El Dr. Martín Scarímbolo se presentó ante la Justicia pidiendo que se expida sobre la legitimidad de la consulta popular. Esta mañana en la 99.9, detalló una serie de artículos de la Constitución Provincial que respaldan su pedido. “Los funcionarios confunden la legitimación del voto popular con cualquier medida y límite sin escrúpulos”, sentenció.
La idea de crear una policía municipal sigue sumando obstáculos en la Justicia. Primero, de la mano del Dr. Julio Hikilo, quien solicitó ante la Justicia que se considere la legalidad de esta posibilidad. Ahora, el Dr. Martín Scarímbolo sumó otra resolución que se refiere específicamente al llamado a consulta popular.
El propio letrado habló esta mañana en la 99.9 y explicó: “me sorprendí cuando vi que el Intendente quería hacer una consulta popular por la policía municipal. ¿A quién no le va a interesar tener más policía en la calle? Es un poco engañoso”. Después agregó: “me enteré que hay 1.500 policías en Mar del Plata; para una población de 900.000 personas no alcanza, a pesar de que pagamos los impuestos a la Provincia”.
Todos estos temas preocuparon a Scarímbolo, pero también algunos puntos relacionados con la votación del próximo 9 de junio: “me llamó la atención que sea una consulta no vinculante. Si es vinculante, obliga al funcionario al resultado de la votación; es decir que si es negativo no lo aplica. Molestar a todos los ciudadanos para preguntarnos esto cuando después el resultado no obligará al funcionario, deja de ser serio”, puntualizó.
Además, detalló que hay otras leyes que se deben respetar y que vician de nulidad absoluta la consulta. “Todos estamos sometidos a la Ley. La Constitución no es un papelito que se acomoda cuando uno quiere. En el artículo 39 se indica que ‘no serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a tributos’. Es decir que no se le puede consultar directamente a los habitantes si pagará o no tributo. Todo debe canalizarse por los partidos políticos. En la Provincia hay un régimen municipal que dice que se debe reunir, para aumento o creación de impuesto, un número igual a los concejales del Deliberante y con los otros 24 los mayores contribuyentes”.
Como si todos estos argumentos no fueran viables para quien ahora debe decidir la legalidad de la consulta popular, el abogado sumó un ítem más: “en el caso de la legitimación, el artículo 67 dice categóricamente que el Intendente no puede llamar a consulta popular; lo deben hacer las cámaras correspondientes. La Provincia, el Gobernador y la Legislatura son los únicos que podrían llamar a la consulta. Esto, sumado a que debe ser fiscalizado por una junta electoral con sede en La Plata e integrado por el presidente de la Corte Suprema. No se le puede ocurrir a cualquiera preguntar estas cosas”.
Con estos argumentos, Scarímbolo se presentó ante la Justicia esperando que se analice de forma debida el tema de la policía municipal. Además, pidió a los propios políticos que reclamen lo que corresponde: “hay que decirle al Gobernador que debe a la ciudad 80 millones de pesos de coparticipación y reclamar que lo pague. Nosotros somos los dueños de nuestros dinero. Estas personas son administradoras de nuestra plata”.
Por último, se quejó de las decisiones arbitrarias que se toman en algunos sectores, como en el caso del empleo público: “me enteré ayer que hay 9.000 empleados municipales, un empleado cada 100 habitantes. Esto es un retroceso, hay un exceso. Los funcionarios confunden la legitimación del voto popular con cualquier medida y límite sin escrúpulos”.