El fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Walter Martínez Soto, cuestionó la resolución de la jueza Marta Pascual que suspendió la aplicación del nuevo régimen penal juvenil y aseguró que existe una postura consensuada entre los fiscales para continuar aplicando la Ley 27.800. “Bajo ningún punto de vista uno se puede alzar contra el Congreso de la Nación”, sostuvo, y advirtió sobre una confusión de roles dentro de la Justicia.
El fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Walter Martínez Soto, cuestionó la resolución de la jueza Marta Pascual que dispuso la suspensión de la aplicación del nuevo régimen penal juvenil y sostuvo que la magistrada habría excedido sus facultades al pretender extender los efectos de su decisión a toda la provincia de Buenos Aires.
“Cuando se plantean situaciones ante el dictado de una ley, se puede violar alguna norma de la Constitución o alguna parte de alguna de las convenciones que está llamada la República Argentina a obedecer. Bueno, se resuelve en ese caso, en el sentido que no se aplica, se declara la inconstitucionalidad”, explicó en diálogo con la 99.9. Sin embargo, marcó una diferencia sustancial con la resolución cuestionada: “Ponerse en una posición de legisladora como si fuese el Congreso o un superior del Congreso de la Nación, y decir que esta ley se suspende su aplicación en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, me parece un exceso de jurisdicción realmente importante”.
Martínez Soto aseguró que la resolución generó preocupación entre los fiscales de toda la provincia. “De hecho los fiscales en toda la provincia estamos muy alarmados por los términos de esta resolución”, afirmó. También cuestionó la forma en que tomaron conocimiento de la decisión: “Ayer cuando se conoció por vía completamente informal, porque el Poder Judicial, ni la administración de justicia, ni el Ministerio Público han tenido comunicación fehaciente de esta resolución”.
Para el fiscal, esa circunstancia también resulta significativa porque la vigencia de una ley no depende de que cada funcionario o ciudadano reciba una notificación individual. “Nos parece que esto reafirma esa posición de legisladora, porque obviamente cuando se dicta una ley no es que le notifican a cada uno de los interesados, sino que se publica en el Boletín Oficial y así queda sancionada, queda publicada y con efecto respecto de todo lo que formamos la sociedad”, sostuvo.
En ese sentido, fue contundente al señalar que los fiscales continuarán aplicando la normativa sancionada por el Congreso. “En el Departamento Judicial Mar del Plata y en todos los departamentos judiciales de la provincia, hay una decisión de continuar respecto de la ley vigente 27.800, un nuevo régimen penal juvenil, que tiene sus cosas, que uno a veces lo puede compartir o no, pero bajo ningún punto de vista uno se puede alzar contra el Congreso de la Nación”, afirmó.
Martínez Soto recordó además que la norma fue debatida ampliamente y que hubo un período establecido para su entrada en vigencia. “Se debatió una ley ampliamente y a su vez se dio seis meses para entrar en vigencia”, remarcó. También cuestionó uno de los argumentos vinculados con las condiciones de los lugares donde serían alojados los jóvenes: “Los lugares que supuestamente se acusa de que no son dignos, que no son lugares que puedan estar los jóvenes, se utilizaban y eran alojados los jóvenes bajo la vigencia de la anterior ley”.
El fiscal reconoció que desconoce cuáles fueron exactamente los motivos que llevaron a la jueza a adoptar esa decisión, pero sostuvo que la resolución generó un fuerte impacto entre quienes trabajan en el área. “Desconozco completamente los motivos o si hay una relación subyacente ahí respecto de esta resolución, porque nos llamó poderosamente la atención a todos los fiscales”, expresó.
Más allá de este caso puntual, Martínez Soto planteó una discusión más profunda respecto del rol que deben cumplir los jueces. “A veces hay una confusión de roles. Es decir, a veces los jueces creen que están haciendo función social, es decir, de educadores, de integradores. En particular, lo que tienen que hacer los jueces es cumplir la ley”, sostuvo.
El fiscal cuestionó también que algunos magistrados adopten decisiones que, según su mirada, corresponden a otros poderes u organismos especializados. “Ya adoptar medidas que les son impropias, en este caso legislativas, pero en otras muchas se instauran como que son los anteriores jueces de menores con amplísimas facultades, como tenían aquellos, y entonces obligan hasta determinados organismos que son completamente autónomos e independientes, que pertenecen al Poder Ejecutivo, con determinadas medidas que ellos creen que serían eficaces”, explicó.
En ese punto, destacó que existen organismos y profesionales específicamente preparados para abordar las cuestiones sociales vinculadas con los menores. “Los que saben de este tipo de medidas o que tienen efectores que han estudiado para esto, trabajadores sociales, psicólogos, demás terapistas o efectores, se encuentran con resoluciones que son medias alocadas”, afirmó.
Para Martínez Soto, el problema radica en entender la Justicia como un ámbito donde la innovación social necesariamente implica mayor justicia. “Yo creo que a veces hay una confusión, creo que es multiagencia el Fuero Penal Juvenil, entonces pareciera ser que cuanto más innovamos en lo social somos más justos y no es así”, sostuvo.
“El fiscal debe aplicar la ley, el juez debe aplicar la ley. Acá la justicia viene de la mano de la aplicación de la ley, entonces uno le da seguridad a las personas, saben a qué atenerse, sabe cuál va a ser el futuro en el caso que se cometa un delito”, remarcó. Y agregó que también resulta necesario que quienes ejercen funciones judiciales sepan “autolimitarse de alguna manera”.
El fiscal insistió en que la posición adoptada frente a la resolución de Pascual no es individual. “Ha habido una postura muy férrea y firme y consensuada con todos los fiscales del Departamento Judicial Mar del Plata y el resto de los departamentos judiciales, con mucha participación de los fiscales generales en este punto para transmitir tranquilidad a la población en cuanto a la ley aplicable”, aseguró.
Finalmente, Martínez Soto vinculó la discusión con la necesidad de fortalecer el conocimiento ciudadano sobre las normas básicas del sistema institucional argentino. “Creo que hay culpa, tenemos los abogados en lo que es la educación secundaria, es decir, nos hemos ausentado a veces en esto y las normas mínimas que uno debe conocer para ser un ciudadano útil”, afirmó.
“Que uno tenga solvencia ciudadana para poder conocer la Constitución, sus derechos, sus obligaciones y con eso es suficiente”, sostuvo. Para el fiscal, “conociendo la Constitución, te puedo asegurar que si tuviésemos otro modo de vivir sería suficiente, no sería más necesario”. Y cerró con una crítica directa a la resolución: “La Constitución es clara en este punto, el principio de legalidad, con esto ni hablar. Y las competencias delegadas o no delegadas por parte de las provincias, esta jueza no ha tenido absolutamente en cuenta para nada”.