El presidente de Plantel SA y titular de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Mar del Plata analizó el nuevo esquema de concesiones de rutas nacionales. Destacó que permitirá reactivar parte de la actividad, aunque advirtió que todavía quedan más de 30.000 kilómetros sin solución y reclamó controles efectivos sobre el exceso de carga para preservar la infraestructura.

La reciente adjudicación de los nuevos corredores viales nacionales representa un importante impulso para el sector de la construcción, aunque está lejos de resolver el deterioro general de la infraestructura vial argentina. Así lo afirmó Juan Carlos Zamora, presidente de Plantel SA y de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Mar del Plata, quien destacó que las concesiones reactivarán la actividad, pero insistió en que el país continúa necesitando una fuerte inversión pública.
En diálogo con la 99.9, explicó que la empresa integra una asociación que obtuvo dos de los corredores licitados por el Gobierno Nacional: el Corredor Mediterráneo y el Corredor Portuario Sur.
“Es una parte importante. De hecho son 9.000 kilómetros que se han licitado. Nosotros ganamos dos corredores viales, pero hay otros 30.000 kilómetros de rutas nacionales que quedan fuera del sistema y necesitan atención. Esto va a ser un paliativo, pero se necesita más inversión en obra pública igual”, afirmó.
Zamora indicó que el Gobierno licitó alrededor de quince corredores en tres etapas, aunque cuestionó la idea de que el esquema cubra el grueso del tránsito nacional. “El Gobierno dice que concentra el 80% del tráfico. Nosotros creemos que no es tan así y que podrían licitarse unos 4.000 kilómetros más”, señaló.
Sin embargo, aclaró que muchas rutas nunca despertarán interés privado porque son económicamente inviables. “Hay rutas que nunca van a poder ser licitadas porque nadie las va a tomar. Tienen poco tránsito, pero cumplen un servicio muy importante para pueblos y ciudades del interior. Ahí tiene que estar el Estado y hoy está faltando”, sostuvo.
El empresario destacó que algunas provincias comenzaron a avanzar mediante acuerdos propios. Mencionó los casos de Santa Fe, Neuquén y Córdoba, además de convenios impulsados por el Gobierno Nacional con distintas jurisdicciones.
“Se están haciendo acuerdos con las provincias donde se compromete inversión en infraestructura. Ya salieron contratos para reparación y mantenimiento en Chaco, Córdoba invierte mucho con fondos propios, pero todavía falta bastante para llegar a una actividad normal”, explicó.
En ese contexto advirtió que la provincia de Buenos Aires enfrenta una situación particular. “No va a tener acuerdos políticos por la pelea que existe y además no tiene fondos para obra pública”, afirmó.
Uno de los aspectos sobre los que hizo mayor hincapié fue la necesidad de controlar el exceso de carga del transporte pesado, una de las principales causas del deterioro prematuro de las rutas.
“Ese es un tema central. El exceso de carga destruye directamente las rutas”, afirmó. Según explicó, actualmente sólo existen controles parciales, como los que se realizan sobre camiones cerealeros al llegar a los puertos, pero no un sistema permanente.
Recordó además la experiencia de la Ruta 88. “Hace ocho o nueve años la Ruta 88 sufrió por dos factores: la falta de mantenimiento y el exceso de carga, especialmente de camiones areneros que no se controlan. Las rutas se construyen para soportar determinada carga y cuando se supera ese límite se deterioran y se rompen”, explicó.
También destacó que existen estaciones de pesaje instaladas que permanecen inactivas. “Las estaciones están, uno las puede ver, por ejemplo en la salida de Necochea, pero no funcionan porque no tienen personal y permanecen cerradas”, lamentó.
Para Plantel SA, la adjudicación representa un horizonte de largo plazo. “Es un contrato a veinte años. Eso nos da previsibilidad. Los primeros ocho o diez años son de inversión y después está prevista la recuperación de esa inversión. Nos da un horizonte muy amplio de trabajo y ocupación de equipos”, señaló.
Respecto del alcance de las concesiones, Zamora aclaró que existe una interpretación equivocada sobre las obligaciones que asumirán las empresas adjudicatarias.
“Las concesiones no contemplan obra nueva. No se hacen segundas vías, colectoras, rotondas ni cambios de traza. Lo que se hace es poner en valor la ruta existente, mantenerla y garantizar su transitabilidad durante todo el período de concesión”, explicó.
Esa puesta en valor, agregó, implicará inversiones muy importantes debido al estado actual de muchas rutas. “Hay tramos muy destruidos. En algunos casos habrá que hacer bacheo profundo, bacheo superficial y recapados prácticamente completos. Recién cuando la ruta esté puesta en valor podrá ajustarse la tarifa y luego habrá que mantenerla en perfectas condiciones durante toda la concesión, con inspecciones permanentes de Vialidad Nacional”, concluyó.