El fiscal general estadounidense ha anunciado una demanda contra el estado de Texas por su nueva ley contra el aborto y defiende que es inconstitucional.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha demandado a Texas por su nueva ley, que prohíbe prácticamente todos los abortos en el estado, sin excepciones para los casos de incesto o violación. El fiscal general de EEUU, Merrick Garland, ha explicado que tienen “el deber de defender la Constitución de los Estados Unidos y defender el Estado de derecho”, en una rueda de prensa en la que ha anunciado la decisión.
El Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, ha actuado tras la presión de grupos feministas y de algunos demócratas, que han pedido que el Departamento de Justicia haga todo lo posible por frenar las restricciones al acceso al aborto en el estado sureño.
La nueva ley de Texas, que entró en vigor hace una semana, prohíbe el aborto a las seis semanas de gestación, cuando puede detectarse el latido del corazón del feto, aunque en muchos casos muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. No contempla excepciones en casos de incesto o violación. Además, permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringe la prohibición, y ofrece indemnizaciones de hasta 10.000 dólares al demandante si gana el juicio.
El fiscal general Garland ha anunciado la demanda tras analizar de forma urgente todas las opciones para responder a la ley de Texas, con el fin de “proteger los derechos constitucionales de las mujeres y otras personas, incluido el aborto”, legalizado por el Tribunal Supremo estadounidense en 1973.
El diario ‘The Wall Street Journal’ explica que la forma en que está diseñada la ley —que pone el peso de su implementación en cualquier ciudadano particular a través de la oferta de recompensas— podría reducir las opciones del Gobierno federal de ganar el litigio, porque no está claro a quién se debe demandar. Si el Departamento de Justicia quiere boicotear la ley, podría intentar restringir los fondos federales de Texas, o averiguar si hay instalaciones del Gobierno federal en Texas donde puedan practicarse abortos, dado que escaparían a la jurisdicción estatal.
La semana pasada, horas después de la entrada en vigor de la ley de Texas, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, con una mayoría conservadora reforzada, decidió no bloquear la legislación, aunque no llegó a valorar si era constitucional o no.