El especialista en seguridad y contraterrorismo sostuvo que la crisis de inseguridad en la provincia de Buenos Aires puede revertirse, aunque afirmó que el principal obstáculo es la corrupción y la falta de una estrategia integral. También reclamó mayor inversión en tecnología, más efectivos policiales y una reforma profunda del sistema judicial.
El especialista en seguridad y contraterrorismo Daniel Adler aseguró que la escalada de violencia que atraviesa la provincia de Buenos Aires y particularmente Mar del Plata no es irreversible, aunque advirtió que la solución depende de una decisión política firme para enfrentar tanto a la criminalidad como a la corrupción que la sostiene.
En diálogo con la 99.9, sostuvo que “el Estado siempre va a ser más fuerte que cualquier organización criminal, pero para que eso pase tiene que haber decisión política de luchar contra la criminalidad”. A su entender, esa lucha debe comenzar por atacar “el origen de la criminalidad, que es la corrupción”, involucrando a todos los niveles: “La corrupción política, policial, municipal y también en algunos eslabones de la Justicia”.
Adler afirmó que General Pueyrredon presenta un déficit estructural en materia de recursos humanos y tecnológicos. “Mar del Plata necesita hoy al menos 4.500 efectivos policiales más. Hay un cálculo que indica que debería haber un policía cada 170 habitantes”, explicó.
A ello sumó la falta de herramientas tecnológicas. “Es asombroso el atraso que tiene Mar del Plata. Estarían faltando entre 5.000 y 6.000 cámaras de seguridad con inteligencia artificial, además de drones, lectores de patentes y monitoreo permanente. También sorprende la escasa cantidad de fiscalías especializadas, la ausencia de denuncias digitales y de juicios rápidos para delitos en flagrancia”, indicó.
El especialista destacó como ejemplo la utilización de inteligencia artificial en centros de monitoreo como el de Ezeiza, donde el sistema alerta automáticamente a los operadores sobre comportamientos, vehículos o personas sospechosas. “Es muy triste que no se hablen de los logros que existen dentro del territorio argentino. Lo que todos queremos es vivir mejor, independientemente de la bandera política”, afirmó.
En ese sentido, consideró que la disputa política termina beneficiando al delito. “La criminalidad no tiene banderas, no tiene leyes. Ellos simplemente empuñan un arma, salen a matar y después a robar. Mientras nosotros seguimos discutiendo entre nosotros, el mundo criminal se fortalece”, advirtió.
Respecto de la confianza social en las instituciones, Adler señaló que el problema ya impacta directamente sobre las estadísticas. “Hoy las cifras negras de la inseguridad son altísimas. El 80% de las víctimas desconfía de la Justicia y de la Policía, por eso directamente no hace la denuncia. Eso hace que la criminalidad gane más batallas y que la gente de bien las pierda”.
Además reveló una modalidad delictiva que, según indicó, comienza a expandirse en Mar del Plata: la extorsión a pequeños comerciantes. “Hay bandas de tres o cuatro personas que les piden dinero para brindarles supuesta protección. Muchas de esas extorsiones salen desde las unidades penitenciarias de Batán. Hoy el 100% de la población carcelaria tiene celulares y aproximadamente el 65% de la planificación criminal es intracarcelaria”, aseguró.
Para Adler, resolver estos problemas no requiere soluciones imposibles sino voluntad política. “Son puntos fáciles de resolver. Lo que hace falta es decisión, vocación de servicio y decisión política”, insistió.
El especialista también hizo foco en la situación de las fuerzas de seguridad bonaerenses y responsabilizó al gobierno provincial por la falta de inversión. “De los 100.000 policías de la provincia, el 45% está con carpeta médica o psiquiátrica. Muchos terminan haciendo Uber o repartiendo comida porque el sueldo no les alcanza para alquilar. Un policía que trabaja 100 horas por semana cobra alrededor de 800 mil pesos. Hay que tener muchísima motivación para salir a luchar contra la criminalidad en esas condiciones”, afirmó.
Finalmente, amplió el análisis al funcionamiento general del Estado y sostuvo que la inseguridad no puede desvincularse de otros problemas estructurales. “Los resultados son los que determinan si una gestión funciona o no. El Estado no tiene que ser invasivo donde no hace falta, pero donde existe un déficit enorme tiene que aparecer con toda su capacidad. Eso vale para la seguridad, pero también para la educación, el empleo y la inclusión social. Si no actuamos sobre esos problemas, seguiremos viendo cómo la criminalidad gana terreno”, concluyó.