El Tribunal Oral que absolvió a todos los imputados en el caso de sospechas de coimas en el Senado, ordenó investigar si hubo un complot en la construcción del expediente judicial. La investigación fue impulsada por un fiscal.
Las coimas en el Senado, allá por el año 2000, se diluyeron cuando el Tribunal Oral Federal 3 absolvió en diciembre pasado a todos los imputados y ordenó investigar si hubo un entramado de políticos, jueces, espías y otros personajes involucrados en la decisión de armar la causa judicial que terminó con el ex presidente Fernando de la Rúa -entre otros- en el banquillo de los acusados.
El Tribunal absolvió a De la Rúa y a todos los imputados -ex senadores peronistas, y ex funcionarios de la Alianza-. Y ordenó una investigación para determinar lo que consideraron fue la creación de la historia que contó el arrepentido Mario Pontaquarto, quien confesó haber pagado 5 millones de pesos a los senadores peronistas para conseguir los votos que necesitaba la Alianza para aprobar la Ley de Flexibilización laboral en abril de 2000.
Los jueces del Tribunal Oral, Miguel Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez, criticaron al juez que investigó el caso, Daniel Rafecas, y al fiscal Federico Delgado. Consideraron que todo lo ocurrido judicialmente fue un “armado” y ordenaron que se investigue el hecho. El caso cayó por sorteo en el juzgado de Luis Rodríguez e interviene el fiscal Eduardo Taiano.
Según pudo confirmar Infobae de fuentes judiciales, Taiano impulsó la investigación y con ese acto quedó abierta la causa. Entre las medidas que pidió el fiscal se halla la solicitud de las declaraciones de testigos e imputados en el juicio por las coimas. También pidió el sumario interno que hizo la Secretaría de Inteligencia (ya en tiempos de kichnerismo) que, según los jueces, se confeccionó con la intención de contribuir a la conspiración. Y solicitó la copia del contrato firmado entre Pontaquarto y la extinguida revista TXT (propiedad del próspero empresario kirchnerista Hugo Sigman) para publicar su confesión.
Cuando impulsó la investigación, Taiano aclaró que el fallo absolutorio del Tribunal Oral había sido apelado por su colega, la fiscal de juicio Sabrina Namer, quien criticó duramente la sentencia. La fiscal que pidió que la Cámara de Casación revise la absolución de los imputados sostuvo que, por la gravedad de los hechos juzgados, y en los que intervino el ex presidente, ameritaba un “particular rigor en la fundamentación de la sentencia y en la evaluación de los elementos probatorios recabados”. Pero, contrariamente, “el Tribunal Oral pretendió crear ante la opinión pública una falsa imagen de rigurosidad y fundamentación mediante una resolución de una extensión absolutamente desmesurada, innecesaria y solo explicable en la decisión de encubrir bajo el tamiz de la acumulación de fojas una arbitrariedad manifiesta”.
Namer, que había pedido seis años de condena para De la Rúa, sostuvo en la apelación que los fundamentos del Tribunal para absolver a todos forman un “combo de exageraciones de los errores, omisiones, contradicciones o mentiras de Pontaquarto”, en el que los jueces “tiñeron todo de conspiraciones ridículas y valoraron algún que otro elemento de prueba y omitieron entrar a analizar la gran mayoría (sobre todo los relevantes)”.
Por un lado, Casación debe revisar el fallo. Y por otro, se debe investigar si hubo una conspiración enorme para construir la historia de las coimas. El caso aún no está cerrado.