de los expedientes que tramita. Estamos evaluando pedirle al juez que aclare cuál es la extensión”, explicó. Sin embargo, más allá de esa cuestión formal, fue contundente respecto del fondo de la resolución: “Como sea, es una barbaridad”.
El abogado rechazó además uno de los argumentos utilizados para justificar la suspensión y cuestionó la afirmación de que la entrada en vigencia de la nueva legislación necesariamente generaría un aumento del encarcelamiento de menores. “No dice que va a haber, sin dudas, un mayor encarcelamiento porque hay ahora menores de 14 y 15 años que se van a agregar. Pero ella no leyó”, sostuvo.
En ese sentido, explicó que la propia ley contempla alternativas para aquellos delitos que no son considerados graves. “La ley establece que para los delitos no graves el juez puede darle medidas alternativas y penas alternativas”, remarcó. Y planteó cuál habría sido, a su criterio, una salida jurídicamente más razonable frente a los problemas de capacidad de alojamiento: “Más lógico hubiera sido, en vez de suspender, que hubiera dicho: ‘Bueno, como tengo 60 detenidos, si entra uno más lo mando a la casa como establece la ley, porque no tengo capacidad para alojarlo’”.
Para Soto, la resolución responde en realidad a una posición ideológica. “Eso hubiera sido más lógico jurídicamente. Pero lo que quiere es tomar una decisión ideológica, porque ese es el fondo del asunto”, afirmó. En su interpretación, la magistrada terminó tomando una decisión que excede sus competencias y que afecta directamente una legislación sancionada por el Congreso de la Nación.
“La jueza no puede derogar una ley penal nacional del Congreso. O sea que la jueza está haciendo una amnistía impropia, encubierta”, sostuvo. Y planteó las consecuencias que podría tener la decisión: “Hoy un menor de 16 años en su jurisdicción o en su juzgado, no queda claro, mata a alguien, lo manda a la casa, acá no pasó nada, seguimos con la ley anterior, la que rigió 50 años, porque yo lo dispongo”.
Soto fue enfático al marcar los límites que, según su interpretación, tiene un magistrado frente a una ley sancionada por el Congreso. “Un juez no puede hacer eso. Puede intimar al gobierno, puede establecer medidas, pero ¿puede suspender una ley del Congreso? Eso no es una facultad de una jueza”, afirmó. Y agregó: “¿Puede declarar inconstitucional? Sí, OK, pero ¿puede suspenderla? Es una barbaridad lo que ha hecho”.
El abogado también cuestionó la falta de elementos concretos que, a su entender, respalden la decisión. “Usted ve la resolución, por ahí uno dice bueno, es algo técnico. No, no. Cualquier persona que lee la resolución se va a dar cuenta que no tiene ningún fundamento”, sostuvo.
En particular, puso el foco en las afirmaciones sobre un supuesto incremento de personas detenidas. “Cuando dice ‘sin dudas va a haber’, ¿cómo sabe? ¿Qué medición hizo? En vez de 60 hay 61 detenidos. No hay lo mismo, lo mismo”, cuestionó. Y agregó: “Para que haya una medida tan gravosa tiene que haber un peligro potencial, concreto, no una posibilidad que se le ocurre. Eso es futurología, encima errónea y falsa”.
Para Soto, la gravedad de la resolución radica precisamente en que se habría suspendido una ley sin que existiera un hecho concreto que justificara semejante decisión. “Es grave lo que hizo esta jueza. Pero bueno, no me sorprende, pero de algún modo me sorprende porque nunca vi que suspendieran la ley penal”, afirmó.
En paralelo, el abogado confirmó que junto a la organización Usina de Justicia realizaron una presentación para intervenir en el expediente y que además formularon una denuncia. “Sí, sí, la hicimos anoche. Y la denuncia también hicimos anoche. Interviene la Fiscalía 18 en provincia de Buenos Aires”, señaló.
Según explicó, la presentación de Usina de Justicia deberá ser resuelta por la propia magistrada. “La presentación la tiene que resolver la misma juez”, indicó. Soto anticipó además que no esperan que la incorporación sea sencilla: “Yo creo que ya debe estar buscando fundamento para decirnos que no, como hizo con la suspensión de la ley”.
El abogado volvió a insistir sobre la ausencia de fundamentos en la resolución. “La suspendió porque la suspendió. No hay la mínima prueba, pero ni una sola prueba, nada. Ni siquiera la posibilidad de una prueba, solo porque a ella se le ocurrió”, cuestionó. Y adelantó cuál será la estrategia a seguir: “Apelaremos y vamos a seguir hasta el final”.
Soto también se refirió a la discusión política que atraviesa el debate sobre el régimen penal juvenil, aunque evitó presentar como un hecho las hipótesis que circulan sobre los motivos de la decisión. “Prácticamente es un negocio, porque políticamente se sostienen con gran parte de la delincuencia de los familiares, allegados, con todo lo que eso significa. La víctima no es su objetivo para nada, en absoluto”, afirmó al cuestionar determinadas posiciones políticas.
En ese sentido, destacó el trabajo de las organizaciones que representan a víctimas y aseguró que existe un fuerte contraste con el trato que reciben desde algunos sectores judiciales. “Nosotros somos un grupo de víctimas en Usina de Justicia. Le molestamos. Jamás, nunca nos han convocado en absoluto”, sostuvo.