El presidente de la Unión Argentina de Salud advirtió que el sistema atraviesa una crisis estructural y reclamó una reforma integral que ordene el financiamiento, defina las prestaciones y garantice el acceso equitativo. También alertó que más de 6.000 entidades prestadoras llevan 24 años bajo la emergencia sanitaria.
Hugo Magonza, presidente de la Unión Argentina de Salud y director general del CEMIC, planteó en la 99.9 la necesidad de avanzar en una reforma estructural del sistema sanitario argentino. “Tenemos un problema estructural del sistema sanitario”, afirmó, y advirtió que las dificultades no corresponden exclusivamente a las obras sociales, las prepagas o el sector público, sino que involucran al conjunto de los actores.
Al referirse al PAMI, señaló que se trata de una institución con más de cinco millones de afiliados, cuya población demanda cada vez mayores recursos. “Si vas incorporando gente que solamente tiene la posibilidad de incrementar el gasto en salud porque son adultos mayores o personas que tienen algún grado de discapacidad, y no le ponés los recursos o no ponés un plan estructurado que defina con precisión cuál es la cobertura, no hay ninguna posibilidad de que esto sea viable en el corto o mediano plazo”, explicó.
Magonza remarcó que el Estado debe asumir su responsabilidad como garante de la salud de la población. “El responsable primario de la atención de los 47 millones de personas que habitan en el suelo argentino es el Estado. El sistema privado es un gran colaborador del sistema público, pero no es el responsable primario de la salud de la población”, sostuvo. En ese sentido, cuestionó que durante años se hayan trasladado obligaciones al sector privado sin establecer de dónde debían surgir los recursos para afrontarlas.
“Durante mucho tiempo el Estado se ha ido sacando responsabilidades y se las ha trasladado a los privados, cuando en realidad no debería haberlo hecho”, afirmó. Como referencia, indicó que alrededor del 70% de la población se atiende en el sistema privado, mientras que las prestaciones contempladas en el Programa Médico Obligatorio aumentaron considerablemente por encima del costo de vida. Según detalló, en los últimos 14 años y medio el PMO creció un 47% más que la inflación, mientras que los salarios medidos por el RIPTE quedaron un 33% por debajo del costo de vida.
Para el titular de la Unión Argentina de Salud, la salida no pasa necesariamente por recortar prestaciones ni por aumentar automáticamente los aportes o las cuotas. “Yo no estoy tan convencido de que sea necesario achicar el PMO. Lo que creo es que hay que poner normas, protocolos de buenas prácticas y guías de práctica clínica”, señaló. Y agregó: “Nadie debería dejar de tener prestaciones, incluyendo las costosas, pero sí recibirlas solamente quienes las tienen que recibir, en el momento que las tienen que recibir, en forma oportuna y con acceso rápido”.
Magonza insistió en que el país necesita una cobertura universal, igualitaria y equitativa, pero advirtió que no alcanza con reconocer derechos si después no existen condiciones para garantizarlos. “Argentina sigue siendo uno de los países privilegiados que tiene una cobertura, pero es una cobertura en muchos casos enunciada, pero no cumplida. Y eso no está bueno. Tenemos que ir a definir una cobertura real que se deba después efectivamente cumplir”, expresó.
En esa línea, sostuvo que la reforma debe surgir de un acuerdo social que permita establecer qué prestaciones se pueden garantizar y cómo se financiarán. “Cubrir todo en general no se puede. Esto es una experiencia que el mundo ha hecho. Nadie puede cubrir todo”, afirmó. También consideró que la igualdad formal no es suficiente: “Hay gente que necesita mucho más porque está mucho más enferma, tiene muchas más demandas y es más vulnerable que otros que tienen una mejor condición y pueden defenderse por sí solos. Hay una obligación de nosotros como dirigentes, de la política y de la sociedad, de defender a los más vulnerables”.
Entre las herramientas que propuso incorporar, mencionó una agencia de evaluación de tecnología sanitaria que determine qué prestaciones cuentan con evidencia científica y cuáles producen los resultados esperados. También reclamó controles de calidad, cumplimiento de protocolos médicos y una evaluación del destino de los recursos disponibles. “Hay que decidir dónde ponemos los recursos que son más beneficiosos para la mayor cantidad de personas que tienen alguna enfermedad que no pueden resolver por el bolsillo propio”, explicó.
Otro de los puntos centrales de su planteo es la creación de un fondo nacional para afrontar tratamientos de enfermedades de altísimo costo. “De esa manera, ningún argentino, independientemente de la capacidad contributiva del sistema sanitario, se tendría que quedar afuera”, señaló. Para Magonza, las condiciones económicas y el lugar de residencia no pueden determinar las posibilidades de acceder a una atención adecuada.
Al referirse a las diferencias territoriales, coincidió en que existen zonas con una concentración de recursos sanitarios muy superior a otras. “Argentina gasta el 10% del PBI, que es lo que gastan los países ricos de la OCDE, pero la renta de esos países está muy por encima de la nuestra. No es el mismo 10% de uno que de otro. Estamos hablando de diferencias realmente muy importantes en términos de dinero”, explicó.
También cuestionó la ausencia de una política sanitaria sostenida durante décadas. “Está faltando un Estado desde hace mucho, no de ahora. Un Estado que ha sido en los últimos 30 años abandónico de la política de salud y que defina con precisión qué tiene que haber en cada lugar”, manifestó. Como ejemplo, contrastó la concentración de hospitales, camas, tomógrafos y resonadores en la Ciudad de Buenos Aires con las carencias que se encuentran en localidades del conurbano y del interior bonaerense.
Finalmente, Magonza puso el foco en la situación económica de los prestadores y en la continuidad de la emergencia sanitaria. “Hay en este momento más de 6.000 entidades prestadoras de servicios de salud que viven en emergencia sanitaria desde hace 24 años”, advirtió. Y cuestionó que ningún gobierno haya logrado modificar un esquema que, según explicó, básicamente impide los embargos por deudas sociales y fiscales, sin resolver los problemas de fondo.
El dirigente alertó sobre las consecuencias de que ese mecanismo de protección llegue a su fin: “Si antes de fin de año se termina este modelo de emergencia sanitaria o protección impositiva, las 6.000 entidades caerían y todas estas responsabilidades volverían a pasar al sistema público, que no está en condiciones de recibirlas y tratar a las personas”. Para Magonza, la discusión sobre la sostenibilidad del sistema ya no admite postergaciones y requiere una transformación que permita garantizar prestaciones concretas, financiamiento adecuado y acceso efectivo para toda la población.