El abogado cuestionó el funcionamiento de la Justicia Federal y planteó reparos sobre los procesos de lesa humanidad, la aplicación retroactiva de normas y la situación de personas de avanzada edad que permanecen detenidas. También defendió el principio de prescripción y reclamó que las decisiones judiciales respeten las garantías básicas del proceso.
El abogado Francisco García Santillán cuestionó el funcionamiento del sistema judicial argentino y puso especialmente el foco en los procesos vinculados con delitos de lesa humanidad. En diálogo con la 99.9, explicó que su reciente carta de lectores publicada en La Nación no buscaba concentrarse en las decisiones de las juezas Marta Elba Pascual y Laura Beatriz De Marinis, sino destacar la actitud que tuvieron al tomar decisiones que, según sostuvo, podían generarles fuertes cuestionamientos.
“Lo que yo quise hacer en aquella carta es marcar la valentía que tuvieron, sabiendo que en cuanto traspasasen la puerta de sus juzgados iban a recibir una paliza”, explicó García Santillán. Aclaró que no necesariamente coincidía con los fallos de ambas magistradas, sino que destacaba que “tuvieron la valentía de hacerlo” aun conociendo las consecuencias que podían enfrentar.
A partir de allí, el abogado trasladó la discusión hacia los juicios de lesa humanidad y cuestionó la utilización de determinadas normas. “Se aplican normas que no pueden aplicarse, como el Tratado de Roma, que se aplica en forma retroactiva para los delitos de lesa humanidad en cuanto a la imprescriptibilidad, cuando la propia norma del Tratado de Roma dice que no se puede aplicar en forma retroactiva”, afirmó.
Según García Santillán, existe además una situación particularmente grave cuando las personas sometidas a estos procesos alcanzan edades muy avanzadas. Mencionó entre otros casos el del sacerdote Von Wernich y el de Jaime Smart, y sostuvo que existen personas que llegan a los 90 años detenidas y con serias limitaciones físicas.
“Hoy día está muriendo gente de 90 años en las cárceles. Y no solamente militares”, remarcó. En ese sentido, relató también que representa a dos personas detenidas en Santa Cruz que fueron condenadas a prisión perpetua y cuya situación, según explicó, se encuentra pendiente de resolución judicial desde hace años, pese a que apareció una persona que afirmó ser responsable del homicidio por el cual fueron condenados.
Para el abogado, en estos casos aparece una forma de indiferencia institucional hacia quienes tienen menos posibilidades de hacer oír su voz. “A veces se cuela un hilo como de crueldad. En realidad, peor que eso, porque es indiferencia. Yo siempre digo que los tornan invisibles a los que no tienen posibilidad de hablar”, sostuvo.
García Santillán también defendió el principio de prescripción como una garantía vinculada con la posibilidad real de producir prueba. “Muchos hablan de la prescripción, que es injusto, pero cuando la prescripción de la acción penal tiene su razón de ser”, señaló. Y explicó que intentar juzgar medio siglo después un hecho implica encontrarse con testigos envejecidos, documentos deteriorados y pruebas que pueden haber desaparecido.
“Yo hoy día pretendo juzgar a personas que cometieron un hecho, suponiendo que lo hayan cometido, que hayan sido responsables 50 años después, pero no tengo pruebas. Los testigos están envejecidos, están viejos”, planteó. “Papeles viejos, papeles vetustos, pruebas que no existen, documentos rotos, documentos mojados, borrados, la prueba desaparece. Y no se puede condenar a alguien sin pruebas. Esto es elemental”, enfatizó.
El abogado también cuestionó la forma en que, a su entender, fueron llevados adelante algunos procesos relacionados con los derechos humanos. “Lo que ha pasado con todo esto ha sido perverso en términos de derechos humanos. Nunca fue búsqueda de justicia”, afirmó.
En relación con su experiencia profesional, García Santillán diferenció entre situaciones de corrupción y casos de arbitrariedad. “En tantos años de profesión, si yo he tenido problemas de corrupción y de soborno con jueces, ¿sabe que nunca tuve? Jamás”, aseguró. Sin embargo, sostuvo que sí enfrentó “arbitrariedades flagrantes” en el ámbito de la Justicia Federal.
Durante la entrevista también se refirió al funcionamiento del Consejo de la Magistratura a partir de un caso que involucró al exjuez federal Alfredo López. García Santillán contó que asistió como público a una audiencia y cuestionó duramente el procedimiento desarrollado durante el proceso de destitución.
En ese marco, también opinó sobre las expresiones públicas de un magistrado que fueron consideradas ofensivas. García Santillán coincidió en que determinadas manifestaciones podían justificar una sanción, aunque sostuvo que existía una discusión respecto de la proporcionalidad de la destitución. Recordó que incluso un dirigente que era un fuerte adversario político del magistrado había planteado durante la audiencia que correspondía una sanción, pero no necesariamente la expulsión del cargo.
“Evidentemente alguna sanción debería tener”, sostuvo, aunque agregó que, de acuerdo con lo planteado durante aquella audiencia, las sentencias dictadas por el magistrado no presentaban el mismo problema que sus expresiones públicas.
García Santillán planteó una idea que atraviesa su mirada sobre el sistema judicial: la necesidad de que los jueces actúen sobre la base de las garantías y las pruebas disponibles, incluso en causas atravesadas por fuertes disputas políticas o históricas. “No se puede condenar a alguien sin pruebas”, insistió, y consideró que ese principio debería ser un punto básico e ineludible de cualquier proceso penal.